La intranquilidad y ansiedad de la elite política contrasta con el espíritu de normalidad que exhibe la ciudadanía. Los solitarios protocolos del poder presidencial de los últimos días, las ácidas disputas electorales al interior de algunas de las tiendas gobiernistas, la inmolación colectiva de la derecha, la dura pugna política por un lugar cercano a Bachelet o el intento de cerrar la transición mediante una ley de indulto, pertenecen más a la psicología política que a la representación democrática.
Es efectivo que todos esos hechos tienen como detonantes aspectos específicos del régimen político, o situaciones muy concretas en el funcionamiento de los partidos y los grupos de poder organizados en torno al ejercicio de la política.
Sin embargo, a excepción del grave impasse generado por la iniciativa de indulto a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos, rechazado por más del 60% de los ciudadanos, todos ellos carecen de significación real para el común de la gente. Incluida la afirmación acerca del término de la transición hecha por La Moneda.
Es evidente que los efectos perniciosos del régimen dictatorial que sometió al país durante diecisiete años, no podían terminar de un día para otro ni tampoco durar eternamente. Pero el paso de una situación de excepción a una de plena normalidad democrática se vive, al mismo tiempo, tanto en la legalidad como en la cultura de instituciones e individuos. Y por lo tanto, la transición no es una línea continua, y no es raro que los ciudadanos tengan a veces una opinión más avanzada que la de sus gobernantes.
En muchos ámbitos, el paso a la plena normalidad institucional ha demorado mucho más que el cambio de las percepciones y opciones ciudadanas, generando un desajuste entre la conciencia ciudadana y la escenografía institucional que la democracia les ofrece. Parte de ello se refleja en que el esfuerzo de la elite política sólo alcanzó para un conjunto, aunque importante, todavía limitado de reformas a la Constitución, y para borrar la paternidad del dictador en nuestra Carta Fundamental, dejando pendiente la tarea de la Constitución del Segundo Centenario.
En los Tribunales de Justicia se vive en estos días un ejemplo paradigmático de estos atrasos o desajustes, con la investigación de la muerte del coronel Gerardo Huber Olivares, jefe de Adquisiciones de la industria FAMAE. Ocurrida en extrañas circunstancias, en 1992, mientras éste era investigado por un contrabando de armas a Croacia, en pleno conflicto de los Balcanes, el hecho fue adormecido por una investigación de los tribunales militares, que demoraron más de trece años para emitir una condena contra dos funcionarios subalternos.
La investigación actual ha entregado datos preocupantes sobre las presiones ejercidas por los altos mandos militares de la época en contra de los familiares del coronel Huber, y todos los antecedentes conocidos permiten conjeturar que estamos ante una asociación ilícita al interior del Ejército, para desarrollar una actividad criminal que perjudicó seriamente la imagen internacional de nuestro país.
Dada la relevancia del hecho, llama la atención que las autoridades civiles del Ministerio de Defensa de la época, y también del Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo que respecta a las autorizaciones de venta que se exhibieron como legales, guarden extremo silencio. Porque ellas fueron interpeladas en su oportunidad a dar una explicación y, salvo la destitución del entonces Subsecretario de Guerra, Marcos Sánchez, del tema nunca más se supo.
Efectivamente eran otros tiempos, y la atención estaba puesta en las relaciones y equilibrios con el entonces Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet. Sin perjuicio de ello, resulta notoria la falta de interés por introducir cambios en los procedimientos y controles, o impulsar la necesaria búsqueda de la responsabilidad del mando militar. Ni siquiera la muerte del coronel Huber, hoy investigada como homicidio, alteró la inconmovible autonomía corporativa de que gozaba el Ejército, el ambiente de impunidad en que se desenvolvían estos hechos, y las rutinas administrativas fuera de todo control normal que los caracterizaban.
Las autoridades civiles aceptaron de hecho -y lo siguieron haciendo hasta hace poco- la incertidumbre sobre una situación grave de corrupción. Que además de resultados de muerte para determinados ciudadanos, comprometió muy a fondo el honor y la disciplina del Ejército y la imagen internacional del país.
Las declaraciones del general Cheyre sobre la necesidad institucional de verdad en este caso, y lo actuado por el Ministro en Visita y el Consejo de Defensa del Estado, debe ser apoyado por la ciudadanía. Pero la verdad no debe estar orientada solo al esclarecimiento de la muerte de Gerardo Huber, de la acción ilegal de altos oficiales y de la responsabilidad del mando militar de la época. La ciudadanía también requiere saber lo actuado por la autoridad civil en su oportunidad, para entender porqué un hecho de tal naturaleza ha permanecido tanto tiempo en la oscuridad más absoluta. La verdad completa, que en este caso es sustancial para que las instituciones funcionen, debe considerarse como un elemento insustituible de la nueva escenografía de la democracia.
