Esperamos que nunca más un funcionario público se subordine a la orden ilegal de un superior; que nunca más se cuestione el rol y la autoridad de la Contraloría General de la República; y que se restituyan al Estado los fondos malgastados.
El Presidente Lagos, presionado por algunos partidos de la Concertación, ha asumido públicamente su responsabilidad por el gasto ilegal de 550 millones de pesos, destinados a la difusión de un spot para promover el Plan AUGE por televisión y radio, cuando ni siquiera había ingresado al Congreso Nacional alguno de los proyectos de la reforma a la salud.
El gobierno no tenía otra alternativa. Tanto las resoluciones de la Contraloría, como el fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago fueron categóricos y confirmaron que, efectivamente, un funcionario público había autorizado un gasto ilegal, transgrediendo la Ley de Presupuesto y generándole, por tanto, un daño al patrimonio fiscal. A partir de ese hecho, se ha iniciado un juicio de cuentas que podría comprometer el patrimonio personal del ex subsecretario de Salud, Gonzalo Navarrete, quien en su calidad de responsable administrativo deberá devolver esos 550 millones al Estado.
Celebramos el reconocimiento del Presidente; no obstante, sus declaraciones y la actitud de algunos de sus ministros han sido confusas. Lo que debió ser un claro mensaje de responsabilidad política, respeto a la institucionalidad y probidad administrativa, se ha confundido con solidaridades mal entendidas, en circunstancias que aquí la única solidaridad que procede es con la labor fiscalizadora de la Contraloría y con el interés de millones de chilenos para que los dineros malgastados se recuperen.
De manera que esperamos que se sobrepase la mera fachada comunicacional de admitir ante la ciudadanía la responsabilidad presidencial respecto de los actos del gobierno y, en definitiva, se le restituyan al fisco esos 550 millones de pesos. No vamos a aceptar que todo quede reducido a un tibio acto de contrición, probablemente destinado a bajar la presión de la opinión pública y a diluir los compromisos administrativos de los ex funcionarios involucrados y, al final de cuentas, nadie se haga cargo de pagar lo que se debe.
Ha sido un amargo y bochornoso trago para la Concertación. Amargo y todo, me parece que es necesario analizar serenamente lo que ha sucedido y aprender varias lecciones. Para empezar, nunca más un funcionario público puede subordinarse a la voluntad de una autoridad superior que lo esté obligando a ejecutar una acción ilegal. La primera lealtad de cualquier autoridad es con el orden institucional; el ex subsecretario pudo evitarse la difícil situación en la que se encuentra si, como lo establece la ley, hubiera representado, oportunamente, al Presidente de la República y al Ministro de Salud, la improcedencia e ilegalidad de la propaganda.
Luego, ha quedado confirmado que no pueden usarse recursos públicos para operaciones publicitarias destinadas a concientizar a la ciudadanía, o a sensibilizarla respecto de posiciones políticas oficialistas. El artículo 16 de la Ley de Presupuesto es muy preciso: los organismos públicos sólo pueden emitir avisos publicitarios cuando ello sea necesario para informar a los usuarios sobre la forma de acceder a sus prestaciones; y en este caso se publicitaron programas que se planeaba llevar a cabo en el futuro y que, de hecho, todavía no existen. Es obvio que detrás de un spot de esa naturaleza se escondía la intención del gobierno de contrarrestar la fuerte oposición a la reforma de salud de los gremios de la salud, particularmente del Colegio Médico.
Finalmente, y en buena hora, se ha fortalecido el rol fiscalizador de la Contraloría General de la República, cuya Ley Orgánica Constitucional establece que, en su calidad de jefe superior jerárquico de toda la administración pública del Estado, le corresponde fiscalizar la transparencia y el buen uso de los recursos. Una lección para el propio presidente Lagos, quien, tras la primera resolución en esta materia en noviembre del año pasado, se permitió llamar severamente al orden al Contralor y cuestionar su labor, porque contradiciendo sus instrucciones y ateniéndose a la ley, había confirmado la ilegalidad de la propaganda al Auge.
En toda esta historia la gran preocupación del PPD, el partido del ex subsecretario Navarrete, ha sido alegar ante los medios de comunicación que acá no ha habido enriquecimiento ilícito y, por tanto, que la honra de su militante está siendo injustamente cuestionada. Estamos de acuerdo, no ha habido enriquecimiento ilícito, pero sí se le ha generado un grave daño al fisco y, lo que es peor, a los usuarios del sistema de salud público, precisamente los chilenos más pobres. La pregunta que debe hacerse tanto el PPD como el gobierno y, sobre todo el Ministerio de Salud, considerando que es uno de los sectores fiscales más endeudados, es cuántas prestaciones dejaron de realizarse, cuántas intervenciones quirúrgicas fueron postergadas, cuántos insumos dejaron de cancelarse, etc.
Raya para la suma. Esperamos que nunca más un funcionario público se subordine a la orden ilegal de un superior; que nunca más se cuestione el rol y la autoridad de la Contraloría General de la República; y que se restituyan al Estado los fondos malgastados.
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