La última fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información acaba de finalizar en Túnez, dejando un resultado ambiguo e insuficiente. Con un bajo perfil público, que contradice la trascendencia política de sus contenidos, avanzó muy poco en aquellos temas reputados fundamentales: gobierno de la red de Internet, el resguardo de derechos humanos y civiles, y el acortamiento de la brecha digital mediante sistemas adecuados de financiación y desarrollo.
La demanda central de los países menos desarrollados es generar condiciones institucionales que permitan un acceso equitativo a las nuevas tecnologías, entendiendo que ellas son un requisito estructural de su desarrollo. Desde este punto de vista, los acentos están puestos en instrumentos abiertos que faciliten los accesos, antes que en temas de propiedad o protocolos tecnológicos cerrados, que pueden resultar en un nuevo tipo de marginalidad.
Esto tiene directa incidencia en un aspecto sustancial, referido al ámbito de los derechos humanos y civiles, como es la libertad de expresión. Ya en las reuniones preparatorias de la primera fase de la Cumbre, el tema había sido puesto como algo especial. En la "Declaración de Bávaro", de la Conferencia Ministerial Regional de América Latina y el Caribe, emitida en República Dominicana el 2002, se lee como uno de los principios rectores "la existencia de medios de comunicación independientes y libres, de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada país, es un requisito esencial de la libertad de expresión y garantía de la pluralidad de información. El libre acceso de los individuos y de los medios de comunicación a las fuentes de información debe ser asegurado y fortalecido para promover la existencia de una opinión pública vigorosa como sustento de la responsabilidad ciudadana, de acuerdo al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y otros instrumentos internacionales y regionales sobre derechos humanos".
Este reconocimiento implica la necesidad de vincular, mediante políticas expresas, el acceso a las nuevas tecnologías con una política de medios de comunicación amplia y plural. No sólo para contrarrestar situaciones restrictivas en materia de información o abiertamente violatorias de los derechos humanos, que afectan a algunos países, sino también como un fundamento de la libertad y la democracia en las actuales condiciones. La información pasa a constituir un bien público sobre el cual se asienta el desarrollo del resto de los derechos.
La velocidad y complejidad impulsada por las tecnologías digitales genera un sentido de cambio social que no puede darse al margen de una afirmación de las libertades públicas. En la actualidad, los intercambios de información y comunicación no sólo están intensificados, sino que las tecnologías sobre las que se asientan tienen un sentido convergente, juntando informática, información y comunicación. Así, los sistemas multimedia constituyen uno de los paradigmas tecnológicos del futuro, y el control de sus contenidos un poder de incalculable proyección.
Por lo mismo, los ciudadanos se encuentran más expuestos a la manipulación de conocimientos codificados por tecnologías cerradas, a los candados que provocan una desigual o monopólica distribución de la información y la comunicación, o simplemente al uso autoritario de las nuevas tecnologías con exclusivo afán de control social. El debate sobre conceptos como persona, ciudadano, comunidad y derechos civiles adquiere una inusitada relevancia y significación de acuerdo a las nuevas realidades.
La libertad de información se transforma en un elemento medular del conocimiento y control de ciudadano de la realidad política y social, en especial del funcionamiento transparente de sus gobiernos. A esto debe sumarse el hecho que este desarrollo tecnológico va crendo y profundizando una nueva fractura entre ricos y pobres. No sólo en el ámbito internacional sino también en el interno, al originar bolsones de marginalidad y analfabetismo tecnológico para enormes sectores de la población, que quedan sin acceso a los nuevos usos y procesos. Se cita como ejemplo internacional el caso de Africa, cuyo acceso total equivale al mismo de una ciudad Europea cualquiera.
Y si bien ello puede ser un espacio de cooperación entre entes públicos y privados, es el Estado, como garante de la equidad social, el principal responsable de integrar a la sociedad en torno a estos desarrollos, con una adecuada normativa legal y de fomento ciudadano.
Estos son, en parte, los temas revisados en la Cumbre de Túnez, la mayoría de los cuales simplemente quedaron en statu quo.
