Las irregularidades administrativas en Chiledeportes han derivado a un escenario de riesgo institucional. El descubrimiento de la empresa Publicam, dedicada a vender facturas falsas para arreglar contabilidades, trasciende largamente la contaminación de las cuentas de gastos electorales de ciertos candidatos ante el Servicio Electoral (SII). Pone en duda la actual solvencia del sistema de fiscalización y control del Servicio de Impuestos Internos, que debe explicar si las más de mil facturas timbradas a dicha empresa fantasma han sido informadas en el sistema y por quién.
En su primera prueba real y concreta, el sistema de financiamiento público de las campañas políticas demostró fallas importantes, varias de ellas imputables a actitudes poco éticas de algunos candidatos. Las cuentas hechas con documentos falsos o a través de mecanismos poco transparentes o -lisa y llanamente- dolosos, lesionan la fe pública y la confianza de los ciudadanos.
La contaminación puede ser mucho más profunda de lo que actualmente se conoce e involucrar a más políticos. Por lo tanto, se requiere diligencia extrema en la investigación y máxima transparencia. Es obligatorio que se tomen resguardos serios y drásticos para cuidar el buen funcionamiento del sistema electoral, que es un activo de nuestro Estado de Derecho.
Pero tanto o más preocupante es el destino de las muchas facturas habilitadas a Publicam, porque ellas pueden haber sido utilizadas como instrumentos de lavado de dinero o de evasiones tributarias significativas, incluso más dañosas que las relativas al gasto electoral.
Calificado como un organismo de excelencia de la administración pública chilena, el SII está en entredicho. Desde el punto de vista de los controles, no se explica cómo una empresa con tantos problemas de origen como Publicam logró timbrar tantas facturas, cuando es de público conocimiento que tales autorizaciones son muy restrictivas.
Aclararlo debe ser una tarea enfrentada por las instituciones públicas responsables y por la justicia, si los antecedentes lo ameritan, sin recurrir a ningún tipo de comisión especial (más o menos secreta, en su composición y en sus procedimientos), ni tampoco a acciones privadas de personajes poderosos, vinculados a querellas partidarias, cuyo efecto puede ser debilitar aún más la maltrecha confianza ciudadana.
Tampoco se requiere de operaciones de salvataje político, de mediadores o funcionarios del anterior gobierno, menos de aquellos que tuvieron directa tuición y responsabilidad en los ámbitos gubernamentales que hoy presentan problemas. Es necesario, de verdad, que las instituciones funcionen, sin interferencias ni buenos oficios de nadie.
Por ello inquieta una cierta inercia en La Moneda y la percepción de que el Gobierno carece de la pericia y fuerza política para ordenar a los actores y tomar el control de los acontecimientos. Ha omitido ser factor de ordenamiento político en su coalición, y su accionar se diluye en consultas reservadas y un hermetismo comunicacional que generan la sensación de prescindencia frente a la coyuntura.
