El estado del medio ambiente y de la gestión ambiental en nuestro país, es comparablemente mejor que a principios de los años noventa. Durante esta década se produjeron, en el marco de las políticas ambientales estatales, importantes avances como la promulgación de La Ley 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, y la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) en 1994; la formulación de una Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable, en 1998, y la creación de la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, en 1990, entre otros.
No obstante, el crecimiento económico alcanzado por Chile, durante las últimas décadas, ha generado y continúa provocando una alta contaminación ambiental, principalmente en los centros urbanos. Esta situación afecta los procesos productivos y la infraestructura económica-social, pero, sin duda, el impacto sobre la salud humana y el medioambiente son los aspectos de mayor preocupación.
Ante esta situación, resulta alarmante que la sociedad no cuente con la información adecuada para protegerse en su vida cotidiana y frente a fenómenos físicos y meteorológicos, tales como la inversión térmica o el efecto invernadero. Los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que respiran, beben y comen, así como la condiciones del medio ambiente.
Por esto, desde hace algunas décadas se viene impulsando a nivel internacional el desarrollo de los Registros de Sustancias Contaminantes, reconociendo así la necesidad de los países y de sus gobiernos de respetar el derecho de la comunidad a estar informada, y de participar en los procesos relacionados con la definición de las políticas ambientales.
Desde el 2002, la Conama, junto a representantes del sector público, privado, académicos y ONG’s, congregados en el Grupo Nacional Coordinador (GNC), vienen trabajando en la construcción de un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) para nuestro país.
El Registro permitirá recopilar, integrar y difundir periódicamente datos de los principales contaminantes emitidos al aire, agua y suelo, así como el transporte de sustancias peligrosas dentro del territorio. Además, identificará las principales fuentes de contaminación del país. De este modo, será posible monitorear el desempeño ambiental y poner a disposición de la ciudadanía antecedentes para prevenir riesgos ambientales y a la salud humana y animal.
En este sentido, la incorporación temprana de la sociedad civil y de sus organizaciones en el diseño, manejo y uso del Registro es fundamental. Esto, no sólo por constituir un medio de legitimación y transparencia en la construcción del sistema de información, sino también por lo fundamental que son las observaciones de la sociedad civil, para lograr una efectiva accesibilidad en el uso del instrumento.
Una ciudadanía mejor informada puede tomar decisiones fundadas y responsables para salvaguardar sus intereses y derechos. Asimismo, el aumento de las capacidades de las comunidades para manejar antecedentes sobre emisiones, puede generar un círculo virtuoso en el cual, mientras más y mejor informada esté la sociedad, su participación pasará de la mera denuncia, a la elaboración de propuestas concretas, viables y comprometidas.
Otro punto importante es que el acceso público a los datos sobre emisión y transferencia de contaminantes permite que un amplio espectro de actores (académicos, líderes de opinión, expertos, etc.) participe en el análisis e interpretación y aporte a las soluciones políticas, sociales y tecnológicas que se vayan planteando para la prevención y reducción de la contaminación.
Por lo tanto, el diseño e implementación del Registro debe constituir un ámbito interactivo de diálogo y trabajo conjunto entre la comunidad, el sector gubernamental, el empresarial y otros sectores interesados para compatibilizar responsabilidades en el acceso a la información y en la gestión ambiental.
*Paola Vasconi es coordinadora del programa de Medio Ambiente de la Fundación Terram.
