Tal cuestión me parece absolutamente secundaria cuando se trata de proteger a potenciales víctimas en conflictos y perseguir a los responsables de dichos crímenes, sean de guerra o de lesa humanidad. Ä„Prioridad señores, cuál es su prioridad!
Ahora que parece que con el acuerdo firmado entre Chile y la Unión Europea entramos a otro estado de desarrollo, bien merece dar una mirada a aquello que resulta poco decoroso para la imagen internacional y que por cierto constituye un lastre para ese tan deseado despegue civilizador.
Resultará extraño para cualquier parlamentario europeo (ya lo es para muchos chilenos y chilenas) que a la par con las oportunidades que se abren para la economía y el intercambio cultural, aún se perciba cierto atraso en otras áreas internacionales, en particular en las que derivan del desarrollo del Derecho Internacional y la justicia internacional.
Europa en su integralidad ha suscrito y ratificado el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, mostrando al mundo su vocación por poner fin a las atrocidades que aún hoy persisten.
Con ello, Europa se hace eco de un desarrollo vertiginoso en materia de derechos humanos de las personas y, por cierto, de la construcción de una comunidad que no es sólo de Estados sino de ciudadanos. Su socio estratégico, Chile, presenta en cambio obstáculo tras obstáculo frente a instrumentos internacionales que protegen a la ciudadanía de los abusos, negligencias y discriminaciones en los que los Estados, por su naturaleza, caen una y otra vez.
El que Chile se imponga como estado-nación el desafío de estar a la par con los socios con los que dice estar a la par parece una tarea urgente. Mas aún cuando, como en el caso de la Corte Penal Internacional, ya existe un campo sobre el cual articular el camino: la reforma constitucional que se requiere para ratificar el Estatuto de Roma. Otros Estados en América Latina que no tienen el privilegio de esta sociedad con Europa ya lo han hecho y no ha resultado traumático, quizás porque piensan en el mundo y su inserción en él y no en intereses coyunturales o de corto plazo.
Si la reforma constitucional no es solo una excusa de la derecha para posponer la ratificación del tratado que establece la CPI, entonces no deberíamos esperar mucho tiempo antes de ver frutos concretos. Si lo es, parece evidente que tenemos un problema para avanzar en la agenda de inserción mundial, en concreto, la acción de los sectores conservadores que ven en este tipo de instrumentos una amenaza a la soberanía, a la nación, a la tradición cultural, a la idiosincrasia y a las instituciones judiciales.
Tal cuestión me parece absolutamente secundaria cuando se trata de proteger a potenciales víctimas en conflictos y perseguir a los responsables de dichos crímenes, sean de guerra o de lesa humanidad. Ä„Prioridad señores, cuál es su prioridad!
Sobre la Corte Penal Internacional, si la reforma constitucional para ratificarla no encuentra el apoyo que requiere, Chile enviaría una señal poco alentadora en materia de política internacional, ámbito en el que se han suscrito y ratificado prácticamente en su totalidad los instrumentos jurídicos internacionales de consagración y protección de derechos de las personas. Querría decir que a pesar de ser un buen socio comercial, económico y hasta cultural, en realidad no nos preocupa mucho que pase con asuntos como el genocidio, la tortura, la violación, el exterminio, la esclavitud sexual.
Se trataría de crímenes que deben resolverse en el seno de los Estados donde ocurren, sabiendo que históricamente no ha sido así y que por eso se ha recurrido a la creación de los tribunales internacionales ad hoc. Es en esta constelación de asuntos ético-políticos, de los cuales la Corte Penal Internacional lamentablemente no es el único ejemplo, donde Chile también se juega una imagen país y una credibilidad con nuestros actuales o futuros socios.
* Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada, Grupo Iniciativa Mujeres
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