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El futuro titular de Justicia de Brasil, Flávio Dino, dijo que los campamentos montados por grupos de bolsonaristas frente a los cuarteles para pedir un golpe militar que impida la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva se convirtieron en incubadoras de terroristas y tienen que ser desmontados. Aún sin asumir, el presidente electo ya se ha visto obligado a ofrecerle concesiones a los influyentes partidos de centro, algo a lo que tendrá que acostumbrarse para lograr el apoyo de un Congreso en su mayoría opositor al Gobierno que inicia el 1 de enero.
Flavio Dino, designado por Lula como ministro de Justicia del Gobierno que asumirá el 1 de enero, manifestó su preocupación con los campamentos de los seguidores más radicales del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tras la detención de un hombre que había intentado detonar un artefacto explosivo en Brasilia y al que se le incautó un arsenal en su vivienda.
El hombre, arrestado en la noche del sábado acusado de haber intentado detonar un explosivo en el aeropuerto de la capital de Brasil, admitió integrar el grupo de «bolsonaristas» que está acampado frente al cuartel general del Ejército en Brasilia para pedir un golpe de Estado que impida el regreso de Lula al poder.
«Los graves acontecimientos del sábado en Brasilia comprueban que los tales campamentos ‘patriotas’ se convirtieron en incubadoras de terroristas», afirmó el futuro ministro de Justicia, que es senador electo por el estado de Maranhao y un importante aliado del líder progresista.
Dino afirmó que algunas medidas vienen siendo tomadas y serán ampliadas, «con la mayor velocidad posible», para neutralizar el peligro generado por tales grupos.
Sin embargo, lamentó que algunas autoridades federales, dependientes directamente del líder ultraderechista, han sido omisas frente a esta situación, y advirtió que «también tienen que actuar ante esos crímenes políticos».
«Las investigaciones sobre el inaceptable terrorismo prosiguen», agregó Dino, quien adelantó que le solicitó al comisario al que nombrará como director general de la Policía Federal en el futuro Gobierno que mantenga contacto con las autoridades para estar al tanto de los avances.
«No hay pacto político posible y no habrá amnistía para terroristas, sus apoyadores y financiadores», advirtió.
La desactivación de un artefacto explosivo que había sido colocado dentro de un camión cisterna de transporte de combustibles y el hallazgo del arsenal en la casa del acusado de armar la bomba ocurrieron a solo ocho días de la investidura de Lula y generaron temores sobre posibles actos violentos durante la toma de posesión.
En la vivienda del acusado fueron hallados dos escopetas, un fusil, dos revólveres, tres pistolas, centenas de municiones, uniformes camuflados y cinco emulsiones explosivas usadas en minería y similares a la que equipaba el artefacto que fue desactivado.
Pese a que la Policía de Brasilia inicialmente no citó ninguna amenaza ni sospechas de un posible atentado el 1 de enero, cuando Lula asumirá su tercer mandato como presidente de Brasil, el hecho fue comunicado al equipo de transición del líder progresista, que ya ha manifestado sus temores por la seguridad durante la investidura.
Al acto de posesión del líder y fundador del Partido de los Trabajadores han confirmado asistencia al menos 17 jefes de Estado o de Gobierno, entre los cuales el rey de España y los presidentes de Alemania, Portugal, Argentina y Uruguay.
Con promesas de participación en el gabinete, así como de liberar recursos para los legisladores, el líder progresista consiguió el respaldo de los grandes partidos de centro que no lo apoyaron en las elecciones para aprobar esta semana una enmienda constitucional vital para su gestión.
La iniciativa garantizó dinero en el presupuesto de 2023 para financiar los subsidios a los pobres, el aumento del salario mínimo, inversiones en educación y salud y otras promesas que el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) hizo durante la campaña electoral.
La enmienda obtuvo el respaldo de 331 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados y de 63 de los 81 senadores gracias al apoyo decisivo del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), del Partido Social Democrático (PSD) y de Unión Brasil, tres formaciones con importantes minorías y que no apoyaron a Lula en las elecciones.
La iniciativa obtuvo incluso el voto de 37 de los 56 diputados del Partido Progresistas (PP), formación de derechas que apoyó al presidente Jair Bolsonaro en las elecciones, pero que se acercó a Lula después de que prometiera respaldar la reelección del actual presidente de la Cámara baja, Arthur Lira.
Tras la inédita aprobación en tiempo récord de una propuesta de un presidente aún sin asumir, el dirigente socialista reafirmó su intención de negociar la inclusión en la coalición oficialista de las formaciones de centro y de derecha que no lo apoyaron en las elecciones, pero tampoco a Bolsonaro.
«Es la primera vez que un presidente comienza a gobernar antes de asumir el mandato. Muchos partidos que no son de la coalición oficialista apoyaron el proyecto. Por eso tenemos que acoger a fuerzas que no nos apoyaron», afirmó.
El respaldo mayoritario para su propuesta con la ayuda de los partidos de centro fue una muestra de la habilidad de Lula para negociaciones políticas y de que no tendrá grandes dificultades para lidiar con un Parlamento en su mayoría opositor siempre y cuando les ofrezca concesiones, coincidieron analistas consultados por EFE.
«Nunca podemos dejar de considerar que Lula ya tuvo ocho años de Gobierno con una configuración del Congreso muy parecida. Por lo que todo indica y por la velocidad con que la enmienda fue aprobada, el apoyo en el Parlamento no será problema», dijo a EFE Marco Antonio Carvalho Teixeira, analista de la Fundación Getúlio Vargas.
«Para garantizar ese apoyo, obviamente la composición del Gobierno deberá incluir a los partidos de centro», agregó.
El líder del PT será rehén de estos partidos debido a que el Congreso elegido en octubre y que asumirá en febrero será aún más conservador que el actual, con el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro con las mayores minorías en ambas cámaras (14 senadores y 99 diputados).
Los diez partidos que apoyaron al expresidente en las elecciones tan solo tendrán 139 de las 513 sillas en la Cámara baja, por lo que Lula dependerá de los 190 diputados de los cuatro partidos de centro con los que negocia una alianza para alcanzar mayorías.
La necesidad de acomodar en su Gobierno a tantos aliados obligó a Lula a anunciar un gabinete con 37 ministerios, 14 más que los de Bolsonaro.
De los 16 ministerios que aún no ha anunciado, el líder progresista negocia ofrecerle tres al MDB (Medio Ambiente, Ciudades y Transportes), dos al PSD (Agricultura y Minas y Energía) y uno al Unión Brasil (Integración Nacional).
«Si los bolsonaristas no consiguen elegir en las presidencias de Senado y Cámara a un férreo adversario de Lula y el presidente consigue mantener el respaldo del centro, las relaciones con el Congreso serán tranquilas en su cuatrienio», dijo Teixeira.
El analista aclaró que el apoyo parlamentario también dependerá de la coyuntura política y de que Lula consiga mantener el apoyo de la opinión pública. «Si el Gobierno se desgasta muy rápidamente, ese desgaste tendrá reflejos en la relación con el Congreso», concluyó.
