Gaetano Mosca, jurista y científico social italiano de la década del treinta del Siglo XX, bautizó a los profesionales de la política, como «clase política», utilizando para ello el
vocablo clase, que en los análisis marxistas y estructuralistas tiene otra acepción. Su seguidor, Robert Michels, demostró que en el caso de la socialdemocracia alemana, sus dirigentes se perpetuaban en los cargos y cambiaban de un lugar a otro, como por ejemplo un parlamentario que después pasaba a ser Ministro, Subsecretario o Presidente de una Federación sindical, para reaparecer después como parlamentario. Max Weber lo afirmó con
claridad en «La política como profesión». La sociología desarrolló una rama dedicada a las organizaciones y comprobó una y otra vez la «ley de hierro de la oligarquía» de Michels,
completada acertadamente por la más reciente psicología del poder.
La Concertación y sus Gobiernos, no son, lamentablemente, la excepción a esta selección cupular de los que aparecen tomando las decisiones. Hay demasiados nombres que venimos escuchando durante quince años, primero en algún Ministerio, después en el Congreso, luego en la jefatura de algún partido, para reaparecer en otro Gabinete, en la Dirección de un servicio importante o en alguna embajada. No se trata de una gerontocracia, no más, sino
también de un sector de treintones o cuarentones, cuyas caras aparecen con demasiada frecuencia en las pantallas de televisión, tan repetidas como los personajes históricos que ellos dicen reemplazar. Aquí cabe también la «efebomanía» que de vez en cuando ataca a los Gobiernos de la Concertación.
A buena parte de ellos la Historia del país que escribirán nuestros nietos, no les dedicará ni una sola línea. Pasan de un lugar a otro sin dejar mayor huella, con discursos tan vacíos
como repetidos, con programas que son disueltos por la realidad en poco tiempo. Alejados de la cotidianeidad del chileno común, creyéndose poseedores de la verdad absoluta, pontifican sobre todo y para todos La Concertación nos ha regalado una enorme acentuación de uno de los componentes de la Ley de Michels: la pertenencia a una familia vinculada al poder económico y político. Jefes industriales y comerciales, se trasladan sin más trámites que su voluntad o la voluntad de sus capos familiares a los puestos públicos y parlamentarios o de las altas finanzas nacionales.
El nombramiento de las personas que ya ocupan cargos en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, seguramente a pesar de sus esfuerzos, ha repetido estas prácticas propias de la clase política. Si bien es cierto que en el Gabinete nadie «se repite el mismo el plato», tampoco hay casi nadie de los nuevos nombrados que no haya tenido altas responsabilidades en los anteriores gobiernos de la Concertación. Los medios de comunicación nos han regalado pruebas documentales de esta realidad, como ha ocurrido con los subsecretarios de los gobiernos de Aylwin, Frei Ruiz-Tagle y Lagos Escobar. Todos, según ellos, aparecen en el Gobierno de Bachelet. Algunos justifican y aplauden esta práctica, pues permitiría que los
que ya han adquirido experiencia en los asuntos del Estado, la entreguen desde otro lugar.
Lo que es de dudosa moralidad es la «privatización» de los personajes políticos. De la gestión de complejos asuntos públicos -entre los cuales se incluían responsabilidades de
generación de normativas, evaluaciones y controles al sector privado- se pasan a la gerencia o los directorios de grandes complejos empresariales, nacionales y transnacionales. Con más
buena voluntad que se aplique, resulta muy difícil explicarse qué lleva a un profesional de «vocación pública» que estaba, por ejemplo, a cargo de las cuentas fiscales, a aparecer ahora
como «consiglieri» de empresas privadas de la minería, de los servicios o de la agroindustria.
Los nombres se conocen. El rey de los «privatizados», es el ex socialista Enrique Correa. Pero le hacen la competencia los Schaulsson, los Germán Correa, los Solari, etc. Claro que
la última guinda de la torta la supimos la semana pasada. La ex Intendenta de Santiago, la DC y esposa del diputado Carlos Latorre, Ximena Rincón y el socialista variante MOC (Mapu Obrero y Campesino) y ex Senador José Antonio Viera-Gallo, son ahora directores de la AFP Provida, la misma que ha propuesto aumentar la edad de jubilación de las mujeres.
Nada parece que se puede hacer para oponerse a la comprobada ley de la oligarquía en la variante chilena Lo único que queda es consolarse con la máxima gramsciana de que todos estos cambios no son más que anécdotas y menudencias políticas que no alteran el orden y reproducción del sistema. Triste consuelo para los que todavía pensamos que es posible construir sociedades justas y solidarias con la ética socialista.
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Antonio Cavalla. Médico y militante socialista. Ex presidente de la FECH.
