El último consejo asesor convocado por la Presidenta Bachelet para hacer propuestas sobre la equidad social termina de instalar un estilo de gobierno de asamblea que, sin opiniones claras sobre los temas difíciles, aspira a administrarlos a través de un consenso entre partidarios y opositores, en una especie de empate nacional que diluye toda diferencia de opciones políticas.
Es un hecho que el sistema político chileno obliga a acuerdos permanentes entre gobierno y oposición para viabilizar la solución de muchos asuntos. Particularmente aquellos que implican reformar leyes.
Sin embargo, ni la distorsión de la representación parlamentaria que genera el sistema electoral binominal, ni las mayorías parlamentarias precarias o los complejos quórum de aprobación legislativa debieran constituir un impedimento para que el gobierno exprese sus opciones sobre un tema en debate.
La gente espera que un gobierno responda a sus necesidades y no que haga expresiones testimoniales acerca de ellas. Pero también exige una orientación clara que les permita comprender las acciones de diálogo y los acuerdos que el Ejecutivo emprenda para alcanzar soluciones satisfactorias y viables.
Nada de esto tiene la política de los consejos asesores. La eclosión social del salario ético, instalado como tema central de la agenda política, incluso más allá de las justas expectativas de los propios trabajadores, siempre encontró una respuesta ambigua por parte de La Moneda. Y eso, pese a tener el aval de las iglesias y de vastos sectores de la población, lo cual le permitía al gobierno manifestar en parte o en todo, pero de manera nítida, su opción por la igualdad.
La designación del actual consejo viene a ratificar una vaciedad de política. Expresa un automatismo del consenso, que transforma al gobierno en una especie de ONG, mediadora entre sectores sociales, y no en expresión programática de una opción votada por la ciudadanía. Transforma, además, de paso a su ministro del Trabajo -que hasta hoy ha hecho la diferencia- en una anomalía dentro del Ejecutivo, e iguala oposición y oficialismo en un neocorporativismo que diluye la responsabilidad de los actores políticos.
Peor aún, más allá de la anemia gubernamental, la composición del consejo es un epítome de la antiinclusión, pues pese a la gran cantidad de sus miembros, constituye un deja vů de la elite política, al que le faltan los actores principales del tema -empresarios y trabajadores- sin los cuales no hay ni solución ni acuerdo.
Es posible que la idea del consejo asesor haya sido adecuada para que, en su momento, el gobierno estabilizara el problema y tomara su conducción tras la propuesta de un salario ético hecha por la jerarquía de la iglesia Católica. Pero el asunto es político y requiere conducción política. En la urgencia inmediata, tiene que ver con aumentos de salario y con negociación colectiva, que son las banderas de la CUT para la huelga nacional del miércoles 29 de agosto. Sería lamentable que, frente a estas propuestas, el gobierno sólo tuviera como contestación una mera política de orden público.
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