Probablemente las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores cruciales de la economía moderna. Junto con las nuevas tecnologías de información, se cuentan entre las principales fuentes de competitividad de las economías.
En Chile, las telecomunicaciones han presentado un significativo desarrollo en los últimos años. No obstante, ha ido quedando en evidencia la necesidad de modernizar el marco regulatorio para facilitar la incorporación de nuevas tecnologías. Sin embargo, el ambiente conflictivo que ha predominado en este campo ha hecho imposible avanzar en este campo, y lo que es más grave, ha llevado a una cierta pérdida de dinamismo de la industria.
El objeto del presente artículo es analizar los problemas del sector. Será seguido por dos más, en los cuales identificaremos los desafíos que enfrenta la industria y propondremos una agenda para la presente década.
Un diagnóstico de la situación actual
Una revisión retrospectiva del desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Chile en los últimos años permite constatar avances importantes: nuestro país destaca en el continente por el acceso de la población a los distintos servicios y por la profundidad que ha alcanzado el mercado.
No obstante, la industria enfrenta dificultades para seguir dando cuenta de los nuevos desafíos. No tenemos una marco adecuado de resolución de los conflictos que generan la dura competencia y la introducción de las nuevas tecnologías. El desarrollo de mecanismos ágiles para la concesión de licencias que permita un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías choca permanentemente con el temor que ello sea sólo una excusa para reducir la protección de la competencia.
Estas dificultades conducen a que la lucha propia de mercados competitivos derive en judicialización extrema, y como consecuencia, toda decisión administrativa se enreda provocando graves atrasos en la incorporación de nuevas tecnologías y en general en la toma de otras decisiones.
La insistencia de Telefónica CTC por modificar su decreto tarifario impidió avanzar en la modernización del marco regulador en el curso del año 2001. Paradójicamente, el traslado al ámbito judicial de esta controversia puede ayudar a despejar el camino para una política pública adecuada.
Los distintos problemas han generado desconfianzas que dificultan aún más enfrentar la solución de los viejos problemas y los nuevos desafíos que traen las nuevas tecnologías. Se suma a lo anterior la crisis que vive la industria internacional de las telecomunicaciones, que amenaza con agravar nuestros propios problemas.
La política desarrollada en la última década, orientada por la convicción que en el contexto de las transformaciones tecnológicas, el fomento y la protección de la competencia constituían los mecanismos más eficaces para disponer de telecomunicaciones modernas, fue decisiva para alcanzar el desarrollo actual. Es esa política la que explica, junto con el gran espíritu empresarial existente en la industria, los éxitos alcanzado por el sector.
En larga distancia (LD), esta política se tradujo en la introducción del multiportador asociado con el establecimiento de límites en la participación de algunos operadores en los primeros años, para permitir el desarrollo de los entrantes. En telefonía móvil, la no consideración de la LD y la fijación de altos cargos de acceso para asegurar el financiamiento de las redes corrió a parejas con la promoción de una fuerte competencia entre los operadores móviles.
En telefonía fija se optó por una política de Facility Based Competition, que se tradujo en la fijación de cargos de acceso diferenciales para las empresas locales. Se trataba de que los cargos de acceso reflejaran los costos efectivos de las diferentes redes, de manera de facilitar el ingreso de nuevos operadores para crear las condiciones para una operación competitiva del mercado que permitiera finalmente liberalizar el mercado. En esta misma dirección se planteó el concurso para la asignación de licencias del WLL.
También se buscó promover un uso más eficiente de las redes, al incluir en el decreto tarifario de Telefónica CTC la desagregación de redes. Sin embargo, esta política no se ha traducido en la posibilidad efectiva y generalizada de uso de las redes por parte de otras compañías.
Con esta política, la industria de telecomunicaciones de Chile alcanzó la madurez. No obstante, algunos problemas antiguos se han seguido arrastrando y enfrentamos otros nuevos, cuya resolución depende la suerte de las telecomunicaciones en la presente década. Sobre esto volveremos en la segunda y tercera parte de nuestro artículo.
* Master en Sociología y Doctor en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín, Alemania.
