De ser ciertas las declaraciones de prensa (La Nación, 12 de mayo) del Ministro Secretario General de Gobierno, Claudio Huepe, respecto de que «ahora sólo corresponde que el proyecto de la Central Ralco continúe, porque ya fueron cumplidos todos los trámites establecidos por la actual legislación», en la práctica esto significa que el gobierno ha optado por impulsar estas obras.
Hasta la fecha ya se ha avanzado en un 25% del proyecto total y, si se siguen las recomendaciones de Huepe, en un muy corto período esta central hidroeléctrica entrará en una fase lamentablemente irreversible.
Basándonos en el contenido de estas declaraciones, es indudable que el gobierno no esperará la resolución de la contienda judicial de fondo -establecida por la confrontación entre la ley eléctrica y la ley indígena- para tomar una posición acerca de la construcción de la represa sino que da por hecho que primará la ley eléctrica, y sólo enfoca su empeño en lograr mejores condiciones de compensación para los pehuenches contrarios a la represa, objetivo principal e implícito de la Mesa de Trabajo con indígenas de Alto Bío Bío.
Esta posición crea un clima de inestabilidad para los próximos años y una fuente de confrontación con los ecologistas y pehuenches. Estos sectores saben que en caso de que el dictamen judicial fuese favorable a las familias que se oponen a la construcción de esta represa, éste ya no tendría ningún impacto si la represa ya estuviese construida. Sería sólo una victoria simbólica. Por lo tanto, viendo crudamente la situación, la posición gubernamental no hace más que empujar a los sectores opositores a la central a focalizarse en la paralización de las faenas por todos los medios posibles, ejerciendo presion nacional e internacional en torno a lograr este objetivo, transformando las luchas de Ralco en un problema de permanente confrontación, ingobernabilidad e inseguridad de la zona, al contrario de lo que sostiene la Ministra de Mideplan, Alejandra Krauss (La Nación, 10 de mayo).
El gobierno debe estar consciente de que este conflicto se agudizará, pues la cadena solidaria de las diversas etnias del país es realmente fuerte, y los sectores ambientalistas proclives a llegar a acuerdos con el gobierno ya quedaron fuera de la cancha en este conflicto, entrando en escena el ecologismo más radical, lo que configuraría la conformación de una alianza, con capacidad de transformarse en uno de los dolores de cabeza más fuertes para Lagos.
Vistas de esta manera, las actuales condiciones presentan un panorama muy oscuro para todos los sectores involucrados y, sobretodo, para el proyecto de construcción de un país pluriétnico y sustentable.
* El autor es presidente del IEP (Instituto de Ecología Política).
