Independiente de los apetitos externos por la supremacía en la zona, en Honduras se está produciendo el ya habitual enfrentamiento entre la dimensión local del poder político y la nueva naturaleza del poder internacional que genera la creciente globalización. Esta vez es entre uno que se aspira a construir en torno a un derecho internacional en estado incipiente, y el otro consolidado en los intersticios de las soberanías nacionales.
Las nuevas autoridades hondureñas que acaban de rechazar la mediación del Secretario de la OEA José Miguel Insulza para el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia, acuden a la razón legal interna. Esto es: la acusación a un presidente en ejercicio por haber violado los límites constitucionales extirpándosele al mismo tiempo su investidura presidencial.
Para el poder judicial hondureño, las nuevas autoridades auto generadas, al decidir la expulsión de Manuel Zelaya actuaron (internamente) ajustándose a derecho de acuerdo a la constitución hondureña, según declaraciones difundidas.
En la reunión entre el jefe de la OEA y el presidente de la Corte Suprema hondureña, éste reitera que Zelaya es requerido por la justicia. (The New York/BBC News).
No se ha confirmado si las nuevas autoridades no sacrificaron al destituido presidente exigiéndole acatar en silencio a cambio de su vida. Hondureños contactados no descartan esta posibilidad.
Cuando la política llega a extremos como el registro demuestra en Honduras y también en Chile, Corea del Sur, Congo, EE.UU., Pakistán, o Suecia, se convierte en una cuestión de vida o muerte. Cada nación en este sentido tiene sus ejemplos y su propio pedigrí.
Es una forma de encontrar una explicación a la decisión del nuevo gobierno de determinar su arresto después de su expulsión. Algo no cuadra o es parte de negociaciones no reveladas. ¿Por qué no fue arrestado en primer lugar?
Manuel Zelaya para la actual autoridad es ahora un ciudadano prófugo de la justicia, puesto en esa situación por las mismas autoridades que lo trasladan fuera del país. La contradicción es evidente. Forma parte del realismo mágico y oculto, tal como la liberación de Ingrid Betancourt, o la llegada sorpresiva de Fujimori a Chile.
Se trata de un contrasentido que puede ser simplemente improvisación negligente, sin embargo puede estar revelando el más gélido pragmatismo, reinaugurando así un viejo estilo de operación, y la reedición de antiguos paradigmas.
¿Por qué no? ¿Por qué desde la elite oligárquica hondureña no va ser posible enviar señales de rechazo a formas de poder impuestas desde afuera? ¿O al intervencionismo internacional insuficientemente sustentado en los instrumentos internacionales?
Tal vez estamos en presencia de una revolución hondureña en cuanto a oponerse al intervencionismo basado en un derecho internacional que en su forma actual incipiente se conduce como una fuerza adocenada sin poder coercitivo.
Independiente de los apetitos externos por la supremacía en la zona, en Honduras se está produciendo el ya habitual enfrentamiento entre la dimensión local del poder político y la nueva naturaleza del poder internacional que genera la creciente globalización. Esta vez es entre uno que se aspira a construir en torno a un derecho internacional en estado incipiente, y el otro consolidado en los intersticios de las soberanías nacionales.
Más aún, bajo el clima de una comunidad internacional que se agrupa con frecuencia con el doble estándar hacia los DD.HH. y la democracia, la posición de la nueva administración hondureña se fortalece.
Sea para aplicarlo en los casos de la Junta Militar en Myanmar, del régimen iraní, de las monarquías del golfo pérsico, o del número abultado de seudo democracias, el doble estándar se ha convertido en un mecanismo del necesario pragmatismo para lograr equilibrios en las decisiones que comprometen la naturaleza de las instituciones internacionales con poder.
Pocos están deseosos de quemar naves o romperse las venas por alguna causa que inspire la distinción entre el bien y el mal, sin saber inclusive qué es uno u otro.
Si las nuevas autoridades pueden demostrar que internamente sus acciones son legales, no existe derecho internacional que sustente presión de ningún tipo.
Por mucho que la presión internacional de un grupo de países se sostenga en principios basados en un orden internacional justo, los poderes que extirparon a Zelaya de su investidura, no podrán ser alterados por la fuerza tampoco, porque no están dañando la paz externamente.
La cuenta regresiva planteada para las autoridades en Honduras es peculiar, porque proviene de un sistema internacional sin poder de coerción que no sea aislar o bloquear, al menos que estalle una guerra civil con crisis humanitaria. Y aún así, como queda demostrado en Sudan/Darfur, si un Estado se atrinchera militarmente el intervencionismo de un ente multilateral se hace muy complejo, sino inviable por el sistema de coordenadas a considerar.
La restitución de Zelaya producto de la presión internacional sería gestar una fractura interna en Honduras de difícil pronóstico.
Sucedió con la restitución de Aristide por la fuerza en Haití, cuyas graves consecuencias obligaron a instalar una misión de paz permanente de la ONU. El error se le atribuye a la ansiedad de Bill Clinton por expandir la democracia, que se repitió con la administración Bush.
Desde ya se ha abierto una herida profunda en la elite hondureña, sobre la cual el pueblo hondureño, que digámoslo claro, actúa como comparsa porque nunca ha disputado ese poder, excepto con algunas reformas de Manuel Zelaya.
Si la elite hondureña aspira entregarle a su nación un orden más justo, la actual estructuración elitista, vertical y autoritaria en exceso de la política en Honduras debería dar paso a un grado mínimo de horizontalidad y desconcentración de poder en el ejercicio de gobernar.
Quién o qué institución determina ese grado mínimo de participación ciudadana en el gobernar, es lo que está en juego en este conflicto. Según la actual autoridad hondureña el regreso de Manuel Zelaya puede llevar a un «baño de sangre», poniendo una advertencia a la presión internacional y al intervencionismo.
Es un escenario de ultimátum contra ultimátum con bases mínimas para poder mediar, y que sin ser planificado está creando en cierta manera una situación revolucionaria, dentro de un debate abierto acerca de los límites del intervencionismo que no ha sido abordado a cabalidad.
Los militares en Myanmar observan atentos y el gobierno confirmado internamente de Ahmedinejad en Irán también, y así otras naciones permanentemente presionadas para alterar su legalidad interna.
El problema central es que las instituciones internacionales que ejercen presión, carecen de los instrumentos inequívocos para velar por los intereses de un derecho internacional que simplemente es aceptado por las naciones en la medida que no altere las variables intrínsecas del poder local o las aspiraciones de supremacía.
Los que especulan en que al mediar con las nuevas autoridades en Honduras se trataría de una batalla «personal» del Secretario General Insulza o de otros políticos en el circuito, quedan aprisionados por los fantasmas de su propio narcisismo.
Y claro, independiente del peso de sus opiniones, no sería extraño que prefiriesen el aumento de la tensión, sea por un acto de histrionismo o por formar parte del rentable lobby belicoso, sin comprometerse a resolver el problema sistémico.
