El tema de las irregularidades que se han descubierto en los Programas de Generación de Empleos, han propiciado el debate sobre situaciones tan delicadas como el intervencionismo electoral y las grietas que estos hechos provocan en la fe pública, en la probidad y transparencia de sus representantes y de los procesos democráticos.
Es así, como las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias estuvieron marcadas por una clara intervención por parte del gobierno, destinada principalmente a utilizar el aparato público en beneficio directo de los intereses electorales, situación que tuvo su máxima expresión en los programas de empleo financiados con recursos del Estado y destinados al activismo político.
Para lograr un esclarecimiento definitivo de esta situación y dilucidar quienes resulten responsables y para evitar una repetición de estos hechos, existen tres cauces fundamentales a seguir.
En primer lugar, existe una vía política, por medio de la Comisión Investigadora que trabaja en la Cámara de Diputados, a la cual se le encomendó que investigue, recopile, reúna y acopie todos los antecedentes relativos a intervención electoral, emanada de cualquier organismo público y elabore, de conformidad a sus facultades fiscalizadoras, un informe sobre la eventual intervención electoral del Ejecutivo, sus organismos y agentes en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. En ese marco, la Comisión ha realizado acciones de investigación, análisis y propuestas destinadas a cumplir con el objetivo propuesto.
Esta instancia está culminando su labor, luego de haber recibido las declaraciones de un sinnúmero de personeros que, de una u otra manera, están vinculados a la indagación, así como de quienes sostienen la acusación del mayor fraude en la intervención electoral, sobre todo, en la Quinta Región.
Un segundo camino es la vía administrativa, que se ha conducido, regionalmente y ahora, mediante una entrevista con la Contralora General Subrogante, Noemí Rojas, a quien se le ha planteado la urgencia con la cual la Contraloría Regional debiera pronunciarse acerca de la situación derivada de las irregularidades denunciadas y que sin duda, deberá arrojar que todas las actuaciones de los implicados se hicieron en contra de todo procedimiento, como se ha dictaminado con anterioridad.
Por último, la vía judicial. Todos los días están apareciendo sorprendentes situaciones que dicen relación con la aparición de nuevos elementos -en distintos sectores del país-, que demuestran irregularidades. En el caso de la Quinta Región, estos configuran claramente lo que es una Asociación Ilícita; son las mismas personas que aparecen en la cúpula; son los mismos intermediarios del ilícito, y el objetivo es ayudar a las candidaturas parlamentarias, del PPD y PS, y presidenciales de diciembre pasado.
Todos los requisitos que se plantean, para poder definir lo que es una Asociación Ilícita, se están dando de una manera irrefutable. Desde esa perspectiva, muy próximamente tendremos el puzzle completamente armado para poder determinar con claridad lo que la opinión pública ya intuye: que aquí ha habido una concertación para defraudar al Fisco con recursos destinados a la generación de empleos para los sectores más pobres de la población. Estos dineros se desviaron para cancelar activistas políticos. La pirámide está prácticamente determinada, lo que falta es colocar los rostros de personeros que aún faltan, quienes en definitiva tendrán que responder cuál ha sido su papel en esta materia.
En vista de esta nueva situación, es fundamental que todos los antecedentes sean investigados y derivados a los organismos que corresponda, ya que se originan dudas respecto de la forma de cómo se han manejado estos programas y se mantiene la interrogante respecto a si hay más casos de irregularidades o delitos cometidos.
Por esto, los resultados a los que llegue la justicia en esta materia están despertando un gran interés en algunos y temor en otros, aquellos que se beneficiaron del intervencionismo y abusaron de fondos públicos, y lo más grave, de la probidad y fe públicos.
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Sergio Romero P., Senador de la República (RN).
