Desde hace rato que el caso Cascadas no sólo se juega en la cancha administrativa propia de la investigación que lleva adelante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
De hecho, desde que la autoridad formuló cargos a Julio Ponce Lerou y su círculo cercano –compuesto principalmente por Roberto Guzmán y Aldo Motta–, las acciones judiciales se han multiplicado en los tribunales.
Hace pocas semanas, el estudio de abogados Pfeffer y Asociados –que representa a Motta– acudió al Tribunal Constitucional (TC) para cuestionar la coherencia con la Carta Magna de una norma que regula la forma en que la SVS lleva adelante el procedimiento contra los acusados. Y más recientemente, el mismo estudio pidió a la Corte de Apelaciones que el Consejo de Defensa del Estado deje de representar a la institución que lidera Carlos Pavez.
Pero la pelea a estas alturas ya es personal. El abogado de Motta, Germán Pfeffer, llegó hasta el Colegio de Abogados para atacar a Pavez directamente, cuestionando su labor al frente de la SVS en el marco de la conducción de la etapa probatoria, no así con el período anterior a Pavez, que lideró Fernando Coloma hasta marzo de 2014.
Finalmente, el Colegio, “luego de analizar la situación antes descrita y, en el entendido de que los hechos y documentos presentados son ciertos…”, acogió gran parte de los reclamos de Pfeffer y llamó a la SVS a que “adopten las medidas que sean procedentes”.
Ayer, a última hora, Pavez envió al Colegio de Abogados una dura respuesta, la cual es resumida en una carta a El Mercurio esta mañana. En ella trata en duros términos al gremio de profesionales, cuestionando el que no le hayan pedido su opinión, que hasta ahora no conozca los detalles del reclamo de Pfeffer y advirtiendo que el Colegio no tiene potestad para reclamar correcciones en la forma en que funciona la SVS en este caso.
La decisión del Colegio llega cuando las etapas probatorias de Motta, Julio Ponce y Guzmán avanzan y se acerca la fecha de una decisión final, en paralelo con el avance de las fechas de caducidad de las operaciones cuestionadas por la SVS.
Al mismo tiempo, Pfeffer se ha convertido en una piedra en el zapato para Pavez y la SVS, dada la cantidad de incidencias que ha presentado a nivel administrativo, en la Corte, en sede Constitucional y, ahora, ante un Colegio profesional.
Cabe recordar que el hermano de Germán, Francisco, fue por años el asesor principal de la SVS, con participación destacada en el caso caso Chispas y cuya relación concluyó el año pasado a propósito del caso Cascadas, pese a que Francisco tenía algunos casos a cargo aún.
Junto con ello, el Consejo General del Colegio tiene entre sus integrantes Jorge Bofill, abogado de Julio Ponce, principal implicado en el caso Cascadas. Sin embargo, fuentes vinculadas al abogado aseguran que el día que se tomó la decisión en el Consejo del Colegio no asistió, por ende, no votó.
Combos iban…
El 16 de junio de 2014, Pfeffer acudió al Colegio reclamando que la forma en que ha operado la SVS “le ha perturbado e impedido el derecho a ejercer la profesión de abogado en defensa de los derechos de su cliente”.
El abogado dijo que la forma en que le fueron afectados sus derechos como profesional consistió en citar de manera simultánea a testigos, impidiendo que ellos pudieran asistir a todas las rendiciones. O que la SVS dio instrucciones para rendir la prueba del caso, impidiendo a Motta decidir el mejor modo de materializar la defensa de su cliente.
El 10 de julio pasado, el Consejo General del Colegio decidió acoger el amparo del recurrente Pfeffer en tres de sus cuatro demandas. Lo hizo, según señala la comunicación enviada a Pavez el 22 de julio último, luego de analizar los antecedentes entregados por el representante de Motta y al considerar que “la actuación denunciada infringe los derechos a la debida defensa letrada de las personas, reconocidos por la Carta Fundamental”.
En su decisión final, el Colegio –a través de una carta firmada por su presidente subrogante, Arturo Alessandri Cohn– afirma que acogió el amparo en cuanto a las pruebas testimoniales paralelas y simultáneas “por considerar que tal medida constituye un obstáculo al desempeño del ejercicio profesional del abogado (Pfeffer)”.
También acoge el amparo en cuanto a la limitación ex ante de la duración de cada prueba testimonial y del tiempo de aclarar interrogaciones, como a la imposibilidad de realizar preguntas por parte de los interesados y la determinación de un número máximo de las mismas. Esto, dado que “(El Consejo) considera que dichas medidas vulneran el ejercicio profesional, puesto que no corresponde establecer limitaciones de ese tipo en forma previa a la rendición de prueba testimonial”.
Y también acoge el reclamo que cuestiona la decisión de la SVS de establecer la comparecencia de sólo un abogado por cada interesado. Esto, debido a que –según el Colegio– “obstruye el ejercicio profesional el no poder comparecer más de un representante en caso de estimarse conveniente o necesario para la mejor defensa de los intereses del cliente…”.
Combos venían…
Consultada la SVS sobre este caso, ayer derivó a este medio la respuesta enviada al Colegio de Abogados, donde refuta las acusaciones y ataca duramente su proceder.
En primer lugar, Pavez le recuerda al Colegio que no tiene potestad para hacer este tipo de planteamientos. “(…) La SVS no ejerce jurisdicción y sólo instruye procedimientos administrativos no contenciosos, por lo que no puede ser recurrida por el amparo en cuestión…”.
Sobre el amparo en concreto, Pavez ataca duro: “Con fecha 23 de julio del presente recibí el Oficio N°12 del Colegio de Abogados (NdR: con la decisión del Consejo General) sin que la Asociación Gremial bajo su presidencia haya tenido la deferencia de darme a conocer de la interposición del amparo profesional, el cual, como se lee de aquel oficio, fue presentado el 16 de julio de presente. Por el contrario, y a pesar que funcionarios de este Servicio solicitaron infructuosamente una copia de dicho amparo ello fue negado por personal de dicho Colegio, según dan cuenta correos electrónicos que obran en poder de este Servicio”.
Así las cosas, dice Pavez, el Colegio obró sin escuchar a la SVS. “Es así como el Consejo General del Colegio de Abogados conoció y resolvió tal acción en contra del Organismo que represento, sin que esta Superintendencia hubiera podido siquiera tener conocimiento de ella y, por ende, despojándose de la posibilidad de conocer los hechos que se imputaban, las pruebas que fundaban la interposición de dicho amparo y, más grave aún, sin que esta Superintendencia haya podido efectuar alegaciones o aportar elementos en contrario. En definitiva, sin posibilidad ninguna de defensa”, continúa el titular de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Con ello, la SVS ataca a la esencia del órgano que reúne a los abogados locales. “Este Servicio (la SVS) fue sometido a un proceso sin bilateralidad de audiencia ni posibilidad de contradicción, que por ende, no se ajustó a las más básicas normas de un debido proceso, lo cual es especialmente grave atendido que a partir de ello dicta instrucciones que se inmiscuyen en las labores de este Organismo y que escapan al ámbito de dicho Consejo”, afirma la autoridad, agregando que esta situación se hace evidente al constatar que en la propia resolución del Colegio se reconoce que analizaron la situación en el “entendido que los hechos y documentos son ciertos”.
Luego repara –con evidente ironía– en que, en las condiciones descritas, el Colegio de Abogados acordó una “representación que puede ser entendida como de cortesía u opinión, puesto que no proviene de incumplimiento de un cuerpo legal o normativo”, asumiendo que los hechos presentados por Pfeffer eran reales “sin procurarse tener seguridad de ello” y sin considerar que, dado que la SVS no ejerce jurisdicción, el amparo presentado por el Colegio no es válido. Con esto, continúa Pavez, resulta “imposible” saber qué antecedentes tuvo a la vista la entidad gremial para emitir su resolución.
Y aunque Pavez advierte que, pese a no haber sido considerado antes de que el Colegio resolviera, y a que el caso de Aldo Motta es reservado y, en consecuencia, no puede dar detalles de la investigación, sí se deja espacio para lanzar algunos datos reveladores de lo que, a juicio de la SVS, es un indicio claro de que el Colegio se equivocó al acoger el amparo de Pfeffer.
“Se puede informar a Usted que esta Superintendencia no ha programado pruebas testimoniales que se inicien a una misma hora, ni que eventualmente traslapen para testigos de un mismo formulado de cargos. Por otra parte, en el contexto del procedimiento seguido en contra del Sr. Motta, este Organismo ha efectuado aproximadamente 100 citaciones durante el período probatorio de aquel y de los procedimientos administrativos relacionados a éste, lo que representa un total de 225 horas programadas de pruebas testimoniales, debiéndose efectuar además, todo ello en un término probatorio el cual según la Ley 19.880 no puede exceder el plazo de 30 días hábiles”.
Explica Pavez que lo anterior ha implicado que se destine una parte importante de la dotación de la entidad a dichas labores, así como la asignación de diversos recursos materiales para el desarrollo de dichas pruebas. Y lanza una última daga contra Pfeffer: “Cabe agregar que en los registros de esta Superintendencia consta que el Sr. Germán Pfeffer se apersonó tan sólo una vez en las dependencias de esta Superintendencia, durante el desarrollo de procedimiento administrativo llevado contra el Sr. Aldo Motta”.
“Una vez más, desconociendo los hechos sobre los que se funda la representación comunicada, no es posible tener razón si aquello fue sopesado por el Consejo a la hora de tomar la decisión adoptada”, cierra en su argumentación Pavez.
Jaque Matte
Su comentario más duro, Pavez la deja para el final. En la despedida, no se guarda calificativos para referirse a la actuación del Colegio.
“Quisiera aclarar que el único objeto de lo señalado acá, es manifestar al Colegio la sorpresa que ha significado para este Organismo su Oficio N° 12–14 y la publicidad que se ha dado al mismo, el cual incluso ha sido referido en la prensa (NdR: El Mercurio, la semana pasada), publicidad que contrasta con el tratamiento privado con que se resolvió el amparo profesional en cuestión. De tal forma, resultaría pertinente que el Colegio de Abogados pudiera reevaluar sus procedimientos, de forma de darle la posibilidad a la parte requerida de, al menos, realizar sus descargos, evitando así que estas situaciones se repitan a futuro”.
