El fin de semana en un diario de circulación nacional, José Antonio Guzmán, presidente de AFP Hábitat, realizó un descarnado diagnóstico el Sistema de Pensiones chileno.
En lo que podríamos considerar un auténtico “mea culpa”, destacan las siguientes frases:
–Las AFP han transmitido una defensa corporativa, en vez de buscar soluciones a un sistema con cambios demográficos y económicos que ya cumplió 30 años.
–Una solución para mejorar el ahorro, es restringir el sistema de declaración y no pago.
–La principal causa de desprestigio de las AFP es que tengan utilidades cuando los afiliados pierden, aunque sea ocasionalmente, como ocurrió el 2008.
–El sistema de reparto es inviable en Chile.
Quisiera felicitar públicamente a José Antonio Guzmán, por la honestidad de sus palabras; sólo cuando asumamos la existencia del problema comenzaremos a buscar, de una vez por todas, la solución al problema de las pensiones indignas.
El problema del sistema de AFP es multidimensional, es decir, no basta con solucionar una variable, sino que debemos abarcarlo de tal manera que consigamos solucionar las siguientes problemáticas:
Aumento de la longevidad: Gracias a los avances de la medicina, estamos viviendo más años, por ende, que la esperanza de vida haya aumentado de 77 a 88 años, afecta al sistema. Lo razonable sería esperar que, en 20 años, la gente llegue a vivir más de 100 años.
Baja en la tasa de natalidad: Por los cambios culturales en torno a la familia, en Chile ha caído la tasa de natalidad, en consecuencia, el grueso de la población va camino a la vejez, lo que hace inviable reinstalar un sistema de reparto.
Precariedad del empleo: Nuestros abuelos tenían 1 o 2 empleadores en su vida laboral. Hoy en día, a causa de la globalización, los trabajadores tenemos al menos 6, lo que implica más períodos de desempleo y, por tanto, un mayor número de lagunas impositivas.
Evasión y elusión: Los empleadores se ahorran costos, a través de la evasión (declarar y no pagar) y la elusión (pagar menos imposiciones de común acuerdo). El Estado es el mayor responsable, considerando los miles de funcionarios que trabajan a contrato y a honorarios.
Desempleo en mayores de 60: Según la encuesta de desocupación de la Universidad de Chile, 6 de cada 10 adultos mayores de 60 años, están desempleados y perdieron la esperanza de encontrar trabajo.
Jóvenes retrasan el comienzo laboral: A causa de lo que podríamos llamar una ampliamente propagada “obsesión por tener título universitario”, los jóvenes ingresan a trabajar entre los 22 y 25 años, siendo que antes comenzaban a hacerlo a los 18 años.
Rentabilidades decrecientes: A nivel global, las rentabilidades vienen disminuyendo. Este factor es grave, un 1% menos de rentabilidad implica una disminución del 50% en la jubilación futura en 40 años.
El mayor inconveniente es que estas variables son exógenas, es decir, no se pueden manejar a simple arbitrio. Por eso tenemos que pensar diferente y buscar soluciones que planteen el peor escenario.
Imaginemos que, en 20 años, el chileno promedio trabaja 20 años, entre los 25 y los 45 años, la esperanza de vida aumenta a 120 años por los avances en salud. También asumamos que la tasa de natalidad sigue en caída, y las rentabilidades bajan a un 6% anual.
La única certeza, en un mundo con tales riesgos, es ganar ahorro entre los 0 y los 25 años. Si el Estado invierte en un bono de $1 millón por hijo nacido, directo en su cuenta de AFP, ganará 25 años de interés compuesto a un costo de US$500 millones al año, además será un costo decreciente por la caída en la natalidad. Si, a su vez, a partir de los 18 años, el Estado deposita $10.000 cada mes a quienes no se encuentren trabajando, con el fin de mitigar las lagunas, conseguiremos que, incluso en el peor escenario, la población ahorre un flujo constante sin lagunas.
Resumiendo, en el peor escenario, se jubilaría con $300.000 mensuales en el caso de un ama de casa que nunca trabajó. Si trabajara sólo 20 años, a un sueldo promedio de $600.000, se jubilaría con $600.000 a los 60 años.
El mayor problema hoy es que el subsidio del Estado totaliza US$11.100 millones de dólares (incluidas las F.F.A.A.), cifra que el 2018 crecería a US$14.000.
El gran desafío del sistema de capitalización individual es que evolucione para que, así, aún en el peor escenario, entregue una pensión digna con un costo menor para el Estado.
Para quienes aún sostienen que el sistema de reparto es una alternativa realista, aclaremos que, si bien eso podría cumplirse hoy, por el envejecimiento poblacional, el sistema colapsaría al 2060, con 2 trabajadores activos por cada jubilado, es decir, grosso modo, tendrían que descontar a los trabajadores el 50% del sueldo para que ese sistema sea sustentable.
Ojalá nuestros líderes sean previsores y se adapten hoy a esta nueva realidad, asumiendo el peor escenario demográfico. El primer paso, es mirar el problema a los ojos.
