Opinión
Al Gobierno de Boric le puede y le debe ir bien, para que a Chile le vaya bien. El aprendizaje exprés del primer año ya empieza a mostrar algunos frutos, en términos de discurso, actitud, humildad –esta generación política ha asumido el Gobierno bajo el signo de la arrogancia y el desprecio por sus antecesores–, apertura al diálogo, y comprensión por el rol del sector privado; en fin, “otra cosa es con guitarra” y el Presidente y el Gobierno lo saben. Gobernar se hace cada vez más difícil en el mundo entero, pero en Chile existen recursos políticos, institucionales y económicos para hacer las cosas bien, enfrentar la crisis de seguridad, poner el crecimiento en marcha, e impulsar una agenda social sobre la base de concesiones recíprocas entre Gobierno y oposición, en sede parlamentaria.
Chile no se está cayendo a pedazos. El Gobierno no está en el suelo. Hay que evitar las declaraciones altisonantes, especialmente en la derecha y algunos medios de comunicación, entre apocalípticas y catastrofistas. Nada bien le hacen a Chile.
Siempre he apostado a que a los gobiernos democráticamente electos les vaya bien, para que a Chile le vaya bien. Fui presidente de la Democracia Cristiana durante los cuatro años del primer Gobierno del Presidente Piñera. Nadie puede negar que fuimos un partido de oposición, pero de una oposición crítica y constructiva.
Soy opositor al Gobierno del Presidente Boric (por primera vez en mi vida anulé mi voto en la última elección presidencial) y hace algunos meses renuncié a mi militancia en el PDC, el partido de toda mi vida (le deseo lo mejor). Pero es mi deseo también que al Gobierno le vaya bien, para que a Chile le vaya bien.
Es cierto que esta generación política, la del Frente Amplio, no estaba preparada para gobernar, qué duda cabe. El Gobierno le llegó a destiempo, anticipadamente. Al PDC le tomó 29 años (desde 1935, en que nace la Falange Nacional) prepararse y llegar al poder. Al PS le tomó 37 años y, si tomamos el momento en que la directiva de Raúl Ampuero asumió la dirección de la colectividad (1946), con su definición de partido de clase y de la revolución, entonces le tomó 24 años llegar al poder. Al Frente Amplio, en cambio, le tomó solo algunos años. Sus dirigentes pasaron de dirigir la protesta social en la calle, como líderes estudiantiles (2011 y los años siguientes), con algunas posiciones en la Cámara de Diputados, a dirigir los destinos de la nación. Qué duda cabe que no estaban preparados para gobernar.
Pero así es la vida y así es la política. En medio de una crisis, la ciudadanía confió los destinos de la nación a esta nueva generación política, aliados al PC, en torno al Apruebo Dignidad. Si bien esa fórmula fue derrotada en primera vuelta –sus dirigentes harían bien en recordarlo y asumirlo–, con un 25% de los votos (Kast sacó 27%), la incorporación del Socialismo Democrático en la segunda vuelta presidencial y la adopción de un programa de gobierno de corte reformista y socialdemócrata escrito por Roberto Zahler, Andrea Repetto y Eduardo Engel, permitieron la elección de Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial con un 56% de los votos (enfrentado a la candidatura de la extrema derecha). Esa fue la fórmula que resultó ganadora en la segunda vuelta, permaneciendo como minoría en el Parlamento (aun si sumamos los parlamentarios del Frente Amplio, el PC y el Socialismo Democrático).
Conforme a la teoría de los “anillos” formulada inicialmente por los jóvenes dirigentes del Frente Amplio, al Socialismo Democrático le debía corresponder una posición subordinada. Sin embargo, al poco andar, el Socialismo Democrático asumió una postura hegemónica (hegemonía definida como dirección moral e intelectual, conforme a la clásica definición de Antonio Gramsci), de minoría dirimente y no de minoría subordinada. La incorporación de Mario Marcel como ministro de Hacienda –el resorte principal de la máquina– ya mostraba un instinto reformista y socialdemócrata (instinto que a Gabriel Boric no le hizo asco en la segunda vuelta electoral).
Después vino lo que sabemos: tras la estrepitosa derrota de la opción del Apruebo (38%) el 04/09 –el Gobierno puso todos los huevos en la canasta del Apruebo y se la jugó por entero por dicha opción en los primeros seis meses de su gestión–, el Presidente Boric, haciéndose cargo de la nueva realidad e introduciendo una profunda rectificación, incorporó al Socialismo Democrático en un rol protagónico. Este ya no solo controlaría la gestión económica del gabinete a través de Mario Marcel, sino también la gestión política a través de Carolina Tohá, como ministra del Interior (ambos del ADN de la Concertación). Como si fuera poco, el último cambio de gabinete con la incorporación de Alberto Van Klaveren en RR.EE. y de Jaime de Aguirre en Cultura, vino a consolidar la posición hegemónica del Socialismo Democrático al interior del gabinete.
Y el Presidente Boric entiende tan bien todo lo anterior que fue el principal hacedor de todos los cambios descritos, en su calidad de Presidente de la República.
¿Cómo se suplió entonces la falta de experiencia del Frente Amplio, una generación política que no estaba preparada para gobernar? A través de un rápido proceso de aprendizaje y adaptación, especialmente en torno al tema de seguridad, que se tomó la agenda pública. No había lugar para titubeos, prejuicios o medidas dilatorias. El Apruebo Dignidad (PC y FA) tuvo que tragarse diez años de retórica y se sometió a la nueva realidad, a través de un verdadero reload: el término lo acuñó Osvaldo Andrade, presidente del PS, en el Gobierno de la Nueva Mayoría. El reload se hizo evidente tras el radical cambio de gabinete de la Presidenta Bachelet en mayo de 2015, en que cambió al jefe político del gabinete, Rodrigo Peñailillo (PPD), y al jefe económico, Alberto Arenas (PS), y los sustituyó por Jorge Burgos (DC) y Rodrigo Valdés (independiente-PPD), en la fase del “realismo sin renuncia”, destinado a tranquilizar al PC en momentos en que este, en su XXV Congreso de 2015, discutía si seguía o no en el Gobierno. Burgos y Valdés –y todo el equipo económico, incluyendo al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes (DC), y al subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco (DC)– terminaron por renunciar a sus cargos, pero esa es harina de otro costal.
Volviendo a la actualidad, el Gobierno de Boric se encuentra en una fase de rectificación y adaptación con una agenda que procura hacerse cargo de la crisis en el ámbito de seguridad, que ha copado la agenda pública.
Recordemos que, en los primeros días de este Gobierno, tan pronto asumiera el Presidente Boric, y por expresas instrucciones de él mismo, el Ministerio del Interior se desistió de 139 querellas criminales por Ley de Seguridad Interior del Estado, dando una clara y contundente señal de impunidad –recordemos también que el Presidente Allende indultó en sus primeros días a un conjunto de “jóvenes idealistas”; dos de ellos, los hermanos Rivera Calderón, pertenecientes a una organización de extrema izquierda conocida como Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), asesinaron a Edmundo Pérez Zujovic el 8 de junio de 1971–. Finalmente, el 30 de diciembre, el Presidente Boric indulta a 13 condenados por delitos en el contexto del estallido social –declarando que “estos son jóvenes que no son delincuentes”– y al exfrentista Jorge Mateluna, condenado, entre otros, por un asalto a un banco en 2013. En síntesis, el Gobierno partió con una clara señal de impunidad y terminó el año con otra señal de impunidad, mientras el tema de la seguridad se desataba, frustrando de paso la Mesa de Seguridad en la que con tanto ahínco trabajaba la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Pero todo esto es pasado. Pasemos ahora al lado claro de la luna, porque sostengo que, a pesar de todos los errores, Chile no se está cayendo a pedazos y el Gobierno no está en el suelo. Hay recursos políticos, institucionales y económicos que le debieran permitir al Gobierno –y el país, que es lo que verdaderamente importa– salir adelante.
Por de pronto, en Chile no hay una crisis económica, hay un ajuste económico –doloroso, como siempre son los ajustes en este plano, pero necesario–. Un Gobierno de izquierda, que como todo Gobierno de izquierda en América Latina tiene la tentación del populismo, ha resistido esa deriva, asumiendo una política de ajuste económico que apunta a la responsabilidad fiscal y el control de la inflación para, desde esa posición, asumir el desafío del crecimiento. El liderazgo del ministro Marcel en este ámbito es indispensable y cuenta con el decidido apoyo del Presidente Boric. Hemos tenido el primer superávit fiscal en muchos años –Mario Marcel es el autor intelectual de la regla fiscal adoptada bajo el Gobierno del Presidente Lagos–, la inversión extranjera fluye –en el extranjero existe una evaluación de este Gobierno y del país, en general, muy superior a la que se percibe en Chile–, existe un claro compromiso en términos de no superar el 40% en el ámbito de la deuda pública –el Gobierno de Lagos la dejó en 5%–, existe una fina sintonía en materia fiscal y monetaria –bajo el liderazgo de Rossana Costa–; a pesar de todo, se aprobó el TTP-11 y la actualización del tratado con la Unión Europea, Chile presenta enormes ventajas en materia de litio, energías renovables e hidrógeno verde, lo que requiere de un claro liderazgo estatal, en un esquema de colaboración público-privada como ha sido confirmado una y otra vez y hasta la saciedad por parte del Gobierno. En fin, no hay crisis económica, las cuentas están básicamente ordenadas, y hay una trayectoria de convergencia en una serie de ámbitos, partiendo por la política fiscal y monetaria, todo lo cual cuenta con el reconocimiento de los actores internacionales, junto a un gran dinamismo empresarial interno (las fugas de capitales de las primeras horas de incertidumbre van quedando atrás).
Por su parte, a nivel gubernamental existe un Comité Político de gran nivel. A la participación de Tohá y Marcel, debe sumarse la de Camila Vallejo y Jeannette Jara, ambas PC, ambas brillantes, muy políticas, y grandes comunicadoras. Súmele la reciente incorporación de Álvaro Elizalde como ministro secretario general de la Presidencia, y estamos ante un elenco de primer nivel –solo falta que la ministra Antonia Orellana, muy inteligente, asuma que no desempeña un cargo sectorial, por muy feminista que sea, ella y el Gobierno, sino un cargo político, debiendo desempeñar, junto con el ministro Jackson, un rol más activo en la relación y articulación del Gobierno con el Frente Amplio, que es donde se notan las principales fisuras–.
Lo que ocurre es que el tema de seguridad ha copado de tal manera la agenda pública, que estos temas escasamente se aprecian. Súmele a todo lo anterior la buena imagen que existe en el exterior sobre Chile y el propio Presidente –que los actores internacionales claramente distinguen de Alberto Fernández, Gustavo Petro o AMLO–, y la incorporación de Van Klaveren, que navega como pez en el agua en las relaciones exteriores y el ministerio del ramo, y no está ahí tampoco el problema. A propósito, en defensa de Antonia Urrejola y del Presidente Boric hay que decir también que ambos han sido perfectamente consistentes en materia de derechos humanos y defensa de la democracia, sin doble estándar, condenando situaciones que otros gobiernos de izquierda no se atreven a condenar (como la de Nicaragua).
Y pasamos entonces al tema de la oposición. Después del gran liderazgo mostrado por Javier Macaya (UDI) en 2022, en el ámbito constitucional –se la jugó como el que más por la participación de la derecha en el Acuerdo por Chile y el proceso constituyente en marcha–, la derecha está a punto de cometer un error de proporciones: revivir la fatídica política del “desalojo”, que es lo último que Chile necesita. Frente a la amenaza de José Antonio Kast y Republicanos, y Franco Parisi y el Partido de la Gente, la derecha del Chile Vamos está a punto de entrar en una verdadera crisis de pánico. El rechazo de la idea de legislar en torno a la reforma tributaria y las mil formas de dilación en materia de reforma previsional, están llevando a la derecha a una política confrontacional y destructiva del mismo calibre que tuvo la actual generación del Frente Amplio y el PC frente al último Gobierno de Piñera.
Así no se construye Chile, así se destruyen las reservas morales, políticas, institucionales y económicas que tiene nuestro país para hacer frente a la crisis en el ámbito de seguridad y, en general, el tremendo deterioro de la convivencia y desprestigio de la política y los políticos. La derecha tiene que decidir si se dispone a tirar el mantel, o a construir los acuerdos que Chile necesita –los empresarios, históricamente vinculados a la derecha, harían bien en transmitir una voz de sensatez frente a sus representantes políticos en los partidos y el Parlamento–. La derecha está a punto de negarle “la sal y el agua” al Gobierno, y nada bueno puede surgir de esa política.
Lo primero es definir, por parte del Gobierno, una Carta Gantt, con sus metas, tiempos, prioridades, y responsabilidades. A mi juicio, lo más importante –en la perspectiva estratégica del mediano y largo plazo– es plantearse la necesidad de la aprobación, por una amplia mayoría, de una nueva Constitución. Ella llevaría la firma de Gabriel Boric como Presidente de la República. ¿Qué más importante y significativo para el Gobierno que su Presidente, en su calidad de jefe de Estado más que de jefe de Gobierno, desde el punto de vista de su proyección, estampe su firma en la Constitución del siglo XXI? Es cosa de mirar a los personajes y estatuas de la Plaza de la Constitución, del frontis de La Moneda, con Arturo Alessandri y Patricio Aylwin, este es un país constitucionalista y el Presidente Boric tiene que hacerse eco de esa historia y de esa tradición. Si es cierto que ”estamos parados sobre hombros de gigantes”, entonces aquí está la gran oportunidad para demostrar que esa es más que una frase y que nace de una convicción. Si la gran prioridad en el corto plazo es el tema de seguridad, en una perspectiva de mediano y largo plazo la aprobación de una nueva Constitución es la llave maestra. Ahora sí que el Gobierno tiene que jugársela por el Apruebo, pero con altura de miras, convocando al Gobierno y a la oposición para resolver de una vez por todas el tema constitucional.
Lo segundo es sumergirse, como tarea del conjunto del Gobierno y del Estado, en el tema de la seguridad, sin complejos, ni prejuicios. Hay que crear de una vez por todas el Ministerio de Seguridad Pública, dictar toda la legislación que sea necesaria, resistiendo las inercias y el populismo penal, con seriedad, pero con sentido de urgencia. Hay que coordinar a policías, fiscales y jueces con tecnologías de última generación y comprometer al conjunto de la ciudadanía (seguridad ciudadana) en esa tarea. No deja de ser una paradoja que este vaya a ser el Gobierno que haya aprobado la legislación más represiva de los últimos 30 años, pero así es la vida, y así es la política: a este Gobierno le tocó bailar con la fea, y está muy fea, horrible, tanto que da miedo.
Lo tercero es asumir, sin complejos, una “agenda pro crecimiento”. Fue lo que hizo el Presidente Lagos en 2002-2003, cuando el país aún no se recuperaba de la crisis asiática, y el crecimiento estaba estancado. En aquel entonces mandató al ministro de Hacienda para que lograra un acuerdo con Juan Claro, presidente de la CPC, para avanzar en una “agenda pro crecimiento”, que incluyó nombrar a Vittorio Corbo como presidente del Banco Central. El país se fue para arriba y Lagos terminó con un 72% de aprobación. El Presidente Boric tiene todos los equipos para acometer esa tarea, basta con que dé la instrucción. Esto incluye el pacto fiscal y la reforma previsional, se trata de un crecimiento inclusivo apuntando a un desarrollo sustentable, con litio, energías renovables e hidrógeno verde, con economía color “turquesa” (verde y azul) si se quiere, pero agenda pro crecimiento, al fin y al cabo, porque lo cierto es que el país lleva casi una década de estancamiento.
Lo cuarto, y ciertamente no menos importante, es la calidad de la política y la capacidad del Gobierno para ordenar sus filas. Los parlamentarios del Frente Amplio ya se están yendo por la libre, y hasta el PC muestra fisuras internas. Un poco de “centralismo democrático” no le haría mal al Frente Amplio y al Apruebo Dignidad. Los ministros del Comité Político debieran asumir, como una de sus tareas prioritarias, la coordinación estrecha y permanente con los partidos y parlamentarios de las dos coaliciones de gobierno. La agenda de seguridad empieza a aprobarse con votos de la derecha y la oposición, más que de las coaliciones oficialistas. Eso no puede ser. La próxima gran prueba es la del sexto retiro: el Presidente Boric debiera dejarles en claro a los parlamentarios oficialistas que el que vota en favor de ese retiro, vota en contra del Gobierno y del Presidente.
En fin, hay muchos otros temas, pero hay que priorizar. Uno de los temas es el de la salud, al Gobierno está a punto de estallarle en las manos el tema de las isapres, que es mucho más que las isapres. Si caen las isapres –ya deben $ 500.000 millones a los prestadores privados–, no solo se afecta a sus tres millones de afiliados, sino que tiene un efecto en cadena que incluye al Fonasa, que ya está semicolapsado con las listas de espera y la falta de especialistas. Para qué decir el tema de la educación, que debiera ser la prioridad número uno de una generación que nació a la vida pública alrededor de dicho tema. Hay que dejar las consignas de lado y dar lugar a políticas públicas de calidad. La reactivación educacional es un buen punto de partida y permite convocar a la pública y privada.
Raya para la suma, al Gobierno de Boric le puede y le debe ir bien, para que a Chile le vaya bien. El aprendizaje exprés del primer año ya empieza a mostrar algunos frutos, en términos de discurso, actitud, humildad –esta generación política ha asumido el Gobierno bajo el signo de la arrogancia y el desprecio por sus antecesores–, apertura al diálogo, y comprensión por el rol del sector privado; en fin, “otra cosa es con guitarra” y el Presidente y el Gobierno lo saben. Gobernar se hace cada vez más difícil en el mundo entero, pero en Chile existen recursos políticos, institucionales y económicos para hacer las cosas bien, enfrentar la crisis de seguridad, poner el crecimiento en marcha, e impulsar una agenda social sobre la base de concesiones recíprocas entre Gobierno y oposición, en sede parlamentaria.
