La incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano en contra de un campamento clandestino de la guerrilla de las FARC es el hecho más grave de escalamiento del conflicto interno que desde 1964 asuela a Colombia.
La precisión política y militar con la que fue ejecutada y la reacción de Bogotá al explicar los motivos de su violación a la soberanía vecina están fuera de la lógica de cooperación que habitualmente se ha mantenido en un litigio que ya dura más de 40 años.
Ecuador manifiesta razones para sostener la legalidad de lo actuado por sus autoridades al buscar diferentes mecanismos para evitar que el conflicto ingrese por su frontera, porque debe soportar no sólo el peso económico de una seguridad redoblada, sino también la carga de miles de refugiados que huyen de la violencia y el desgobierno en Colombia.
Entre tales acciones, está el evitar que los guerrilleros penetren con armamento pesado a territorio ecuatoriano, que no lo usen de base de operaciones contra Colombia e intentar usar todas las oportunidades para contribuir a que se generen condiciones de paz, lo que debe hacer sin interrumpir ni perjudicar las relaciones de amistad y cooperación con los países limítrofes, incluida la militar. En lo que va corrido del largo conflicto, en más de una oportunidad han sido las propias autoridades colombianas las que se han servido de los buenos oficios de sus vecinos, no sólo los ecuatorianos, para concretar acciones humanitarias.
De ahí que lo ocurrido en días pasados, y que terminó con la muerte del segundo hombre del mando guerrillero, haya indignado sobremanera al gobierno ecuatoriano, cuyo presidente decidió romper relaciones con Bogotá, e inició una fuerte acción diplomática a nivel regional, OEA incluida.
El cambio de actitud colombiana al violar la frontera y luego crear la imagen de una connivencia entre los guerrilleros y las autoridades políticas ecuatorianas tiene por objeto intentar contrarrestar la aparente decisión de sus vecinos, especialmente Venezuela, de otorgar el estatus de beligerante a la guerrilla, lo que permitiría someter el conflicto a cierta regulación internacional. Luego del éxito de la liberación unilateral de rehenes por parte de las FARC, que evidentemente no contó con la simpatía de Uribe, el camino quedó despejado para tal acción.
El líder guerrillero muerto era precisamente el encargado de las relaciones internacionales de las FARC y quien llevaba adelante con mayor fuerza la estrategia de reconocimiento político a nivel mundial. Su modelo, declarado muchas veces, es el mismo del que hizo posible la paz en Centroamérica en los 80, cuando países como Francia y México brindaron reconocimiento de beligerantes al Frente Sandinista y al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Por cierto, este modelo no se podrá implementar eficazmente mientras las FARC no liberen a todos sus rehenes, dejen de secuestrar población civil y abandonen otras conductas vinculadas al narcotráfico.
Así, no resulta extraña la fuerza con la cual reaccionó el gobierno de Ecuador ante la acción militar de Colombia. En cambio, sí llama la atención, por lo destemplada, la actitud asumida por Hugo Chávez, quien durante la transmisión de un programa de televisión ordenó "en vivo y en directo" el envío de tropas a la frontera, constituyéndose así en parte del problema, muy lejos del estatus de Estado no interviniente que asumen los otros países de la región.
Para la diplomacia regional el dilema no es menor, especialmente para la Organización de Estados Americanos, que en lo que va corrido del conflicto es muy poco lo que ha logrado hacer, incluidos los temas humanitarios. El acuerdo alcanzado el miércoles en Washington para una declaración conjunta de Ecuador y Colombia, en la que este ultimo país reconoce su violación de soberanía a cambio de que Ecuador no lo demande internacionalmente, pone paños fríos a la coyuntura, pero no afecta el fondo del problema. Las fronteras continúan militarizadas a la espera de la comisión de inspección que, presidida por el secretario general del organismo, visitará la zona en los próximos días.
Todo indica que los acontecimientos seguirán un curso diplomático y comunicacional y parte importante del juego quedará entregado a la creación de imágenes y operaciones de inteligencia. En especial, porque hace rato que la doctrina de las amenazas asimétricas puso a Colombia en calidad de "test" de la seguridad en la región sudamericana. Según organismos internacionales, existen entre 1.500 y 2.000 asesores militares estadounidenses en funciones operativas en el país.
Se deben recordar un par de datos relevantes, a la hora de fundar una decisión de gobierno sobre el tema. El primero, que éste es un conflicto que viene desde 1964. Es decir, pertenece generacionalmente a una ola diferente a los conflictos actuales y si se ha estabilizado en el tiempo es porque tiene razones estructurales que deben ser ponderadas por la comunidad internacional.
El segundo, y relacionado con el anterior, es que ha sido el propio gobierno colombiano, hace más de 10 años, el que otorgó categoría de interlocutor político a las FARC, estableciendo una mesa de diálogo político sin presión internacional de ningún tipo, y eso, al menos formalmente, sigue vigente.
