MERCADOS
El organismo antimonopolios inició una investigación para revisar los alcances de una resistida norma emitida el año pasado por el Gobierno, la cual establece límites para la producción del salmón, pero que beneficiaría a empresas de gran tamaño en perjuicio de las más chicas. Se espera que el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, acuda a la FNE para explicar la resolución, mientras que en las últimas semanas varios actores de la industria han ido a la Fiscalía a declarar. El caso también se discute en la Corte de Apelaciones. [ACTUALIZADA: Ver N de la R al final de la nota]
La industria salmonera está tensa y dividida. Esto luego de una polémica resolución del Gobierno que establece nuevos límites de producción para el sector, norma que ha dejado satisfechas a algunas empresas y en pie de guerra a otras.
Esto porque, tal como publicamos en octubre, el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Pesca, emitió una norma que -como todos los años- establece densidades de cultivo para la industria, aunque con una gran diferencia: el límite estará fijado por el nivel de producción del ejercicio anterior.
La resolución gatilló que algunos actores presentaran recursos de reposición en contra de esta medida, los cuales no prosperaron, hasta que la pugna escaló hasta la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
La FNE ya inició un proceso con tal de revisar la legitimidad del marco propuesto por el Gobierno, pues uno de los aspectos más discutidos en la industria es que, de alguna forma, la norma establece una regulación de mercado arbitraria que favorece a determinadas compañías en perjuicio de otras, pudiendo afectar la libre competencia.
Desde la industria sostienen que, principalmente, son las empresas extranjeras y algunos actores chilenos los que estarían en contra de la última resolución de Subpesca, mientras que las grandes firmas de capitales locales respaldan las cuotas que propone el Gobierno.
En las últimas semanas han acudido varios ejecutivos a prestar declaraciones en la incipiente investigación de la Fiscalía, y se espera que Eduardo Riquelme, subsecretario de Pesca y Acuicultura, acuda al organismo.
Hasta ahora la Subsecretaría ha rechazado los distintos recursos que buscan impedir la entrada en curso de la norma, tanto de empresas privadas como de Acotruch, asociación que agrupa a los productores de salmón y trucha. Sin embargo, en paralelo el conflicto escala en otras esferas.
En noviembre, Invermar, empresa relevante del sector, llegó hasta la Corte de Apelaciones para presentar un recurso de protección en contra de la medida, alegando que «se determinaron en forma totalmente ilegal y arbitraria las densidades de cultivo de salmónidos de los concesionarios acuícolas».
En noviembre del año pasado, dicha compañía presentó un documento de 50 páginas ante la Corte. «Establecer un limitante de la producción sin justificación legal no es acorde a la economía y al sistema legal de Chile. Asimismo, importa una discriminación arbitraria al tratar de forma distinta a diversos entes de la misma industria, favoreciendo aquellos que se encuentran en otras regiones. Por otro lado, la resolución importa una verdadera barrera de entrada, que perjudica a quienes quieran acceder a la industria», decía.
El criterio que explica los niveles de densidad de cultivo establecidos por el Gobierno apelan a mantener estándares sanitarios adecuados en la industria del salmón, un asunto delicado considerando las crisis que ha atravesado esa industria, precisamente por no haber tomado esos resguardos.
Según el Gobierno, el nivel de producción de una empresa incide directamente en las calificaciones de bioseguridad. Según su análisis, «es conocida la consecuencia del aumento de centros operando y del aumento de biomasa en cultivo en presentación de diferentes enfermedades de alto riesgo», decía entre sus razones para justificar la resolución. Es que para la autoridad, la regulación vigente ha sido deficiente y es fijando este tipo de cuotas una buena forma de evitar el riesgo de ingresar más peces al agua y proteger el bien público, garantizando la sustentabilidad de la salmonicultura.
El dilema es que si bien las empresas no se oponen a fijar regulaciones que apunten hacia elevar medidas sanitarias, sí creen que el razonamiento del Gobierno es equivocado, ya que solo se basó en el elemento productivo y no en la «densidad» de la producción, problema que precisamente la Subpesca busca corregir.
En este sentido, según se desprende del recurso de protección que puso Invermar en noviembre pasado, «la nueva regulación impuesta por la Subpesca perjudica a quienes tienen un desempeño más eficiente y pone en una situación desventajosa a las empresas que tienen pocas concesiones, respecto de las que tienen más en una misma Agrupación de Concesiones (ACS o “barrios”), aunque sean más ineficientes. Lo anterior debido a la consideración y consagración del elemento productivo, que no tiene relación con la bioseguridad. Lo anterior, se configura en una vulneración al derecho de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución».
«La Resolución se fundamenta en supuestos problemas sanitarios y de bioseguridad para justificar la modificación que se propone, sin embargo, de lo expuesto en el presente escrito se puede observar que la modificación va enfocada única y exclusivamente al concepto ‘producción. Lo que se castiga es el aumento de la producción y no el desempeño sanitario. Por lo que, desde ya, no es válida esa justificación», dice el recurso.
Según la información que se tiene dentro de la industria, hay 13 empresas a favor del reglamento y 9 en contra.
Las que se oponen serían Cermaq, Aquachile, Los Fiordos, Marine Harvest, Invertec, Salmones Aysén, Caleta Bay, Cupquelan, Salmones Magallanes, Antártica, Friosur, Salmones de Chile y Salmones Ice Val.
Quienes sí estarían de acuerdo con la norma del Gobierno serían Multiexport, Australis, Camanchaca, Blumar, Salmones Austral, Ventisqueros, Tornagaleones, Nova Austral y Yadrán.
N de la R: posterior a la publicación de esta nota, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, envió una carta al director.
