La composición del cuadro de ministros, subsecretarios e intendentes, así como el hermetismo e instrucciones de silencio que han rodeado las decisiones de la Presidenta electa, constituyen un indicio de que su administración será el ejercicio de presidencialismo más duro y distante de los partidos políticos, desde 1990.
Lo anterior tiene dos connotaciones adicionales, no menores. Por una parte, una postura "conservadora" en materia económica, cuyo eje central es su vínculo a Expansiva y el carisma económico de Alejandro Foxley. Por la otra, una fuerte impronta liberal, en sentido amplio, que explicaría la radicalidad simbólica de ciertas decisiones, entre ellas, la envergadura de la renovación administrativa y de género, en comparación a lo hecho por los anteriores gobiernos de la Concertación.
Llama la atención, en todo caso, el protagonismo de la Presidenta en el diseño micro político de su gobierno, desplazando no sólo el viejo rol de los partidos de su coalición, sino incluso las competencias de sus propios ministros designados. Ello le reserva una cuota de responsabilidad personal para el momento en que eventualmente se produzcan los inevitables tropiezos o dificultades de una administración que se pone en marcha.
Ello sin perjuicio que, en política, el principio de la responsabilidad solo es atribuible cuando se está ejerciendo en propiedad el cargo y, por lo tanto, la viabilidad y solvencia del cuadro gubernamental se demostrará sólo a partir del 11 de marzo, cuando se inicie formalmente la gestión.
El ambiente de plena normalidad democrática y cambio cultural que vive el país, al parecer adecuadamente sintonizado por la Sra. Bachelet, permite también plantearse una interrogante sobre el funcionamiento gubernamental para los próximos meses. En específico, en lo que se refiere a su núcleo de articulación política, el cual no es visible hasta ahora.
El nuevo estilo ha impactado sensiblemente el sistema de relaciones políticas entre la Concertación y La Moneda, hasta hoy basado, principalmente, en un vínculo con los partidos. La renovación masiva de funcionarios, por fuera de las sugerencias hechas por los partidos y en franca omisión de las cúpulas concertacionistas, generó un malestar apenas contenido al interior de las tiendas políticas oficialistas, e instaló -potencialmente- un espíritu de fronda frente al nuevo gobierno.
Los canales primarios que ordenan las relaciones entre el Gobierno y el Congreso no son perceptibles en este momento, lo que impide calificar si existirá o no la fluidez necesaria para los acuerdos que el nuevo gobierno requiere en materia parlamentaria. Este es un problema eventual que tiene mayor significación debido a la mayoría de la Concertación en el Congreso, y a las fuertes inclinaciones autonomistas de la DC y el PPD.
Con todo, la atmósfera de expectativas generada por el nuevo gobierno es de abierta simpatía entre la ciudadanía, tanto por el aire de renovación que los nuevos nombramientos introducen en la política chilena, como por la forma en que la Presidenta electa está cumpliendo lo prometido durante la campaña.
