No cabía un alfiler ayer en la mañana en el Salón Montt-Varas de La Moneda. Ministros, parlamentarios, dirigentes políticos, empresarios, asesores, estaban todos sonrientes y aplaudieron con efusividad tanto el discurso como el momento en que la Presidenta Michelle Bachelet finalmente firmó el proyecto de reforma laboral que el 5 de enero debe empezar su tramitación. Pero tras de esa imagen hay claros vencedores y derrotados después de meses de innumerables reuniones, gestiones, presiones y negociaciones.
Es unánime en el oficialismo señalar que los dirigentes empresariales son los grandes derrotados, principalmente –recalcaron algunos– porque desaprovecharon la oportunidad de sumarse y mostrar una actitud diferente, más aún cuando en el proyecto hay guiños bastante importantes y solicitados por ellos, como la adaptabilidad pactada. Trataron de lograr una postergación de la reforma laboral para el próximo año apelando a un posible impacto negativo que profundice la desaceleración económica, los últimos quince días desplegaron una arremetida pública y comunicacional, muy en el estilo de la presión que se ejercía en la década de los 90 para torcer la mano gubernamental, que no logró mermar los ejes centrales y emblemáticos de la agenda laboral: titularidad sindical, eliminar el reemplazo de trabajadores en huelga, establecer el piso de la negociación colectiva.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz fue uno de los pocos empresarios que asistió a la ceremonia de ayer, pero dijo que su "presencia responde a que ha sido una invitación de la Presidenta de la República y, por tanto, eso es un acto republicano (…) no quiere decir que nosotros con el proyecto de reforma anunciado y que se va a enviar no tengamos serias y profundas discrepancias (…) no va por el camino correcto en orden a que no se preocupa de los problemas de todos los trabajadores. Sólo está preocupado de ver cómo le damos más atribuciones y más espacios a la dirigencia sindical”.
No todos piensan igual, el empresario Roberto Fantuzzi –quien ha tenido una relación de diálogo permanente con el Ministerio del Trabajo– afirmó que su gremio “cometió el error de criticar anticipadamente, sin siquiera esperar a conocer el proyecto” y agregó que esas son las actitudes que contribuyen “al desprestigio” de los empresarios. En ese contexto, se entiende una de las frases con las que la Mandataria cerró ayer su discurso: “Quiero hacer un llamado a informarse y no mirar con prejuicios este conjunto de medidas. Invitar a todos los sectores a sumarse a un debate constructivo, para que logremos los acuerdos que sean necesarios para que Chile tenga relaciones laborales modernas, que le permitan a su economía seguir creciendo sanamente”.
La Alianza tampoco salió victoriosa. Lleva días acusando a La Moneda de actuar por miedo al Partido Comunista, la Central Unitaria de Trabajadores, insistiendo que esta reforma es a la medida del presidente del PS, Osvaldo Andrade, sin lograr introducir argumentos de fondo y, más aún, quedando públicamente una vez más en la vereda de defensa de los intereses empresariales, un perfil que muchos en la propia Alianza afirman que es el camino errado para que el sector salga del mal momento político que atraviesa.
También sufrieron un revés todos aquellos que en su momento se jugaron y trataron de postergar la reforma laboral para otro momento. Sabido es que el principal exponente de esa opción fue en su momento el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, tratando de recuperar –aseguraron en el Gobierno y la Nueva Mayoría– en parte su alicaída imagen ante el empresariado, luego de las heridas que le dejó la tramitación de la reforma laboral. Incluso, durante noviembre hubo un intenso despliegue comunicacional desde el Gobierno, precisamente para tratar de levantar un perfil político de Arenas que reforzara su capacidad de conductor de las negociaciones de la reforma laboral.
En el oficialismo se afirmó que hubo un momento en que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, también se inclinó por esa alternativa, aunque nunca fue explícito públicamente, pero sí ha cumplido hace unos meses el papel de fortalecer el diálogo con el empresariado, como interlocutor en las sombras.
En el oficialismo hay quienes agregan, a la lista de los derrotados, al vicepresidente de la CUT, Arturo Martínez (PS), porque en el marco de las pugnas internas de la multisindical, comentaban que la apuesta del dirigente era un debilitamiento de la actual presidenta, Bárbara Figueroa. Durante los últimos meses, la líder comunista fue criticada desde la misma organización sindical, por el papel excesivamente oficialista que tuvo, lo que implicó que la voz de la Central no se hiciera sentir a cabalidad y en el oficialismo se reconocía que Figueroa hipotecó su capital político al aceptar sin discusión la propuesta del Gobierno sobre salario mínimo, a cambio de la reforma laboral.
Si La Moneda no cumplía su palabra con la CUT, si la reforma era excesivamente suavizada y terminaba solo como un saludo a la bandera, explicaban que Martínez habría tenido piso y argumento para debilitar a Figueroa internamente y cuestionar su posible reelección.
Todo eso fue en las semanas en que la reforma tambaleó en el seno del Gobierno, se quería postergar o al menos no incluir temas emblemáticos como el piso de negociación. Nada de eso sucedió, al contrario, Figueroa ayer circulaba sonriente y satisfecha por La Moneda y desde la propia CUT reconocían que “se salvó, esta reforma es de verdad”.
Por lo mismo, la presidenta de la CUT es vista como una de las principales vencedoras de este proceso, no solo por el contenido en sí de la reforma, sino también porque reafirmó su liderazgo interno en la multisindical. “Nosotros como CUT nos sentimos profundamente orgullosos de haber sido protagonistas de este debate, de haber logrado no sólo que se cumpliera un compromiso de Gobierno, que es valioso, sino que se hiciera a nueve meses de llegado este Gobierno (…) recuperar el derecho a huelga efectivo, sin reemplazo, ni descuelgue es una demanda anhelada por décadas".
Dado el papel protagónico que desempeñaron la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, y el timonel PS, Osvaldo Andrade, todos estos meses y a la luz de la alianza estratégica que ambos sellaron para desplegar un trabajo político coordinado que garantizara arribar a un proyecto como el que ayer firmó Bachelet, ambos se suman a los vencedores de la jornada.
Andrade puso todo su capital político sobre la mesa, ante Arenas, al insistir semana tras semana en el seno del comité político acerca de la importancia de no aplazar la reforma laboral, al asesorar silenciosamente a la ministra Blanco, dada su experiencia en el mismo Ministerio, y dar apoyo a todo el equipo técnico PS que cumple funciones en el Ministerio del Trabajo.
La ministra, en tanto, es vista en la Nueva Mayoría como uno de los puntos fuertes del gabinete. Afirman que mostró buen manejo, capacidad de diálogo en este proceso, rapidez para no repetir errores de sus pares, como el caso de Educación y Hacienda, y que es evidente –le reconocieron en el PC– que “ha tomado este tema con vocación, con alma para jugarse en que efectivamente lo que se esperaba es lo que se concretó”.
Durante todos estos meses en que han rondado los rumores de un cambio de gabinete, Blanco ha sido siempre señalada como una de las cartas que la Presidenta Bachelet estaría barajando para enrocarla y ponerla en un Ministerio más político, no solo por la buena evaluación que obtiene en las encuestas públicas sino que, además, por el manejo acertado que ha hecho en Trabajo.
No son pocos los que opinan que este no es el momento para mover a Blanco y que lo más acertado sería que La Moneda decidiera mantenerla en el Ministerio del Trabajo hasta que la reforma laboral sea aprobada y despachada por el Congreso, para asegurar así que la agenda llegue a buen puerto.
En la ceremonia de ayer, Bachelet dio un discurso que no pasó inadvertido. Dijo que por “desconfianzas” y ataduras del pasado estaba pendiente esta reforma laboral, agregó que “para algunos nunca llega el buen momento” para hacer los cambios que se requieren, que el proyecto apunta a “la confianza y mutua cooperación”, que uno de los objetivos es que los trabajadores logren mejorías y no solo mantener los beneficios ya adquiridos, que es un tema que “va más allá de la ideología” y destacó que “cuando hay más equilibrio en el diálogo todas las voces pesan lo mismo y así se construye legitimidad”.
Por estas razones recalcó que con esta agenda laboral el Gobierno está haciendo “lo correcto”, “lo inteligente” y que lo “está haciendo a tiempo”.
Hubo dudas en su momento respecto a que Bachelet sucumbiera a las presiones de postergar la agenda, pero en noviembre las despejó después de la reunión de Cerro Castillo con su comité político el día 21 de ese mes, cuando, al concluir la cita, se anunció la reforma laboral como una prioridad y que sería presentada a fin de año, como era el compromiso.
“Es una buena señal para el país, es bueno cuando un Gobierno cumple sus compromisos y aquello con lo cual fue electo y nosotros nos sentimos satisfechos. Todos aportamos, pero sin duda uno reconoce la voluntad del Ejecutivo (…) en esto, sí, creo que sí, la Presidenta se la jugó”, afirmó ayer Figueroa.