No se trata de que haya habido un error técnico por parte del minstro Juan Guzmán y que ello provoque la acogida del recurso de amparo presentado por la defensa de Augusto Pinochet contra la muy justa encargatoria de reo por autor intelectual de los crímenes más atroces cometidos en la historia de Chile. Tampoco que ello sea también acogido por la Corte Suprema. Eso no es grave y obliga solamente a volver a presentar la acusación y orden de detención para que sea declarado reo, detenido y juzgado.
La cuestión es enteramente otra.
La opinión pública percibe con estupor que detrás de ello hay montada una operación por parte de los militares y la derecha, apoyada por sus medios de comunicaión, para, por un lado, amenazar y desprestigiar al Poder Judicial y, por otro, asegurar la impunidad de Pinochet y de todos los responsables de los crímenes que costaron la muerte, la tortura, el desaparecimiento, el exilio, la prisión de más de cientos de miles de chilenos.
El esquema es obvio: enlodar a los jueces y amenazarlos, obtener la supensión de las acusatorias de reo y las órdenes de detención para luego obligar a que los exámenes médicos resulten en la imposibilidad de juzgar a Pinochet. Ello, acompañado de amenazas de fracaso de la Mesa de Diálogo y chantajes sobre sus resultados, exigencias al gobierno de soluciones políticas que consagren el punto final, el cierre, la vuelta de hoja o como se le quiera llamar.
Nada de lo que ha pasado recientemente en relación al caso Pinochet -como los cambios de jueces y de abogados del Consejo de Defensa de Estado, desistimiento de éste de apelar ante la Corte Suprema por el recurso de amparo en favor del acusado de la máxima resposabilidad por los crímenes, la exigencia de convocar al Consejo de Seguridad Nacional- escapa a la misma estrategia destinada a asegurar la impunidad definitiva y general (R). Para ello se ha actuado de una manera claramente inconstitucional, antiética y contraria a los valores e intereses del país.
Porque pareciera olvidarse que el problema no es, como dicen algunos, que se acuse y, eventualmente condene a un ex-jefe de Estado o a un ex-Comandante en Jefe del Ejército. El problema de fondo es que haya habido un Jefe de Estado, que llegó a ese cargo usando su investidura de Comandante en Jefe del Ejército para tomarse el poder a sangre y fuego, y que haya perpretado los crímenes horrendos que se le imputan y que todo chileno en el fondo de su conciencia sabe que los cometió.
No aclarar y castigar esto equivale a decir que a Hitler o Stalin no se les podría haber juzgado por haber sido Jefes de Estado. La señal que se le envía al país es: si usted tiene poder, puede hacer lo que quiere. Y eso en todos los ámbitos de la vida, porque quien puede lo más, puede lo menos. No habrá país viable si prima la impunidad de los más altos responsables de los crímenes cometidos bajo la dictadura. Eso es lo que está en juego. No un problema del pasado, estrictamente un problema del futuro
Y por eso llama la atención que el gobierno, de cuyo Presidente me declaro el más ferviente seguidor, no haya entendido esta situación y esté dejando pasar la ocasión de mostrar que ni el Estado ni el gobierno son neutros en materia de justicia. Que no es sólo cuestión de asegurar que las «instituciones funcionen» formalmente, sino que ellas deben expresar los valores y principios éticos para los que fueron creadas, en este caso, la verdad, la justicia y la reparación.
Y si las instituciones judiciales funcionaran normalmente pero no cumplieran con estos principios y valores, entonces sí el gobierno y el Estado debieran buscar una solución política. Y esta sólo puede ir dirigida a evitar la impunidad y asegurar la verdad y la justicia.
Ninguna presión de las Fuerzas Armadas puede sacar al gobierno de esta responsabilidad. Y todos sabemos que esas presiones han sido ejercidas con dureza sobre el gobierno. El no es responsable de ellas, pero sí debiera informarlas al país y no desdibujarlas con un discurso sobre una normalidad que todos saben que no existe.
Tampoco es conveniente que se hable tanto respecto de la independencia de los Tribunales y del funcionamiento de las instituciones, cuando, por otro lado, a todo el país le consta y es un secreto a voces que el gobierno ha ejercido presión sobre el Poder Judicial en términos favorables a la obtención del sobreseimiento de Pinochet.
Si el gobierno explicara que no le quedaba otro recurso, lo que puede ser discutible, entonces quizás podría entenderse, aunque difícilmente aceptarse. Pero lo que al país le cuesta entender es que este gobierno en el que tiene tanta confianza y esperanza por la envergadura intelectual y moral del Presidente Ricardo Lagos, actúe parecido al gobierno anterior, como si le molestara el problema de los Derechos Humanos. Y menos podría entenderse un doble discurso en esta materia, cuando siempre se ha dicho que se quiere hablar con el lenguaje de la verdad.
No olvidemos que lo que está en juego es la existencia misma de un país que, porque reconoce y castiga los crímenes cometidos desde el Estado contra su gente, puede mirarse como comunidad hacia el futuro.
