Dos problemas aparentemente no relacionados han estado muy presentes en la discusión política del país: los relativos a la concentración económica, y la posibilidad de pasar a una segunda vuelta en la elección presidencial.
De manera inusitada, la concentración económica se ha puesto en el centro del debate. Repentinamente, connotados personeros del mundo empresarial y de la derecha han destacado y reconocido lo que muchos analistas venían señalando respecto de la concentración existente en diversas actividades económicas. El problema es evidente en industrias en que existe prácticamente solo un proveedor; Lan Chile, sin duda, es uno de ellos. Para que la concentración sea negativa, no es necesario que exista un solo productor; la posibilidad de colusión entre varias empresas de un sector puede generar efectos similares a los de un monopolio no regulado.
Es necesario reconocer que la concentración no es perniciosa en sí, ya que permite economías de escala que pueden derivar en menores precios para los consumidores. Pero ello se cumple siempre y cuando las empresas en cuestión estén sujetas a una fuerte competencia. No existiendo barreras de entrada, incluso un productor monopólico si opera de forma ineficiente o establece precios por sobre los competitivos, puede estar sujeto a la amenaza de entrada de otras empresas y operar eficientemente.
No obstante, la inexistencia de barreras legales de entrada no significa que ellas no existan. Puede, por ejemplo, una economía estar totalmente abierta a la importación de bienes, pero los costos de transporte dificultar una efectiva competencia. Lo que es más importante, es que una serie de actividades económicas, de creciente importancia para los consumidores y para la competitividad general de la economía, al establecerse relaciones de largo plazo con los usuarios, generan lo que la jerga económica denomina costos de cambio, esto es, la existencia de grandes dificultades para cambiar de proveedor del servicio, que reducen y hasta eliminan la intensidad de la competencia. Es el caso de la actividad bancaria, de las AFP de las Isapres y otros servicios públicos, en los que se requiere por tanto introducir significativos cambios, que faciliten la competencia.
Es claro que nadie está obligado a permanecer como cliente de un banco por ejemplo; no obstante, frente a una elevación sustantiva de los precios de las comisiones, un cliente no puede de un día a otro cambiar de institución financiera. Los trámites y papeleos requeridos para abandonar la institución e ingresar a la nueva, la pérdida del historial de buen cliente y los beneficios asociados al tiempo de permanencia tienden a disuadir al individuo a castigar a su banco frente a una elevación injustificada de precios. Algo similar ocurre con las AFP y las Isapres. Ello junto a la eventual colusión explica parcialmente las altas comisiones que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones. En las Isapres, la Fiscalía Nacional Económica ha presentado una acusación de colusión.
Asociado con lo anterior, aunque no existan barreras legales a la entrada, existen barreras de hecho, que limitan significativamente la entrada de nuevos operadores. Esto es negativo para el funcionamiento del sistema económico y para que los consumidores efectivamente se beneficien de menores precios. Las nuevas empresas traen consigo diversas innovaciones que pueden mejorar la calidad de los servicios y, para ganar mercado, pueden ofrecer precios menores a sus eventuales clientes. Sin embargo, en muchas actividades económicas es prácticamente imposible que entre una nueva empresa. Una empresa entrante enfrenta un mercado donde los consumidores ya tienen proveedores y, por tanto, deben despojarlos de clientes y para ello deben ofrecer mejores condiciones. No obstante, justamente son los operadores existentes quienes cuentan con economías de escala debido a su gran cartera de clientes.
Un nuevo operador entrante debe, en consecuencia, contar con gran fortaleza financiera que le permita operar durante el primer tiempo con un bajo flujo de ingresos. Es difícil además hacer conocida una marca y superar las típicas desconfianzas frente a lo nuevo y a lo desconocido. Y las empresas existentes emprenden acciones para hacer más difícil y costosa la entrada. Por todo esto es que a menudo, inversionistas extranjeros compran empresas ya existentes, con lo cual si bien ingresa un nuevo inversionista, se pierden buena parte de los beneficios que traería una la entrada de un nuevo operador.
Para que las economías de escala se traduzcan efectivamente en menores precios y, con ello, los salarios incrementen su poder adquisitivo, es indispensable que las empresas estén sujetas a una fuerte competencia y que continuamente se reduzcan las barreras de entrada que las empresas dueñas de un mercado permanentemente buscan generar. De allí que es necesario contar con organismos de defensa de la competencia, que tengan alta calidad técnica y cuenten con los recursos necesarios y que la autoridad política esté convencida de la conveniencia de estos cambios.
En Chile son indispensables políticas que efectivamente corrijan tales problemas sin poner en entredicho los logros alcanzados en los últimos quince años. Ello requiere una sólida conducción, equipos capacitados que propongan fórmulas inteligentes y viables y que gocen de un fuerte apoyo político.
A la mayoría de la población le resulta claro que Sebastián Piñera, propietario del cuasi monopolio de la aviación civil, o Joaquín Lavín, que cuenta entre sus principales apoyos importantes personeros vinculados a las AFP y las Isapres, no pueden tener un interés real por realizar estos cambios, ni gozan de la independencia necesaria para conducir las reformas que harían posible una economía más eficiente y más orientada a satisfacer las necesidades de los consumidores.
Algunos desde posturas críticas no valoran suficientemente la importancia de asegurar a Michelle Bachelet el apoyo político que significa ganar en la primera vuelta. No se pueden negar las razones que tengan quienes consideran necesario apoyar una oposición desde la izquierda, para establecer contrapesos a la oposición de la derecha. Pero otras consideraciones también debieran pesar respecto de brindarle el apoyo en la primera o en la segunda vuelta.
Si se valoran los esfuerzos hasta ahora realizados que han permitido gozar al país una significativa estabilidad política, los importantes avances en la lucha contra la pobreza y en materia de justicia, educación y salud, también debe verse cómo emprender los nuevos pasos que se requieren para hacer un Chile más justo y más solidario. La política de competencia puede y debe jugar un papel crucial en la reforma provisional y en la lucha contra la desigualdad. Para que el gobierno de Michelle Bachelet avance sustantivamente en estos campos, requiere un vigoroso caudal de apoyo político. Mayor será este de ganar en la primera vuelta.
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Eugenio Rivera Urrutia. Master en Sociología y Doctor en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Actualmente es profesor del CIDE (México) en temas de Economía Pública y Regulación y dirige un proyecto de la Cepal sobre competencia y regulación en Centroamérica y el país azteca.
