Minutos después de que Cristina Fernández anunciara la intervención de la compañía, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, se presentó en la sede corporativa de la empresa con una lista de ejecutivos que debían renunciar y ordenó cambiar la seguridad del edificio. Por su parte Mariano Rajoy, se reunió con los ministros de Industria y Exteriores, de su país para analizar las medidas que va a adoptar.
Por cadena nacional de medios la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció este lunes el envío al Congreso de un proyecto de ley que establece la expropiación de la petrolera YPF, cuya propiedad corresponde en un 57,43 % al grupo español Repsol y en un 25,46 % al grupo argentino Petersen. Además, decretó la intervención de la compañía y designó al ministro de Planificación, Julio De Vido, como interventor.
La jefa de Estado indicó que «somos casi el único país que no maneja los recursos naturales», y señaló que «un motivo más fuerte» para tomar esta decisión es que desde la privatización la Argentina se convirtió en importador de gas y petróleo. la medida, que según Fernández no corresponde a una «estatización» se orienta a expropiar el 51% de la compañía en manos de Repsol. De las acciones expropiadas el gobierno tiene previsto que que el 51 por ciento le corresponderá al Estado y el 49 por ciento a las provincias productoras de hidrocarburos según el la versión digital del diario bonaerense La Nación.
Pocos minutos después de que Fernández anunciara la intervención de la principal productora de hidrocarburos del país, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de Argentina, Roberto Baratta, junto a un grupo de colaboradores, se presentó en la sede corporativa de la petrolera para tomar el control de la compañía, desplazando a sus directores ejecutivos españoles y argentinos.
Baratta, que hasta hoy era el único representante del Estado argentino en el directorio de YPF, se presentó con una lista de directores ejecutivos que, según el Gobierno, deben renunciar, y ordenó cambiar la seguridad del edificio, según fuentes de la petrolera consultadas por Efe.
La cotización de las acciones de la petrolera fue suspendida en la Bolsa de Buenos Aires en cuanto se conoció la decisión del Ejecutivo argentino, cuando perdían un 2,44 % en la jornada. Mientras tanto, en Wall Street las acciones cayeron un 18,27 % tras el anuncio hecho por Fernández aunque luego se moderó hasta el 11 %.
Desde Bruselas, el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, John Clancy, señaló que la expropiación ”enviaría una señal muy negativa a inversores, nacionales e internacionales y podría dañar seriamente el clima de negocios» en el país suramericano.
Una misión de funcionarios de la Unión Europea llegará el jueves a Buenos Aires., encabezada por el responsable para América Latina del Servicio de Acción Exterior de la UE, Christian Leffler, quien viaja para copresidir una reunión del comité de cooperación entre la UE y Argentina, un foro creado en el Acuerdo Económico de 1990 y en el que se discuten las relaciones bilaterales. La reunión estaba pactada con anterioridad al anuncio de Fernández, pero abordará la expropiación “como una de las cuestiones bilaterales concretas», según dijo John Clancy en declaraciones consignadas por la versión de Internet del periódico español El Mundo.
El Gobierno español, en tanto, está estudiando la decisión del Ejecutivo argentino, para dar una respuesta adecuada a los intereses de España.
Fuentes del Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, subrayaron que España contará con el apoyo y la colaboración de sus socios europeos en este asunto.
Las citadas fuentes se remitieron a las manifestaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien esta mañana garantizó que «allí donde haya una empresa española, allí estará el Gobierno defendiendo como propios sus intereses».
Rajoy, se reunió con los ministros de Industria, José Manuel Soria, y Exteriores, José Manuel García-Margallo, para analizar las medidas que va a adoptar tras el anuncio de Argentina.
Por su parte, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, señaló que la expropiación supone «una decisión muy personal del Gobierno argentino», que el Ejecutivo va a estudiar.
Mientras, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aseguró que el Ejecutivo dará una respuesta adecuada a Argentina por esa decisión, y que lo hará apoyada por sus socios comunitarios.
Por otro lado, la Organización Mundial del Comercio (OMC) solo podría pronunciarse sobre la expropiación si la Unión Europea plantease una demanda.
Así lo indicaron en declaraciones a Efe fuentes la OMC al ser preguntadas sobre los planes anunciados hoy por la presidenta argentina.
Las fuentes consultadas por Efe explicaron que la OMC no es competente en esta materia y que solo se pronunciaría en el caso de una demanda comercial ante el Órgano de Solución de Disputas (OSD), que tendría que plantear la Unión Europea (UE) y cuyo proceso se prolongaría más de un año.
Sobre la posibilidad de que España pudiera adoptar represalias, las fuentes señalaron que en ningún paso podrían tener una naturaleza comercial, como la subida de aranceles o la imposición de obstáculos a la importación de productos, porque estaría vulnerando los compromisos de la UE, que actúa con una sola voz en la OMC.
