Los jueces de la Corte Suprema confeccionaron la terna para que el Presidente Ricardo Lagos escoja al sucesor de Juan Guzmán Tapia, el juez pionero post dictadura, que rompió con la ley de amnistía y sometió a proceso al ex dictador por su responsabilidad en los múltiples crímenes de los cuales se le acusa.
En tiempos de elecciones, en un contexto de lucha por la democratización plena de la sociedad, la nominación de un juez en una Corte de Apelaciones es de vital importancia para el futuro de la institución jurídica. Es la razón por la cual los ciudadanos chilenos necesitamos saber cuál es el historial público y profesional de los hombres de derecho. La única manera de hacernos una idea clara acerca de la significación social y política que los magistrados dan a la justicia así como al cargo público y al aparato de poder que la imparte.
Es necesario que el debate se abra en el espacio público, que los candidatos presidenciales se pronuncien, que se sacuda el polvo, y que un poco de transparencia se instale en el cenáculo del Poder Judicial. Porque la justicia es un Bien Común y aplicar la ley conforme al derecho es un asunto demasiado importante para ser privatizado y confiscado por un grupo de «expertos» cuyo comportamiento objetivo ha sido errático, subjetivo, clasista, y por lo tanto injusto.
Las recientes declaraciones del ex juez Guzmán(*) (acusado por algunos de sus pares de haber «traicionado a su clase») al más influyente medio impreso europeo de habla hispana, en el marco de la promoción de su libro, entregan pistas y elementos de primera mano para entender las maniobras innobles de los actores que se han jugado de cuerpo entero en el blindaje penal del ex-dictador. Al mismo tiempo constituyen una invitación a la acción ciudadana para influir en el curso de los acontecimientos.
Pese a las reformas y a los infaltables discursos ditirámbicos, el paisaje jurídico chileno no es reluciente, ya que no ha habido un «crecimiento» sustantivo en el plano ético-jurídico. Si hubiera que colocarle nota al aparato de justicia chileno, según estándares internacionales, sería difícil darle la nota de paso.
El progreso moral no está escrito en el firmamento, afirmaba Emannuel Kant. Menos aún en el campo de la justicia donde hay avances y retrocesos, siempre se está en presencia de estrategias jurídicas y de correlaciones de fuerza entre actores, que movilizan sus propios recursos para ganar. Y la asimetría en recursos y poder caracteriza a las sociedades que se afincan en el neoliberalismo.
Prueba de ello: el fallo de los ministros de la Corte de Apelaciones, Alfredo Pfeiffer, Cornelio Villarroel, Juan Muñoz Pardo, que por unanimidad dio término al procesamiento en contra del ex jefe de Estado Augusto Pinochet por el caso Operación Cóndor. Fallo que se apoya en el de la Corte Suprema.
En efecto, el Poder Judicial pierde oportunidad tras oportunidad para reconciliarse con su función social de contribuir a crear un sentimiento de justicia necesario para legitimar el régimen político democrático. Los jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones se niegan a romper con el cordón umbilical que los conecta con el pasado dictatorial. No tienen la voluntad de fundar derecho democrático abierto a los nuevos tiempos, menguando así la legitimidad del Estado de Derecho.
Es sabido que las decisiones que engendraron la Operación Cóndor y sus prácticas criminales consecuentes constituyen agravios a la dignidad humana -de jurisdicción nacional e universal- que no pueden quedar impunes. Desde una perspectiva histórica de los progresos del derecho y del espíritu de los recientes tratados vinculantes que Chile ha firmado, se impone un deber de reparación al daño social. Al no acusar recibo de ello la decisión de la Corte se ubica en los laberintos de un pasado cargado de renuncios al ejercicio del Derecho.
El argumento de la vejez y de la senilidad del susodicho no se aplican por la gravedad de los delitos impugnados al individuo y por el carácter ejemplar que tal juicio implica para el restablecimiento pleno del Estado de Derecho.
Retomando los términos del juez Guzmán, se podría decir que a los jueces de la Corte de Apelaciones no se les ocurrió construir «una figura jurídica creativa», considerando la dimensión de los crímenes cometidos y las pruebas existentes. Porque un juicio a Augusto Pinochet es necesario para asentar el peso del derecho como norma de convivencia en una sociedad democrática, cuyo objetivo es pacificar la existencia y erradicar la violencia de las relaciones humanas.
Ocurre que una parte importante de los jueces y su instancia superior la Corte Suprema (los «duros» según Guzmán) siguen siendo prisioneros de la lógica legal y de la cultura colaboracionista que ellos mismos diseñaron. La justicia que se supedita al poder de una dictadura se somete a la fuerza y al miedo, que por definición, no fundan Derecho. Al contrario, lo niegan.
El Derecho se construyó en sus orígenes creando protecciones a los individuos en contra de la autorictas y se refunda históricamente en tensión, subvertiendo o en ruptura, en contra de la arbitrariedad de un poder autoconstituido en plenitudo potestas, cortando amarras y dando cauce a una justicia que se reconcilia con los Derechos Humanos y las libertades civiles.
En vez de trabajar para relegitimar las instituciones y derechos democráticos que fueron sistemáticamente ignorados y vapuleados por esta misma judicatura durante el Estado dictatorial pinochetista, los jueces de la Suprema y de Apelaciones se han dedicado a construir un escudo de impunidad para Augusto Pinochet en su calidad de responsable político y autor intelectual de los peores crímenes de la historia de Chile.
Los jueces insisten en que el susodicho «no tiene la capacidad procesal para ser sujeto idóneo de un proceso penal»; sin embargo, las razones abundan para suponer que no está mentalmente inhabilitado para que se le haga un proceso por crímenes contra la humanidad. Porque mover cuentas y dineros sucios en bancos denota intención y proyecto, lo que implica estrategia y por lo tanto «sano» discernimiento. Sin rodeos; muchos son los políticos que se corrompen y trafican influencias, muy pocos son los que proyectan el asesinato de sus opositores. Para estos últimos, el sentido común y la razón jurídica recomiendan infligirles una pena ejemplar.
¿Alguien duda que un juicio a Augusto Pinochet por la Operación Cóndor rebalsaría el marco de sus crímenes y se transformaría necesariamente en un juicio político del sistema dictatorial y de sus alianzas y complicidades de clase? En un escenario como éste, el Poder Judicial y los actores políticos postdictadura que han trabajado en la operación rescate y blindaje del dictador estarían también en el banquillo de los acusados.
Llegado a este punto es donde las informaciones y antecedentes entregados por el ex juez Guzmán en una reciente entrevista a un medio europeo acerca del «juego de protección» de Pinochet se transforman en andanadas en contra del círculo de poder al cual perteneció y a las complicidades y actos contra natura para blindarlo.
Las informaciones que el juez Guzman entrega en su libro serán accesibles a la opinión pública europea y mundial. El juez Guzmán designa responsables de la operación rescate de Pinochet a los duros del Ejército y de la Corte Suprema, a ministros del gobierno de Eduardo Frei Tuiz-Tagle, a los gobiernos de la Concertación, al ex senador designado Santiago Sinclair, a abogados comparsas y a los innumerables nostálgicos del pinochetismo de la UDI y de RN.
El libro planteará serios interrogantes acerca del progreso real de un Chile triunfalista. El reverso de la medalla del Chile de los trípticos del FMI, la OMC y el BM. Los logros económicos del modelo y la gestión gubernamental serán empañadas por el déficit de justicia, por este evidente desajuste democrático entre crecimiento económico (con concentración de la riqueza y desigualdad indecentes) y una justicia inoperante y autista, incapaz de proyectarse en el plano global al movimiento universal de la justicia.
Una contradicción evidente que no se resuelve en el plano de las ideas sino en el de la acción. Para que la justicia se reconcilie con la exigencia democrática, algunos jueces deben ser los subversivos del derecho (al igual que Guzmán al crear la figura de «secuestro permanente»); los políticos deben probar su compromiso para con los valores democráticos comprometiéndose a promulgar leyes que democraticen la justicia; y, los ciudadanos … ya han hecho en buena media su parte, pues fueron los que con sus movilizaciones, entre el 80 y el 86, derrotaron políticamente a la dictadura.
Los candidatos, con o sin sonrisa, pero con la palabra argumentada, tendrían que explicarles a los ciudadanos sus proyectos de democratización de la justicia, y de lucha contra la desigualdad para combatir eficazmente la inseguridad ciudadana.
Sería un hermoso gesto del Presidente Lagos, si al término de su mandato explicara y justificara públicamente ante la Nación la designación del reemplazante del juez Guzmán, creando un precedente ¿Y por qué no indultr también, sin excepción, a todos los presos políticos (y sólo a ellos) que aún hay en Chile? Para contribuir a reparar una profunda herida social y tanta dignidad rebelde encarcelada.
(*) El País, «La Corte Suprema amparó los crímenes de la dictadura» entrevista de Ernesto Ekaizer a Juan Guzmán, Domingo 5 de junio de 2005.
*Leopoldo Lavín Mujica. Profesor del Departamento de Filosofía del CollÄge de Limoiou, Quebec, Canadá.
