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Un informe detectó diversas deficiencias en los estados financieros de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). “Lo que hay es falta de información administrativa de años anteriores, no corresponde al periodo actual”, aseguró Alejandra Pizarro, directora nacional de ANID.
La directora nacional de Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Alejandra Pizarro, descartó este sábado que haya “corrupción” al interior de la entidad, luego de un informe de Contraloría.
Una auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República (CGR) detectó diversas deficiencias en los estados financieros de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), ex Conicyt, a cargo de supervisar los proyectos Fondecyt y la entrega de Becas Nacionales y Becas Chile, informó radio Cooperativa.
El análisis concluyó que, entre otras falencias, el organismo estatal no gestionó el cobro de 46.197.426.161 pesos, que corresponden a transferencias efectuadas a entidades públicas y privadas entre 2018 y 2022, parte del periodo durante el cual estuvo encabezado por la actual ministra de Ciencias, Aysén Etcheverry.
Asimismo, la agencia tampoco mantuvo control ni registro que identificara a los beneficiarios de las becas de estudios de posgrado, el estado de la beca, su monto, la fecha de término y el cumplimiento de los convenios.
“El informe de Contraloría es bastante extenso en tiempo y también en una muestra, porque corresponde al periodo 2018-2022, y eso abarca el periodo en donde era Conicyt todavía, el periodo donde estuvo dirigiendo la ministra Echeverry, y cierra con el 2022”, señaló Pizarro a El Mostrador.
Destacó además que las observaciones que encuentra la Contraloría en este sentido refieren a un periodo también marcado por la pandemia, así como la escasez de recursos de Conicyt en cuanto a personal y soluciones tecnológicas.
El tema abarca las becas que es una política pública que lleva 35 años, con unos 37.900 becarios que han sido financiados tanto en el país como en el extranjero, y que “ha tenido un impacto como política pública bien importante”.
“Sin embargo, cuando se le entrega a Conicyt, tiene un historial que viene de las becas BPR, que son las de Presidente de la República, que venían de Mideplan, y algunas becas que están relacionadas con el antiguo Conicyt. Esas becas que son antiguas son las que tienen carencia de información. No es que no tengan información, son identificables todos los becarios. ¿A qué refiere con carencia de información? Es que en algunos antecedentes lo que se te pide, por ejemplo, es las manutenciones pagadas del mes de enero a diciembre, y esa información nosotras la tenemos completamente desde el 2014 a la fecha”, explica.
En ese sentido, dijo que en cuanto a la agencia propiamente tal, que corresponde al mandato de los dos primeros años de la hoy ministra Etcheverry, “están cubiertos con toda la información que nosotros tenemos, y aquellos periodos pasados los hemos ido construyendo y reconstruyendo”.
Al ser consultada sobre si se podría decir es un tema de corrupción o un problema de información administrativa, Pizarro fue enfática:
“Mira, aquí no hay nada de corrupción, eso de primera. Segundo, lo que hay es falta de información administrativa de años anteriores. La falta de información no corresponde al periodo actual. Refiere a periodos anteriores, muy antiguos”.
Según la funcionaria, las becas tienen una duración de financiamiento de cuatro años. Sin embargo, entre los periodos que tienen que obtener el grado académico, tienen que hacer la retribución, pueden pasar fácilmente en total diez años desde adjudicada la beca. Y adicionalmente, pudiera haber personas que tienen más de una beca, por lo tanto, al cabo de unos 16 años, recién empieza a producirse los cierres de las becas, dijo.
“Eso es muy importante decirlo, y eso está normado, tiene la adjudicación de las becas y los concursos, son completamente transparentes, se publican en plataformas, hay bases concursales, son evaluadas cada una de las postulaciones por evaluadores externos a la agencia, y se adjudican de manera rigurosa respecto de los puntajes asignados. De hecho, tú puedes ver en nuestras leyes de presupuesto que hay unas glosas que refieren a informar respecto de los rankings, refieren a informar respecto de las evaluaciones que reciben las y los becarios”.
La funcionaria además dijo que estaba al tanto del análisis de la Contraloría.
“Sí, por supuesto. Las auditorías de la Contraloría siempre son avisadas cuando parten y son avisadas a la dirección nacional. Esta auditoría no es una novedad para nosotros, desde el año 2015 a la fecha hemos tenido unas 8 o 10 auditorías fácilmente distintas temáticas. Y esta en particular fue informada a través de oficio, me recuerdo, por la Contraloría que se iba a constituir y que iban a partir de la auditoría denominada Análisis a los Estados Financieros, que era una auditoría financiera, pero es una auditoría muy integral, porque no sólo abarca a los Estados Financieros como resultado, sino que evalúa también la gestión que impacta en los Estados Financieros”.
Al ser consultada sobre qué medidas van a tomar o, no sé, están evaluando para que esta situación no se repita en el futuro, Pizarro apuntó a diversas acciones.
“Primero, esta auditoría cerró a finales del 31 de diciembre del 2022, por lo tanto, nosotros desde ese minuto hasta ahora hemos ido avanzando en resolver cada uno de los casos que tiene observada la Contraloría, eso por un lado. Adicionalmente, desde que somos agencia, que empezamos a funcionar como agencia a contar del 1 de enero del 2020, la robustez que tienen los presupuestos de la agencia para el apoyo administrativo son muy diferentes de las que tenía Conicyt”.
Agregó que en el año 2023 la entidad materializó la posibilidad y el apoyo que le prestó el Ministerio de Hacienda respecto de la propuesta de ANID de tener mayores recursos para que sus soluciones tecnológicas colaboraran para resolver los problemas de gestión que habían identificado y, por otra parte, para inyectar recursos para tener más personas. Por eso, a partir del presupuesto de 2023, tuvo un incremento de personas de 26 cupos, “y que han colaborado para que nosotros sigamos avanzando en esto y podamos no solo resolver los problemas de gestión, sino que además implementarlos como soluciones ya”.
Agregó que, en caso de ser necesario, “nosotros vamos a hacer los sumarios que correspondan”.
Sin embargo, “en este minuto estamos súper abocadas a poderle responder a la Contraloría en el plazo más breve posible porque la Contraloría nos dijo que tiene 60 días. Nosotros recibimos el informe el día primero de abril, por la tarde. Y a partir del día 2 de abril nosotros empezamos en reuniones de trabajo bastante extensas que nos han permitido tener un grado de tranquilidad respecto de todos los avances que han realizado los equipos internos de la Agencia en distintos departamentos y subdirecciones que han avanzado muchísimo respecto de lo que pudo detectar la Contraloría en el 2022”.
Respecto a la posibilidad de que los antecedentes sean elevados al Consejo de Defensa del Estado para una eventual querella, Pizarro insistió en que la ANID ya está respondiendo las observaciones.
“Nosotros ya ayer ingresamos a la Contraloría una serie de documentos porque Contraloría pide que nosotros acreditemos el tener las acciones tomadas,Y eso se hace mediante una plataforma que dispone la Contraloría de manera habitual y tú vas ingresando documentos de respaldo respecto de la observación, tanto ingresas un comprobante contable, una carta de cobranza, el expediente judicial, en el caso que corresponda. Y esos son los documentos que nosotros ya partimos ayer ingresando a la Contraloría”.
Añadió que seguirá así durante toda la próxima semana y que esperan terminar eso dentro de las próximas dos semanas “porque es mucha información”.
“Por cada una de las observaciones nosotros subiríamos, hacemos un cálculo que por lo menos uno entre cinco y diez documentos que hay que subir por cada observación. Y entonces es harto documento y nuestra planificación de trabajo es que vamos a terminar antes del plazo que la Contraloría nos estableció”.
Finalmente, Pizarro también se refirió a las declaraciones del senador Alfonso de Urresti de la Comisión Desafío de Futuro del Senado, que habló de “amiguismo” y “descontrol” en este tema.
“Nosotros hemos tenido varias reuniones con el senador Urresti que han manifestado su preocupación por esto. Y dado aquello, la misma Comisión del Senado durante el año pasado nos ofició requiriendo información respecto de los procesos concursales y respecto del seguimiento que hace la gente. Nosotros en todos los casos respondimos esos oficios y les respondimos desde el proceso concursal”, afirmó.
La funcionaria insistió en que las becas se otorgan mediante concursos que son regidos por bases y son públicas.
“Tenemos plataformas en donde se hacen las postulaciones, deben cumplir una serie de requisitos quienes postulan. Se hacen las evaluaciones por personas externas a la agencia. Luego de eso se generan rankings y en función de los rankings son las adjudicaciones dependiendo de las disponibilidades presupuestarias que tenemos. Por lo tanto, aquí yo no puedo hablar de un amiguismo, sino más bien de procesos concursales bastante transparentes”, declaró.
“¿Qué es lo que ocurre? Tenemos postulantes que preparan con bastante antelación sus postulaciones y además respecto de las becas nosotros hacemos algunas focalizaciones. Y eso es súper importante porque lo hacemos de manera anticipada la información. Hay un plazo para esto. La Contraloría ha realizado antes algunas auditorías a becas y no nos ha observado nunca los procesos concursales”.
Pizarro señalaron que hicieron llegar estos antecedentes a la Comisión y al senador De Durresti.
“Son nuestros procesos bastante robustos y adicionalmente cuando se trabajan las leyes de presupuesto, cuando hay inquietud respecto de esta materia, nosotros siempre hemos estado muy llanas no solo a entregar la información sino que además a disponibilizar en nuestro presupuesto glosas que establezcan condiciones de información”, concluyó.
