Susana Jiménez, economista senior Libertad y Desarrollo
Los debates dan para todo, incluidas las verdades a medias, los errores involuntarios y los engaños conscientes. Será que lo candidatos subestiman a sus electores o que piensan que con voz y actitud firme podrán convencer a los votantes de cualquier cosa.
El lunes tuvimos la oportunidad de escuchar las posturas de cuatro de los candidatos de la llamada Nueva Mayoría sobre temas diversos. Desde el público surgió la pregunta de cómo lograr un desarrollo energético sin dañar el medio ambiente, lo que dio espacio para oír diagnósticos y propuestas en esta importante materia. No faltaron los chascarros, donde se confundió la “carrera” con la “carretera” eléctrica o se amplió de miles a millones los mega watts, pero además quedó claro que el diagnóstico general no era compartido. Mientras unos advertían una situación de estrechez para los próximos años (Bachelet) e incluso no descartaron posibles cortes de luz para el año venidero (Velasco), otros minimizaron los riesgos tildándolos de “alarmistas” (Gómez).
En el área chica se escucharon varias afirmaciones y propuestas que vale la pena comentar. José Antonio Gómez, por ejemplo, enfatizó que el país cuenta con soluciones “a la mano” para cumplir con los requerimientos energéticos del país (interconexión, ERNC y ahorro energético). No obstante, ningún país en el mundo ha podido satisfacer sus demandas solo en base a lo anterior. Menos aún una economía en desarrollo como Chile que tiene el desafío de aumentar en más de un 50% su capacidad de generación al 2020. El Senador del PR fue a su vez crítico de la concentración del mercado (sin aportar antecedentes de que ello tenga efectos negativos per se), de la carbonización de la matriz (que podría revertirse de aprobarse proyectos hidroeléctricos a los cuales él se ha opuesto) y de la falta de normas más exigentes para la termoelectricidad (desconociendo que en Chile se aprobó en enero del 2011 una norma de emisión de gases contaminantes para centrales termoeléctricas cuyas exigencias alcanzan estándares europeos).
Michelle Bachelet, en tanto, adelantó su propuesta de elevar la meta de participación de las ERNC a 30 % al año 2030 (30/30), ignorando los problemas que tendría forzar una participación a gran escala de estas fuentes de generación (costos operacionales, necesidades de respaldo, encarecimientos de la energía, seguridad y calidad de servicio, etc.), que han sido precisamente los que han entrabado el proyecto 20/20 en el Congreso. La ex Presidenta justificó además la aprobación de proyectos en base a carbón durante su gobierno por la ausencia en ese momento de otras fuentes alternativas de generación, pero aseguró que gracias a la institucionalidad creada durante su administración estos proyectos ya no podrían ser aprobados. Lo anterior resulta difícil de defender, toda vez que la institucionalidad que evalúa los proyectos no ha sufrido mayores modificaciones, siendo en cambio mucho más relevante el haber aprobado, tras años de sopor, la norma que regula las emisiones de las centrales termoeléctricas, lo que se hizo durante el actual gobierno. Es esta norma la que, por lo demás, exigirá que centrales aprobadas con anterioridad deban readecuarse para cumplir con las nuevas exigencias medioambientales.
Por su parte, Claudio Orrego inició sus palabras diciendo que “Chile tiene la energía más cara, más sucia y más inestable de Latinoamérica”. Lo cierto es que nuestro país tiene una matriz que no es ni sucia ni inestable. Es verdad que hay algunos países latinoamericanos con mayor participación de energía renovable en su matriz, logro que han alcanzado gracias a la explotación de sus recursos hídricos, algo en lo que Chile está en deuda. En todo caso, y contrario a la consigna, Chile tiene una matriz comparativamente limpia que bien la quisieran los países que pertenecen a la OCDE con quienes solemos compararnos. El ex alcalde habló además de planificación, participación ciudadana, ERNC, royalty, compensaciones locales, evaluación ambiental e hidroelectricidad… demasiadas ideas para desarrollar siquiera alguna.
Por último, Andrés Velasco coincidió con la idea del 30/30 de Bachelet y planteó además la idea de un plan regulador a nivel nacional. Si bien esta idea parece concitar bastante acuerdo, cabría preguntarse si resulta conveniente que sea la autoridad central la que decida los usos más adecuados de los terrenos, pues introduce un alto grado de discrecionalidad que puede derivar en una asignación ineficiente de los recursos disponibles. Distinto sería promover que la autoridad contribuya al desarrollo de iniciativas privadas haciendo un levantamiento de información que permita evaluar de mejor manera la conveniencia de ciertas localizaciones por sobre otras, definiendo además áreas fiscales aptas para el desarrollo de proyectos energéticos.
Con todo, ningún candidato se mostró realmente preocupado por la estrechez energética que se avecina y la consecuente urgencia que tiene el país por sacar adelante proyectos de inversión de tamaño relevante en este sector. Es ahí donde uno hubiese esperado que surgieran propuestas y no que se siga encantando a la opinión pública con ideas fantasiosas.
