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El Gobierno entra en el negocio de la telefonía móvil


Después del desembarco en el petróleo a través de la nacionalización de YPF, el Gobierno puso un pie en el mundo de las telecomunicaciones , uno de los pocos sectores estratégicos de la economía que permanecían ajenos a su presencia directa.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció ayer que el Estado se quedará con «casi 25%» del espectro radioeléctrico destinado a prestar servicios de telefonía celular (el más rentable del sector de telecomunicaciones), que según estaba previsto quedaría en manos de empresas privadas a través de una licitación. Según informó el ministro, el Estado asignará esas frecuencias a la empresa estatal Arsat (Argentina Satelital) , una firma especializada en redes de telecomunicaciones que se convertirá en el cuarto jugador del sector, junto a Claro, Movistar y Personal (Nextel opera el servicio por radio).

De acuerdo con la explicación que dieron analistas a LA NACION, el desembarco final no será inmediato ni barato. En el primer caso, debido a que un plan de infraestructura bien orquestado para tender una red de tercera generación (3G) en el país permitiría comenzar a prestar servicios sólo en un año y medio. Y en segundo término, debido a que la inversión rondaría los US$ 2000 millones.

«Se ha decidido dejar sin efecto el proceso de selección y rápidamente evaluar los mecanismos e instrumentos técnicos y legales necesarios para que esas frecuencias sean asignadas a Arsat», sostuvo De Vido, sobre la resolución 70 de la Secretaría de Comunicaciones, a cargo de Lisandro Salas, que estuvo en el anuncio.

La aplicación de esa norma arrojará que en el área metropolitana de Buenos Aires Arsat tendrá un 22% del espectro, un 20,5% en la Patagonia y Cuyo y un 17,5% en el Nordeste y el Noroeste. Ese ranking lo seguirá dominando Telefónica, con un 29%, seguida por Telecom (Personal), con un 27%, y Claro, con 23 por ciento.

El consultor Enrique Carrier remarcó que hasta el momento el Gobierno «no tiene una porción de mercado. Para eso es preciso desarrollar una red, es decir, todo lo que transporta las telecomunicaciones. Hasta ahora sólo tiene una porción del espectro». Y Marcelo Celani, especialista en regulación y competencia de la Universidad Di Tella, fue tajante con respecto a otro punto: «Creo que se están equivocando y comprando un problema. Si realmente no consiguieron un instrumento de competencia, la empresa pública no es la solución», sostuvo.

El ministro puso en entredicho el futuro de las dos líderes del mercado. «En el caso de Telecom y Telefónica, vamos a seguir trabajando para resolver el tema de integración monopólica que nos preocupa», aclaró, en relación con la compra de una porción de Telecom Italia (accionista de la empresa local) por Telefónica de España. Y no dio precisiones con respecto a inversiones, socios ni plazos, aunque remarcó que habrá lugar para la «participación de cooperativas y pymes del interior».

De acuerdo con Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones, esas organizaciones cubren como máximo «un 10% de la población», por lo que no alcanza para conformar una red nacional.

De Vido tampoco descartó asociaciones con los grandes prestadores del servicio, que quedaron fuera de una compulsa luego de al menos 9 postergaciones. Las empresas esperaban conocer a los precalificados el 17 del actual y 14 días más tarde iniciar la licitación. En una de esas compañías reconocieron que estaban preparados para ganar o perder, pero no para una salida distinta.

El funcionario dedicó una parte importante de su presentación a justificar por qué las compañías privadas quedaron afuera. En el caso de Telecom, lo adjudicó a la «famosa integración monopólica» con Telefónica, mientras que Claro era la única empresa con «posibilidades patrimoniales y financieras para hacerse cargo de las frecuencias. Pero eso hubiera generado también un proceso de concentración».

Superphone, vinculada al grupo Vila-Manzano, «tampoco tenía condiciones de financiamiento», dijo De Vido, al igual que Multitrunk, con el apadrinamiento del grupo Roggio.

El caso más resonante es el de Nextel, que no tiene prestación de servicios 3G. De acuerdo con De Vido, los indicadores a nivel local «eran razonables». Pero lamentó que el precio de la acción «en el mercado norteamericano de Nasdaq sufrió una significativa caída en el último año, coincidente en el transcurso del proceso licitatorio». En el mercado apuntaron que la compañía facturará este año unos US$ 600 millones, mucho más que los US$ 100 millones de patrimonio neto que pedía la compulsa.

LOS NÚMEROS DE LA DECISIÓN

Cómo quedará el mercado de telefonía móvil.

  • US$ 2000
    millones
    Es el monto de inversión estimado que debería desembolsar el Estado para tener su propia red de telefonía 3G y así valorizar su porción del espectro radioeléctrico.
  • 22%
    del espectro en AMBA
    Es lo que tendrá Arsat en la zona de la Capital y el Gran Buenos Aires, la más codiciada por el negocio. Su menor participación será en la Patagonia y Cuyo (17,5%), mientras que Telefónica seguirá dominando el mercado, con un 29% a nivel nacional.
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