El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, hace un balance de los principales desafíos tras un año y medio a la cabeza del organismo, donde la opacidad de los recursos estatales utilizados para avisaje en los medios de comunicación sigue siendo una de las grandes deudas.
En conversación con El Mostrador, Francisco Leturia, académico de la Facultad de Derecho UC, habla sobre las urgencias que persisten en materia de transparencia y que marcaron su trabajo como presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT). Una de ellas es el vacío de información respecto a la gran cantidad de recursos que las instituciones públicas distribuyen para avisaje y publicidad en los medios de comunicación. Dinámica que tiende a la concentración mediática y a la asignación discrecional, por lo que uno de los desafíos para la democracia y el pluralismo informativo es tomar medidas que impulsen mayor competencia. El problema, hasta ahora, no concita mayor interés por parte de las autoridades.
“Hay un problema bien serio a nivel de Estado, porque decimos que nos preocupamos mucho de que la gente esté bien informada, de la calidad de la democracia, el pluralismo, las fake news, pero en la práctica no veo una real voluntad en cosas tan básicas como transparentar cuánta plata sale del bolsillo del Estado hacia los medios de comunicación”, señala.
En esa línea, Leturia también profundiza sobre el déficit de pluralismo informativo a nivel regional y sectorial. “Podríamos tener muchísimos medios de comunicación, regionales, comunales, que le informaran a la gente de los problemas de sus comunas, que fiscalizaran a sus alcaldes, que fueran independientes, que controlaran la corrupción. Porque en Chile todos los grandes casos de corrupción han sido descubiertos por la prensa”, sostiene.
Tal información fue advertida por el estudio “Avisaje y Publicidad en la Administración del Estado”, que dio cuenta de las características del gasto estatal en publicidad en los medios de comunicación durante los años 2019 y 2020. Información pública incompleta y poco transparente, pero que de todas formas constató una importante concentración en los grupos mediáticos.
“Nosotros el estudio lo dejamos de hacer, porque con toda la capacidad profesional y humana que tiene el Consejo para la Transparencia, la conclusión a la que llegamos es que era mucho más lo que quedaba en la oscuridad que lo que podíamos saber. Que no hay transparencia de cuánta plata el Estado les pasa a los medios de comunicación, y a cuáles, y cuánto puede incidir eso en la manipulación o el manejo de la verdad. No estoy diciendo que pase, pero encuentro muy razonable tener legítimas sospechas”, afirma.
Respecto a las medidas más urgentes a implementar, Leturia apunta a que “debiese haber un registro centralizado, que no existe, ni siquiera está en la Ley de Presupuesto cuánta plata dispone el Estado para pasarles a los medios de Comunicación, bajo qué criterios y quiénes lo reciben, y saber el destinatario final”.
A lo anterior, suma “la famosa Ley de Transparencia 2.0, que es lo que da más acceso a la información, que elimina obstáculos para llegar a esa información, pero que lleva siete años dormida en el Congreso”.
“No se están haciendo los esfuerzos como si esto de verdad importara, hay una falta de voluntad y de compromiso político, básicamente un déficit de ciudadanía. (…) Y eso pasa por fortalecer a la prensa, los medios de comunicación, y no a dedo”, concluye.
