Los hechos ocurridos en la Provincia de Arauco, que causaron la muerte de un trabajador durante un operativo policial, constituyen un punto de inflexión en las relaciones laborales del país, no sólo por el tipo de coordinación sindical que exhibe el movimiento, sino porque éste madura como fenómeno social en adversas circunstancias legales y a pocos días de que diferentes sectores insistieran sobre la extrema inequidad entre el mundo del trabajo y el del capital.
Tal coordinación sindical es un hecho totalmente nuevo, que probablemente tenderá a generalizarse en el resto de los sectores productivos. Ya se había presentado el año pasado con los subcontratistas de Codelco.
La actual ley laboral no permite las negociaciones colectivas interempresas. Ello ha sido siempre calificado como una injusticia por los representantes sindicales, los cuales desde hace mucho desean terminar con tal restricción, sosteniendo que mientras los trabajadores están impedidos de negociar de manera ampliada o por rama, los empresarios pueden externalizar funciones y dividir -prácticamente sin límites- su cadena productiva, fraccionando el mercado laboral. De esa manera, sostienen, evitan tener al frente a sindicatos fuertes y pueden deprimir el valor del trabajo.
En el presente caso, la propia empresa Bosques Arauco pareció concordar con tales argumentos, al menos parcialmente, y aceptó hace 45 días estudiar el petitorio conjunto de los trabajadores. Lamentablemente, no hubo acuerdo en el plazo previsto (que venció el 30 de abril) sobre algunos puntos discutidos, lo que provocó la huelga y una movilización activa, que incluyó la toma de caminos, lo cual culminó con la muerte de uno de los trabajadores.
Tal hecho ensombrece un proceso que, aparentemente, estaba encauzado de una manera adecuada y pacífica. Como instrumentos, la huelga y las movilizaciones son un hecho frecuente en las controversias laborales, pero no impiden, o no deben impedir, que las conversaciones sigan su curso y se arribe finalmente a acuerdos aceptables para ambas partes.
Ello depende no sólo del talante y actitud de los negociadores y de su disposición al diálogo, sino también de la prudencia de la autoridad pública encargada de crear un marco institucional adecuado para que las negociaciones fructifiquen en un clima pacífico y de igualdad.
Esto último no ocurrió. La confusa y violenta actuación policial, que la autoridad política debe aclarar en forma urgente, se realizó en un horario de alto riesgo y en circunstancias poco propicias.
El resultado de muerte para un huelguista introdujo un elemento de extrema desconfianza, y ha generado en algunos sectores la percepción de que la acción policial fue provocativa y tuvo como objeto amedrentar a los trabajadores. Por lo mismo, es preocupante el tono inicial de prescindencia que adoptó el Gobierno y es de esperar que, junto con corregirlo, vaya hasta las últimas consecuencias en la determinación y persecución de las responsabilidades involucradas: las personales, las administrativas y las políticas.
