Juez ratificó que ex general panameño está en condiciones de ser sometido a un proceso de extradición, pese a los argumentos de la defensa de que en Francia no recibiría la protección como prisionero de guerra establecida en la Convención de Ginebra.
Un juez estadounidense denegó hoy una moción presentada por los abogados del ex general Manuel Antonio Noriega con la que intentaban detener su extradición a Francia, lo que deja al ex hombre fuerte de Panamá más cerca de París.
El juez Paul Huck ratificó con su decisión que Noriega está en condiciones de ser sometido a un proceso de extradición, pese a los argumentos de la defensa de que en Francia, donde fue condenado en ausencia por lavado de dólares, no recibiría la protección como prisionero de guerra establecida en la Convención de Ginebra.
Huck rechazó otra petición de hábeas corpus de la defensa al decidir que Francia ha suministrado suficientes garantías de que Noriega estará bajo protección de dicha Convención, incluso si no le otorga estatus de prisionero de guerra.
«Sin ese estatus no hay garantías de que continúe recibiendo esos beneficios», respondió Jon May, uno de los abogados defensores.
Noriega fue detenido en enero de 1990 por las tropas estadounidenses que habían invadido Panamá el 20 de diciembre de 1989.
Enseguida fue enviado a EE.UU., donde en 1992 fue juzgado y condenado a 40 años de prisión, acusado de permitir el envío a este país de los embarques de cocaína del desaparecido cartel colombiano de Medellín.
La pena se rebajó a 30 años por haber cumplido ya cárcel y luego a 20 «por buena conducta», de los que cumplió 17 el pasado 9 de septiembre, día en que debería quedar en libertad, pero permanece en una cárcel de Miami a la espera de que se defina su situación.
El hábeas corpus rechazado hoy fue pedido por la defensa en octubre pasado para que el caso fuera revisado y se ordenara al Gobierno de Estados Unidos repatriar a Noriega a Panamá, según lo establecido por la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra.
Francia pidió la extradición del ex militar panameño en abril de 2004 tras hallarlo culpable en ausencia, en 1999, del lavado de unos 3,1 millones de dólares, delito por el que lo condenó a diez años de prisión.
La defensa del que fuera hombre fuerte de Panamá entre 1983 y 1989 tiene la posibilidad de recurrir el dictamen ante el Undécimo Tribunal de Apelaciones de Atlanta, donde el proceso dura entre seis meses a un año.
Sin embargo, expertos legales han dicho que si pierde en esa instancia judicial sería muy difícil que gane ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, corte que escucha menos del cinco por ciento de este tipo de casos.
En la audiencia de hoy, a la que no asistió Noriega, sus abogados manifestaron de nuevo preocupación porque el Gobierno francés no planea otorgar formalmente estatus de prisionero de guerra a su cliente.
El fiscal federal Sean Cronin replicó que Francia no puede considerarlo prisionero de guerra porque ese país no estuvo involucrado en ningún tipo de hostilidad con Panamá, aunque ha garantizado que le otorgará los mismos beneficios que Noriega ha recibido en los últimos 15 años en EE.UU.
Por su parte, Huck dijo estar satisfecho con el compromiso de Francia en cuanto al trato que le dispensará a Noriega.
«El (Noriega) va a recibir los beneficios que disfrutó como prisionero de guerra aquí (en EEUU)», dijo, y agregó que entre ellos está la repatriación.
Noriega, de 73 años, se opone a ser extraditado a Francia y ha pedido que lo envíen a Panamá arguyendo que así lo establece la Convención de Ginebra cuando un prisionero de guerra ha cumplido con una condena en otro país.
Frank Rubino, otro de los abogados del ex general, dijo que Noriega es retenido «ilegalmente» por Estados Unidos y que debe recibir ese beneficio de inmediato.
El juez Huck dictaminó que el estatus de prisionero de guerra no impide que sea extraditado a Francia y dijo estar de acuerdo con la decisión del magistrado William Hoeveler, que en septiembre pasado rechazó los argumentos de que Noriega no debía ser enviado a París porque con ello se contradice la Convención de Ginebra.
«Este es un caso excepcional, no creo que la Convención de Ginebra fue diseñada contemplando este tipo de situación», expresó Huck.
EFE
