Las relaciones entre derechos, libertad y todo lo que hace a la democracia están en un más que grave peligro. Los llamados poderes fácticos, es decir, el poder en serio y no solo los administradores políticos del Estado, tiene la plena y total posibilidad de hacer de la realidad lo que quiera. La manipulación informativa ya no obedece, como en el pasado, a ciertas visiones ideológicas o políticas o culturales que se enfrentaban en la vida cotidiana presentando los hechos de una u otra forma, en correspondencia con la propia visión.
No: ahora la manipulación es directa y concreta, y se llama publicidad. Las semiverdades denunciadas por una parte de la derecha, Renovación Nacional, en el sentido que los donadores para las campañas políticas se habían desequilibrado mucho en favor de la UDI, tuvo -y nadie lo comentó o siguió la pista- un efecto electoral bien concreto, y el partido favorecido pasó a ocupar el primer lugar electoral en la oposición de derecha.
Es decir, simplemente los empresarios dueños de estos enormes conglomerados que son los poderes fácticos ponen las condiciones para que los medios escritos, televisivos o radiales deban decir tal o cual cosa respecto de la situación política, so pena de cortar la manguera del oxígeno y hacer de esos medios una empresa en quiebra o liquidación.
También hay algunas tonteras que se hacen en modo gratuito y como contribución a la confusión general derivada de la manipulación. Valga como ejemplo que a pocas horas que la UDI trata de «mentirosos» al Presidente y a sus ministros, el mismo gobierno aparece sellando un acuerdo político con los acusadores sobre otro tema.
Cierto es que la necesidad tiene cara de hereje, pero hay algunas cuestiones éticas de la política que no aparecen en los balances numéricos y que es mejor tomar en cuenta, excepto que se viva al día y para cada día sin pensar en mas allá.
La voracidad mediática de los políticos o de quienes parecen serlo, sirve como lubricante mas que eficaz para que la manipulación y sus consecuencias se acrecienten.
Sin embargo, además de estar en retraso en este aspecto tan crucial de la concepción de democracia, nadie dice que en otros países o «naciones cultas» como las llamaba Valentín Letelier, existen leyes y reglamentos de rango constitucional que regulan en modo preciso la propiedad, uso y administración de los medios de comunicación, como forma de impedir la dictadura de parte de quienes tienen el poder económico.
Aquí no porque se prefiere, no sé si por tontera o vileza, poner el debate sobre cuestiones menores, platitas mas o platitas menos para los sectores mas pobres, que son los que votan y si lo hacen desinformadamente son útiles para perpetuar el sistema. Para regresar a Roma, tan cercana en estos días, abundan los tribunos de la plebe y escasean los cónsules o senadores.
Me ha golpeado el caso de un comerciante del Metro que sufrió ilícitos de parte de una multinacional española de gran fuerza en este país y quien, al denunciar los hechos a los medios, tuvo como respuesta el casi total silencio. Ante la interrogante natural recibió como respuesta el que si esto lo difundían quedaban en el peligro de que les cortaran la publicidad, que es abundante y jugosa.
¿Valdrá eso también para los funcionarios de los juzgados y las Cortes? No quiero abundar en el tema concreto pues no creo que deba utilizar esta columna para fines personales, toda vez que ese comerciante es mi hermano.
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