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Créditos: Agencia Uno
En medio de las investigaciones del Ministerio Público sobre el Caso Convenios, varios gobiernos regionales están bajo escrutinio debido a convenios con fundaciones sin fines de lucro. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), ha sido mencionada por haber flexibilizado las transferencias directas y reducido las exigencias para acceder a fondos. Simultáneamente vuelve a ponerse el foco en el ministro Giorgio Jackson, debido a un cambio de criterio en el Consejo de Auditoría del Estado-dependiente de la Segpres- para no reportar transferencias a terceros. Este cambio se llevó a cabo en la época en que Jackson era el jefe de la Secretaría General de la Presidencia.
En medio de las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre el Caso Convenios, hay muchos gobiernos regionales que están en la mira a partir de una decena de convenios celebrados con fundaciones sin fines de lucro. Con ello, también ha salido a la superficie el nombre de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), dado que ella fue quién habría flexibilizado la burocracia de las transferencias directas y “le bajó la vara” a las exigencias que tenían las fundaciones para obtener fondos. Una nueva arista que abre un otro flanco al Gobierno dado al rol clave de la jefa de la Dipres, a su cercanía con Giorgio Jackson y con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
En agosto del año pasado, en el Teatro del Lago, en Frutillar, el Presidente Gabriel Boric celebró la gestión de Martínez: “Creo que el acuerdo que acaba de firmar la Directora de Presupuesto, que yo sé que no le gusta ser protagonista de estas cosas, pero que ha hecho una tremenda pega, y te felicito Javiera, porque sé también que hay muchos que dudaban en el momento cuando decidimos que una persona joven asumiera este desafío, es tremendamente importante”.
El Presidente advirtió que el cambio administrativo era “muy árido”, pero recalcó que “va a tener un impacto en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, de los pueblos, de las localidades que cada uno de nosotros representamos”. Entre las definiciones que llevó adelante Martínez fue darle mayores atribuciones a la Gobernaciones sobre más de 40 programas e instrumentos en los ámbitos de desarrollo productivo, desarrollo cultural y social y ordenamiento territorial.
Además, y aquí el problema que ahora enfrenta el Gobierno, es que eliminó el requisito de 2 años que debían tener las fundaciones sin fines de lucro para adjudicarse recursos. Ahora, las fundaciones que se adjudicaron millonarios fondos y que no tenían experiencia en el rubro, son focos de investigación.
El principal rostro del caso Democracia Viva, Daniel Andrade, dejó una evidencia -en su entrevista con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión- la facilidad con que estas fundaciones se adjudicaban millonarios fondos en las mas diversas materias sin mayor experiencia comprobada: “Yo no debí acceder a eso porque no teníamos la experiencia en la parte de construcción. Pero se me dijo que así funcionaba y que estaba en regla y así lo hacían otras fundaciones. Lo hacen todas las fundaciones, no solo Democracia Viva”.
Además, se abre una arista que podría constituirse como la línea más directa que toca al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Según reveló La Segunda el 24 de junio de 2022 hubo un cambio de criterio por parte del Consejo de Auditoría del Estado, órgano liderado por Daniella Caldana y dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, cuando Jackson era el líder de la cartera. En el cambio de criterio, por ejemplo, dictaba no reportar transferencias a terceros. Vale decir que no dejaba trazabilidad de los fondos.
