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Dentro de los crímenes perpetrados se encuentran el asesinato en Bogotá del expresidente colombiano, Álvaro Gómez. Las FARC se atribuyen también las muertes de Fernando Landazábal y Jesús Antonio Bejarano.
La exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reconoció su responsabilidad en seis sonados crímenes, incluido el magnicidio del excandidato presidencial conservador Álvaro Gómez, ocurrido en Bogotá en 1995, según una carta que enviaron los antiguos rebeldes a la justicia de paz.
En un comunicado difundido este sábado (03.10.2020), el tribunal que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto colombiano dijo que la otrora organización armada ofreció en la misiva «aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad» en varios casos.
Entre ellos el magnicidio de Álvaro Gómez, así como los asesinatos del general retirado del ejército Fernando Landazábal, en 1998, y del exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano en 1999.
El anuncio causó sorpresa y revuelo en un país que por muchos años creyó que detrás del ataque contra Gómez, uno de los principales dirigentes conservadores del siglo XX, estuvieron políticos rivales aliados con militares y narcotraficantes.
La justicia declaró el caso como «crimen de lesa humanidad» para evitar que prescribiera la investigación hasta encontrar a los responsables.
La explosiva carta de la exguerrilla fue recibida por la jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 30 de septiembre, y está firmada por los excomandantes rebeldes Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo.
Gallo y Catatumbo representan a la antigua guerrilla en el Congreso colombiano, en escaños que asumieron como parte de los acuerdos de paz de 2016 que terminaron con un conflicto de casi seis décadas.
La que fuera la organización rebelde más poderosa de América dejó las armas y se convirtió en partido político, a cambio de someterse a la JEP. Los comandantes que confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas recibirán penas alternativas a la prisión. Si incumplen con sus compromisos se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.
