En el vértigo del debate presidencial del año anterior, la aspiración del gobierno de Ricardo Lagos de aprobar una mala ley de bosque nativo quedó sepultada, luego de una tenaz oposición de las organizaciones ciudadanas que, incluso, logró que todas las candidaturas coincidieran en criticar la propuesta. La iniciativa original parecía lo que el ex senador Rafael Moreno bautizó como «traje de payaso»: una serie de temas pegoteados en un proyecto que, al fin y al cabo, no satisfacía a nadie y tampoco cumplía con los objetivos de fomento y recuperación del bosque nativo.
Durante las candidaturas presidenciales resurgió, como tantas otras veces, la idea de una Ley Corta, iniciativa que ha sido retomada por la nueva administración y aceptada por la sociedad civil. Su principal característica es consolidar un proyecto centrado en el fomento al manejo del bosque, que deje fuera los temas polémicos como la sustitución y la corta de especies declaradas monumento natural, las cuales serán consideradas posteriormente en otros cuerpos legales.
Planteado el consenso hasta este nivel, debemos decir sin embargo que hay temas considerados impostergables por las organizaciones que históricamente hemos trabajado en la defensa del bosque nativo, sin los cuales el proyecto de ley definitivamente no cumple sus objetivos fundacionales.
En primer lugar, respecto al titulo IV del actual proyecto de ley referido al «fondo de conservación, recuperación y manejo del bosque nativo», nos parece que el mecanismo de concurso para otorgar las bonificaciones no beneficia a los pequeños propietarios, pues para ellos resulta engorroso y excluyente, y, por lo tanto, resulta ineficaz para los objetivos planteados en esta ley: la recuperación, conservación y manejo del bosque.
Por lo tanto, consideramos que la figura de concurso debería restringirse a los grandes propietarios y enfocar la ley hacia un mecanismo de asignación directa de recursos que beneficien a los pequeños propietarios, comunidades indígenas y rurales interesadas en la conservación y manejo sustentable.
Tal como está expresado en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, los campesinos de tierras agrícolas y forestales necesitan apoyo del Estado. Por esto, el proyecto debería estar enfocado a beneficiar preferentemente a pequeños propietarios, por lo tanto, respecto al fondo debería hacerse esta consideración. Esto implica, por ejemplo, contemplar mecanismos de asociatividad entre pequeños propietarios y un mecanismo de fácil acceso, expedito y transparente.
Respecto al monto anual que fije esta ley para bonificar las actividades de manejo de bosque nativo, éste debe ser al menos similar al que el Estado destina anualmente al DL 701, que es el cuerpo normativo que regula y bonifica las plantaciones forestales y es el que ha apoyado el desarrollo del sector forestal basado en plantaciones de especies exóticas (no nativas) . Por lo tanto, si el proyecto de ley efectivamente busca proteger, recuperar y fomentar el bosque nativo, debe generar incentivos económicos más poderosos que los que actualmente existen para las plantaciones forestales que se rigen por el D.L. 701.
Estas condiciones mínimas están planteadas desde una posición de colaboración, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido nuestro sector el que más ha empujado por una ley de bosque nativo. No hay que olvidar que esta propuesta ingresó en 1992 al Parlamento, pero la falta de voluntad política la ha mantenido entrampada hasta el día de hoy.
El interés en este tema planteado por Michelle Bachelet, cuando era candidata, es sólo el último capítulo de una deuda demasiado vieja de los gobiernos de la Concertación con la sociedad chilena. Esperamos que ahora, cuando ha terminado el periodo de las 36 medidas y los 100 días, el Gobierno aborde este tema de fondo y plantee una propuesta que, sin que haya lugar a dudas, beneficie la protección del bosque nativo y a los sectores sociales más vulnerables vinculados con él.
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* Flavia Liberona, coordinadora Red Bosque Nativo
