El gobierno de Venezuela multó a Globovisión con US$2 millones por «la forma como abordó la noticia» sobre un motín en una cárcel. El canal dice que la sanción es impagable.
El gobierno de Venezuela le impuso una fuerte multa al único canal opositor por el «comportamiento editorial» en la cobertura de un motín carcelario en una decisión que las autoridades de Globovisión consideran «impagable» y que supone su «quiebra financiera».
El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Pedro Maldonado, dijo este martes que se decidió la penalización de 9,3 millones de bolívares (unos US$2,16 millones) tras determinar que Globovisión cometió los delitos de «zozobra de la ciudadanía, incitación al desconocimiento del ordenamiento jurídico, apología del delito y odio por razones políticas».
«Estamos sancionando por el comportamiento editorial y la forma como abordó la noticia, como reiteró la noticia», dijo Maldonado.
La sanción supone el 7,5% de los ingresos brutos del canal durante 2010, según Maldonado.
Organizaciones nacionales y extranjeras critican la medida del gobierno por considerar que viola la libertad de expresión.
En tanto, las autoridades consideran que el canal infringió el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, conocida como «ley resorte».
Durante la llamada «crisis de El Rodeo», cuando miles de presos se amotinaron en la cárcel durante semanas, cientos de familiares de los presidiarios asistían diariamente a las afueras del centro penitenciario a la espera de novedades.
En el hecho murieron 22 presos y durante días se vivieron horas de angustias pues no se conocían los nombres de los fallecidos.
Los medios de comunicación privados no pudieron ingresar a la prisión donde se encontraban las autoridades que brindaban declaraciones a los medios estatales y debieron permanecer, junto con los familiares, a un kilómetro de la entrada.
Conatel acusó al canal de difundir durante cuatro días «las 18 declaraciones más sentidas» de los familiares de los presos y repetirlas en «casi 300 oportunidades», además de incorporar elementos que «no formaban parte del audio original como se simula en las ráfagas de metralletas».
En las afueras del penal la Guardia Nacional lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.
Maldonado, quien dijo que Globovisión tiene «unos días para pagar la multa», también aseguró que el canal no transmitió, «con la regularidad que se produjeron», declaraciones de funcionarios del gobierno a medios estatales.
Globovisión rechazó las acusaciones de las autoridades: «La capacidad de mentir todavía nos asombra», dijo María Fernanda Flores, vicepresidenta ejecutiva del canal.
Flores aseguró que para la cadena «esta multa económica es una sanción impagable» y dijo que la directiva del canal va «hacer todo lo posible para seguir abiertos» y «apelará donde haya que apelar».
Por su parte, Ricardo Antela, abogado del Globovisión, dijo que en el canal «no se ha simulado ninguna información».
Antela indicó que tenían información de que desde el gobierno se buscaba el «quiebre económico del canal».
Esta es la segunda vez que se sanciona a Globovisión, canal al que se la han abierto siete procedimientos.
En 2009 se le impuso una multa de US$2,2 millones en relación con la cesión de espacios a organizaciones civiles y políticas durante el paro petrolero y general de 2002-2003.
La cadena asegura estar siendo perseguida por el gobierno debido a su línea editorial crítica.
El presidente del canal, Guillermo Zuloaga, y su hijo abandonaron el país el año pasado tras la orden de captura emitida por la Justicia para procesarlos por el supuesto almacenamiento irregular de 24 vehículos.
Zuloaga, quien en el pasado sufrió el allanamiento de su casa en una investigación por supuestamente poseer trofeos de caza (cabezas de animales) ilegales, ha denunciado que es un perseguido del gobierno venezolano.
El año pasado también el gobierno intervino el Banco Federal, tras denunciar una serie de irregularidades, propiedad de Nelson Mezerhane, accionista del canal.
Chávez ha acusado al canal de mentiroso, conspirador y golpista y otros funcionarios han tildado a la cadena opositora de forajida, antidemocrática, fallida y fascista.
«Ese loco con ese cañón se va a acabar o me dejo de llamar Hugo Rafael Chávez Frías», dijo el presidente tiempo atrás en alusión al director de Globovisión.
El primer canal en recibir las críticas constantes del gobierno fue Radio Caracas Televisión (RCTV), cadena a la que en 2007 se le fue revocada la concesión.
Chávez acusaba a RCTV de conspirador y golpista, por su cobertura de los hechos que desencadenaron el intento de golpe de Estado de abril de 2002.
Venezuela es frecuentemente criticada por la situación de la práctica del periodismo en el país.
Mientras las autoridades defienden la creación de un sinnúmero de medios comunitarios y del establecimiento del Sistema Nacional de Medios Públicos, diversas organizaciones cuestionan que el gobierno esté verdaderamente abocado a la defensa de la libertad de expresión.
Pocos días atrás, en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Venezuela recibió 13 recomendaciones de parte de otros países preocupados por la situación en esta materia y el Estado las rechazó.
Una de ellas era permitir visitas de los relatores de libertad de expresión de la ONU, algo que no ocurre desde 2002.
La medida contra Globovisión fue defendida por algunas figuras afines al gobierno, como el vicepresidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Julio Chávez.
«La decisión de Conatel responde a la necesidad de sentar un precedente para que se respeten las leyes que rigen la materia. Es un canal que viene desafiando e irrespetando al Estado venezolano reiteradamente, saltando procedimientos, pues tiene que llegar el momento en que se apliquen las sanciones correspondientes», dijo.
En tanto, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela estimó que «Conatel se excede en sus funciones administrativas y manifiesta una política de Estado de pretender silenciar a los medios de comunicación que recogen los reclamos de los ciudadanos».
Por su parte, uno de los miembros de la Comisión de Libertad de Expresión en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Claudio Paolillo, dijo que la multa impuesta a Globovisión «es un mecanismo con apariencia legal y jurídica, pero que no tiene nada de legal».
«Es una medida dictatorial, para callar un canal de televisión crítico e independiente», agregó.
