La acusación del implacable regulador de Wall Street (SEC, por sus siglas en inglés) contra Juan Bilbao y Tomás Hurtado Roerke se suma a la ya larga lista de escándalos del mercado chileno y vuelve a poner en entredicho su reputación como "hub financiero" de la región, razón que tiene a muchos de los líderes del mercado de capitales local con un ánimo enrarecido, una mezcla de rabia, decepción e impotencia.
Impotencia, porque en el mercado dan por hecho que en Chile no habría mayores efectos por la demanda de la SEC. Por un lado, ésta se concentra en instrumentos extranjeros (los ADS’s de CFR) y para algunos juristas el principio non bis in ídem anticipa que en el país la SVS no iniciará una investigación al respecto, menos la Bolsa. Esto, a pesar de que la sanción que eventualmente aplique la SEC no remedie a sus más probables afectados: los inversionistas chilenos.
Esto, debido a que las compras de ADS’s de CFR efectuadas con información privilegiada por Bilbao y Hurtado –como acusa la SEC– se habrían gestado por ventas de acciones chilenas. Los ADS’s son títulos financieros representativos de acciones de una empresa. No se transan en bolsa, sino en un mercado extrabursátil (over-the-counter u OTC), por lo tanto, no se compran ni venden sobre una plataforma en que existen dos puntas activas, sino que hay que “tocar la puerta” de un inversionista para negociar. “Sobre los ADS’s no hay información, porque como no hay un mercado en línea, nadie sabe cuándo se transan estos papeles. Son transacciones privadas”, explica un corredor, lo que justifica la escasa liquidez de estos instrumentos.
Por lo mismo es que, cuando un inversionista recurre a un broker en EEUU queriendo comprar ADS’s de una empresa chilena, el intermediario –a través de acuerdos de corresponsalía en Chile, si es que no tiene presencia en ambos mercados– compra títulos en la bolsa local para luego convertirlos y venderlos como ADS al inversionista interesado.
Eso fue lo que habría ocurrido en este caso. Bilbao, a través de CG Compass –afiliada a Compass Group de Chile– como intermediario en EEUU, le compró a brokers con corresponsalía acá las acciones chilenas de CFR convertidas en ADS’s, lo que abre no sólo una difícil interrogante respecto del perjuicio económico para inversionistas locales, sino sobre la participación de las corredoras locales en el esquema.
Las operaciones en Chile y el peso BTG Pactual
Durante el período en que Bilbao se hizo de estos instrumentos, las corredoras que más compraron acciones chilenas fueron BTG Pactual, principalmente, y LarrainVial, en menor medida. La primera –que entre sus socios tiene al actual presidente de la Bolsa de Comercio, Juan Andrés Camus– destaca con distancia en el protagonismo de transacciones con acciones de CFR en el período denunciado por la SEC, esto es, entre el 12 de marzo y el 7 de mayo de 2014.
Nadie sabe a ciencia cierta el destino de estas acciones y nadie tampoco sugiere que las dos corredoras líderes del mercado local eran parte del esquema del ahora ex presidente de Consorcio.
Según registros de Bloomberg, entre el 12 de marzo (el primer día que Hurtado inicia la compra de ADS para Bilbao y más tarde para él mismo) y el 31 de marzo de 2014, se transaron 80,7 millones de acciones de CFR. BTG representó el 61% de las compras de dichas acciones y la siguió desde lejos LarrainVial con el 26% de las transacciones. En particular, Bilbao realizó una compra de 200 mil ADS’s en EEUU el 12 de marzo, por US$ 3,9 millones. Como cada ADS equivale a 100 acciones CFR en Chile, dicha compra representó 20 millones de acciones CFR. El mismo 12 de marzo en la bolsa local se transaron 20,02 millones de acciones de la farmacéutica en Chile. Casi el 100% de ellas las realizó BTG.
Durante abril se transaron otros 106 millones de acciones, de las cuales el 54% las intermedia BTG y un 15% LarrainVial. Entre el 2 y el 7 de mayo (el último día que Hurtado ordena compras de ADS de CFR) se negociaron 18 millones de acciones CFR en Chile, siendo BTG y BCI los principales corredores, con un 24% y 23% del total, respectivamente.
Lo cierto es que las transacciones de acciones en Chile no tuvieron gran variación en sus montos mensuales hasta que se conoce el acuerdo de Abbott y CFR el 16 de mayo, excepto por abril, donde pasa de un rango de 102 a 112 millones de acciones transadas mensuales en enero, febrero y marzo, a más de 188 millones en abril.
En todo caso, cercanos a BTG advirtieron con claridad que su rol fue de intermediario de las operaciones y que no conocen la intencionalidad de los clientes.
Más allá de no conocer el interés detrás de la orden, las corredoras también efectúan arbitrajes con papeles que se transan tanto en Chile como en mercados extranjeros. En este caso, al conocer la demanda de compra de un inversionista en EE.UU. por los ADS’s, las corredoras que compraron podrían haber arbitrado sobre estos títulos.
El arbitraje significa mover títulos de una bolsa a otra cuando hay diferencias de precio y, por lo mismo, cuando el precio demandado en Nueva York es mayor que el que se está transando en Santiago, los compran en Chile y los venden en EEUU. “Ésta es una actividad obvia y necesaria para que haya precios que reflejen la oferta y demanda global cuando un título transa en más de un mercado”, explica un connotado ejecutivo de la plaza, quien agrega que, usualmente, cuando la demanda en EE.UU. es mayor, los corredores de allá solicitan a los corredores locales que compren acciones y las transformen en ADR o ADS.
El potencial perjuicio a minoritarios
La oficina del District Attorney de EE.UU. (Fiscalía) es el organismo que decidirá si ejercerá o no acciones penales contra Bilbao y Hurtado. La SEC busca que, por lo menos, se restituyan los US$10 millones de utilidades que habría obtenido el primero de estos y los US$ 500 mil del segundo. A eso hay que sumarle las multas que, usualmente, son tres veces lo ganado en forma ilícita, por lo que Hurtado terminaría pagando US$ 30 millones adicionales a lo que tiene que devolver.
En Chile, los minoritarios que pudieron haber vendido acciones a un comprador que tenía información privilegiada podrían ver restituido su capital. “Toda persona perjudicada por actuaciones que impliquen infracción a las disposiciones del presente Título (de información privilegiada), tendrá derecho a demandar indemnización en contra de las personas infractoras. La acción para demandar perjuicios prescribirá en cuatro años contado a partir de la fecha en que la información privilegiada haya sido divulgada al mercado y al público inversionista. Las personas que hayan actuado en contravención a lo establecido en este Título, deberán entregar a beneficio fiscal, cuando no hubiere otro perjudicado, toda utilidad o beneficio pecuniario que hubieren obtenido a través de transacciones de valores del emisor de que se trate”, dice el artículo 172 de la misma Ley de Mercado de Valores.
Está por verse si las AFP, entre otros institucionales que eventualmente pudieron verse afectados con las ventas de CFR, tomarán riendas del asunto. Es cosa de tiempo, creen algunos, y de la investigación ya iniciada por la SVS.
Las AFP Cuprum, Habitat y Provida fueron las únicas que entraron a la propiedad de CFR en mayo de 2011 cuando la firma se abrió en Bolsa. La extraña presencia marginal de las administradoras fue objeto de rumores y cuestionamientos a la forma en que se hizo la operación, donde Consorcio tuvo una presencia masiva en la compra de acciones, al igual que Bilbao y el propio Tomás Hurtado, quien vendió sus papeles al día siguiente de realizada la apertura en Bolsa, ganando $30 millones en pocas horas.
Hasta el cierre de febrero de 2014, las gestoras de fondos tenían el 0,92% de CFR, equivalente a 77,4 millones de acciones, las que al precio de ese momento tenían un valor total de US$15 millones. En marzo se reduce la presencia en 3,5 millones de acciones, en abril baja otras 7,5 millones de acciones, acumulando, a esa altura, la venta neta de 10 millones de acciones y quedándose con el 0,8% de la empresa.
En mayo venden un saldo que las deja con 63 millones de acciones de CFR o el 0,75% de la propiedad, aunque no necesariamente son equivalentes las ventas de las gestoras con las compras en el exterior, dado que Bilbao y Hurtado sólo compraron hasta el 7 de mayo. En cualquier caso, si las AFP vendieron a las corredoras que luego arbitraron para la conversión de acciones en ADS’s y, posteriormente, fueron vendidas a Bilbao y Hurtado, podrían reclamar –o estar obligadas a demandar por su deber fiduciario– perjuicios por parte del ex director de CFR por uso de información privilegiada.
Algo similar podría hacer Moneda, que curiosamente tiene como socio a Consorcio (con el 16% de la propiedad de la firma que preside Pablo Echeverría), aunque en forma más marginal. Su fondo estrella, Pionero, tenía 105,106 millones de acciones CFR al cierre de febrero de 2014. En marzo no modificó su presencia en la propiedad y en abril vendió casi 2 millones de acciones –las que no necesariamente pudieron haber llegado en forma de ADR en EE.UU.–, mientras que en mayo no mueve su participación.
Cercanos a Moneda explicaron que ellos entraron en el IPO de CFR y que desinvirtieron en la compañía en el período de OPA, tendencia que venía viéndose desde antes de las negociaciones entre CFR y Abbott.
La silenciosa investigación de la SVS y la posible infracción a la Ley de Mercado de Valores
“Como Bolsa de Comercio de Santiago condenamos las malas prácticas que pueden afectar el normal desarrollo del mercado. Sin embargo, las responsabilidades son personales y no corresponde generalizar respecto a las instituciones”, reiteró ayer Juan Andrés Camus, a través de una declaración pública, insistiendo en lo que ya había expresado el lunes a El Mostrador Mercados, pero además reiterando que la responsabilidad de esta investigación le compete a la SVS.
“Cualquier investigación referente al eventual uso de información privilegiada, u otras materias propias del mercado de valores, donde las personas investigadas no son ejecutivos ni directores de ninguna corredora de la Bolsa de Comercio de Santiago como es este caso, corresponde expresamente a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) como autoridad fiscalizadora del mercado de valores”, dijo al respecto la autoridad bursátil.
La SVS pidió ayer información a las corredoras de bolsa por las transacciones realizadas en CFR durante julio de 2013 y noviembre de este año. Conocida la demanda de la SEC, el juicio del mercado sobre la labor de la SVS fue generalizadamente crítico, pues dicho oficio sería una reacción al trabajo del regulador de EE.UU., pero lo cierto es que ya venía viendo el tema desde hacía unas semanas, siempre en silencio.
Cuando se anunció el 16 de mayo el acuerdo por concretar una OPA entre CFR y Abbott, el regulador pidió a las dos compañías que informaran los detalles de la operación, sus asesores financieros y legales, desde cuándo comenzaron las tratativas, cómo se financiaría la operación, detalles de sus gobiernos corporativos y cómo quedaría estructurada la sociedad, con el fin de evitar un perjuicio para accionistas minoritarios.
Esa fue la gestión inicial y, hasta el último oficio enviado a las corredoras, existen otras diligencias reservadas por parte de la SVS, según explican en el mercado. De hecho, la instrucción emitida ayer a las intermediarias podría servirle para ratificar cálculos y/o análisis internos.
Más allá de la información privilegiada que denuncia la SEC, hay otros artículos a la Ley de Mercado de Valores en Chile que se habrían infringido. El artículo 12 establece que tanto las personas que posean el 10% de una sociedad, como los directores, liquidadores, ejecutivos principales, administradores y gerentes de una sociedad, “deberán informar a la Superintendencia y a cada una de las bolsas de valores del país en que la sociedad tenga valores registrados para su cotización, de toda adquisición o enajenación que efectúen de acciones de esa sociedad. Igual obligación regirá respecto de toda adquisición o enajenación que efectúen de contratos o valores cuyo precio o resultado dependa o esté condicionado, en todo o en parte significativa, a la variación o evolución del precio de dichas acciones”.
Al parecer, de lo que se deduce de la información revelada por la SEC, Bilbao nunca informó su posición en la compañía a través de los ADS’s adquiridos con la ayuda de Hurtado. Dichas compras se notaron en la conformación de la tabla de accionistas de CFR. A fines de 2013, los tenedores de ADS’s, representados por The Bank of New York Mellon, tenían 630 millones de acciones CFR o un 7,49% de la empresa.
Al cierre de marzo de 2014, en cambio, cuando Bilbao ya había adquirido 392.675 ADS’s –equivalentes a 39,27 millones de acciones (por las que pagó US$ 7,9 millones)– la posición de los tenedores de ADR sube a 7,92% de CFR y un total de 666,48 millones de acciones, es decir, más de 36 millones de acciones respecto de tres meses antes.
Según ejecutivos conocedores del mercado, la mayor parte de esa alza en la posición de los tenedores de ADR, estaría dada por la compra de ADS que hicieron sólo en ese mes Hurtado y Bilbao y que no informaron a la SVS. Adicionalmente, entre abril y mayo, Bilbao adquiere otro paquete de papeles que le permiten alcanzar los 707.222 ADS’s, equivalentes a 70,7 millones de acciones CFR.
Lo único que tenía informado Bilbao a la Superintendencia y el mercado eran los 36,7 millones de acciones que tenía directamente en CFR y que había adquirido como parte de la apertura en Bolsa de la empresa en 2011. En rigor, incluyendo los antecedentes indicados por la SEC, Bilbao, al 7 de mayo al menos, poseía más de 106 millones de acciones, lo que le permitía tener el 1,2% de CFR. La SVS sólo sabía de la existencia de un tercio de su presencia en la farmacéutica de la familia Weinstein, de la cual Bilbao era director.
