Así como cambia el mundo y nuestro país, la actitud de los chilenos con respecto a ciertas cosas también ha cambiado. La teoría de la evolución propone que quien no se adapta a los cambios, sencillamente no sobrevive. La prueba fehaciente es el tristemente célebre caso de Kodak, el cual ilustra de manera casi pedagógica cómo quien lidera alguna determinada industria puede prácticamente desaparecer si no reacciona a tiempo ante nuevos escenarios.
Así es como, si antes no teníamos idea y hasta nos provocaba indiferencia la idea de interiorizarnos en el tema de nuestros fondos de AFP, hoy en día parecen ser cada vez más los ciudadanos que han tomado conciencia sobre la importancia de los mismos y los mecanismos a través de los cuales pueden proteger e incrementar los ahorros para su jubilación.
Una industria que el 2002 anunciaba con bombos y platillos la creación de los Multifondos y con ello la posibilidad de que cada usuario del sistema eligiera su nivel de riesgo (al elegir en cuál de los Multifondos invertir sus ahorros), parece haberse visto superada a los pocos meses de que la ciudadanía comenzara a ocupar este legítimo derecho.
Recordemos que, junto con la creación de los Multifondos, se traspasó el riesgo a las personas, disminuyendo al mínimo las garantías en caso de que nuestros ahorros sufrieran pérdidas a raíz de malas inversiones por parte de las AFP. Curiosamente, algunos de los cambios graduales más significativos en esta línea se realizaron a comienzos del 2008, sólo meses antes de la traumática crisis subprime acontecida ese año; crisis en la que millones de chilenos perdimos hasta un 40% de los ahorros recaudados durante toda una vida de trabajo. Era de esperar que, luego de semejante pérdida, surgiera alguna reacción por parte de los cotizantes. Y así fue.
Desde hace un par de años, los usuarios del sistema de AFP hemos ido adquiriendo una participación activa en la administración de nuestros fondos de pensión: mientras algunos decidieron quedarse de manera permanente en el Fondo E, evitando exponerse al riesgo, hubo quienes concluimos que lo óptimo era, además de protegerse ante eventuales “riesgos sistémicos”, aprovechar también cuando las bolsas estuvieran al alza. Con el paso de los meses, cada vez fueron más las personas que comenzaron a cambiarse de Fondo, logrando cifras históricas de movimientos en masa.
Aparentemente, con el fin de desincentivar estos cambios de fondo, las AFP comenzaron a dificultar este tipo de operaciones. Caídas en sus sitios web, demoras excesivas en hacer efectivos los cambios de Fondo, la exigencia de crear nuevas claves, la aparición de cuadros con rentabilidades mal calculadas y ningún cuestionamiento al respecto por parte de la autoridad, son sólo ejemplos de cómo el sistema pareciera velar por intereses personales en lugar de cautelar el bienestar de la sociedad en su conjunto.
En otras palabras, si los usuarios del sistema queremos hacer valer nuestro derecho a elegir en qué fondo estar, las AFP y la Superintendencia de Pensiones tienden a burocratizar los procedimientos al respecto, pero cuando se trató de traspasar el riesgo de pérdidas a las personas o de cerrar nuestra página web, www.felicesyforrados.cl (hecho que ocurrió a pocos días del nacimiento de nuestro proyecto), el sistema funcionó con efectiva rapidez.
Existen dos derechos fundamentales que los trabajadores tenemos y deben ser respetados: el Derecho de Libertad y el Derecho de Propiedad. El primero se aplica en este caso a la libertad absoluta que poseo para cambiar mis ahorros al Fondo que estime conveniente cuando yo quiera. El Derecho de Propiedad sustenta que los ahorros para mi vejez son “míos” y me permite exijir que se haga lo que yo diga con ellos, cuando lo estime conveniente. Es válido cuestionarnos si estos derechos efectivamente han sido respetados durante los últimos cambios de Fondo.
Surgen así dudas sobre el verdadero objetivo de este sistema: ¿no se supone que fue creado para mejorar nuestras pensiones? A ratos pareciera haber sido creado para dar estabilidad al sistema financiero.
Las AFP son simples administradoras de nuestro dinero, a las cuales damos la orden de cuándo y a que fondo invertirlo; recordemos que ellas no son propietarias ni del 0,01% de nuestro capital.
Otro aspecto fundamental es la transparencia. La superintendenta de Pensiones, Solange Berstein, proclamó, en junio del año pasado, las medidas que se tomarían para “mejorar” los cambios de fondo masivos, mencionando lo siguiente: “No se contempla ningún tipo de acción para restringir la libertad que tienen los afiliados para cambiar sus ahorros previsionales de un fondo determinado a otro”.
Acaso las constantes caídas de los sitios web de las AFP cuando se realizan cambios de fondo masivos, peticiones de cambio de claves al momento de realizar los mismos, la exposición de cuadros con rentabilidades poco claras, atrasos de incluso 17 días en hacerse un cambio de fondo, ¿no son acciones que restringen la libertad de los cotizantes?, ¿Quiénes deberían defendernos ante estos eventos? La Superintendenta, en su obligación como fiscalizadora, es quien debería tomar cartas en el asunto y de una vez por todas decidirse a velar por el bienestar de los cotizantes.
Además dio a conocer, en la misma conferencia, tres medidas entre las cuales figuraba lo siguiente: “Informar a los usuarios al momento en que realicen un traspaso, cuál ha sido la rentabilidad obtenida con los cambios y la rentabilidad de los fondos de pensiones en el transcurso de un año”.
Por medio de nuestros más de 100.000 usuarios y a través de la propia experiencia, hemos sabido que las AFP entregan cuadros de rentabilidad en los que comunican supuestas pérdidas de los ahorros a causa de los cambios de Fondo, cuando en realidad gracias a estos cambios las personas han tenido ganancias según el cálculo realizado a partir de sus mismas cartolas. ¿Bajo qué parámetros realizan su cálculo?, ¿dónde están los datos para verificar que sea correcto?
¿A quién recurrir si los fiscalizadores se alinean con aquellos a quienes debieran fiscalizar? La situación es insostenible. Es hora de que la Superintendencia vele claramente por el bien común y no por los intereses de la industria.
