Entender la imparcialidad del tribunal como «no comentar para parecer objetivo» nos lleva a que las decisiones judiciales, administrativas, políticas y en general, todas las instancias de decisión que importan la satisfacción de nuestros derechos, no puedan ser objeto de debate público y de un verdadero control racional.
Con atención he seguido las polémicas declaraciones y demás confesiones del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzmán Tapia, expresiones que -aún cuando no se diga- han provocado el disgusto de los miembros de nuestro más alto poder jurisdiccional y la alegría escondida de una parte importante de nuestra clase política.
«Los fallos de los tribunales no se comentan» dirían un político y un militar, «los jueces no hacen política» diría un ministro de Corte Suprema, pero lo cierto es que ni lo uno ni lo otro contribuye a dotar de verdadero contenido a nuestro forzado sistema democrático. Democracia que, dicho sea de paso, está lejos de constituir una verdadera instancia de debate, de consenso y de ejercicio legítimo de derechos fundamentales.
Frente a las declaraciones de Guzmán, premunidos de nuestra inconsciencia autoritaria, podríamos pensar que ha perdido la imparcialidad y que está entrando en un terreno indebido para un juez. De manera más grave aún, podríamos suponer que por el hecho de hacer públicas sus aprensiones acerca de determinados sucesos de nuestra vida política, por «inmadurez» u otras causas, ha desfigurado su función judicial y, por tanto, bien merecida estaría una llamada de atención, una amonestación o incluso más, su jubilación.
La libertad de expresión constituye sin duda para las democracias modernas una piedra angular, no sólo por los efectos positivos que genera la posibilidad cierta de que cada persona exprese en el fuero público sus distintas concepciones acerca de un cierto tema, un hecho, una ideología o simplemente una idea, sino porque permite que los verdaderos ciudadanos puedan ejercer un control real de sus autoridades hasta el punto de exigir que las decisiones que le corresponden a cada una de ellas estén dotadas de la debida imparcialidad y objetividad, aspectos inherentes a una legítima y eficiente gestión pública.
¿Son compatibles en una democracia moderna la función judicial y la actividad política, o de otro modo, ha olvidado el juez Guzmán con sus declaraciones la debida objetividad e imparcialidad que debe guardar un juez?
Las decisiones judiciales obedecen a un convencimiento que el juez construye a partir de las pruebas que las partes acompañan al juicio. Pero en los casos emblemáticos o en los «casos difíciles», como en todos aquellos procesos en que se asume que las consecuencias de los fallos afectarán a cientos de personas que no han comparecido al juicio, como el cierre de un vertedero o la paralización de la locomoción colectiva, o en los casos que importan la definición histórica, política o moral de ciertos hechos, como la censura de un libro o una película o la aplicación de la ley de amnistía, la labor del juez excede la razón de una u otra parte, no puede ser blanco o negro, y su contenido va a estar determinado inevitablemente por las aprensiones políticas, sociales y culturales que cada una de las autoridades que deben decidir adscriba para sí.
Los ciudadanos que acuden al amparo de un juez para exigir la debida protección judicial de sus derechos más elementales no pueden quedar entregados al arbitrio de sujetos que ejercen sus funciones de un modo oscuro, sin un control externo y que esconden sus aprensiones políticas o morales en argumentos técnicos, recursos, plazos y fojas.
Para esta clase de procesos, la sentencia del juez constituye una decisión política, y la posibilidad que los sujetos involucrados puedan fiscalizar la objetividad e imparcialidad de las medidas adoptadas se encuentra vetada, pues los jueces, en el ejercicio de su función jurisdiccional, no opinan, no hablan y no comentan.
Entender la imparcialidad del tribunal como «no comentar para parecer objetivo» nos lleva a que las decisiones judiciales, administrativas, políticas y en general, todas las instancias de decisión que importan la satisfacción de nuestros derechos, no puedan ser objeto de debate público y de un verdadero control racional.
El juez Guzmán ha hecho bien, la ciudadanía conoce sus aprensiones, y a partir de hoy está obligado a cuidar con mayor celo la objetividad y la imparcialidad al momento de resolver un caso, esto simplemente porque ha expresado su opinión. Más vale diablo conocido.
* Abogado.
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