El endurecimiento de la Unión Europea en materia de derechos civiles frente a los ciudadanos extranjeros excede largamente el carácter de un problema migratorio. Se trata de un conjunto de políticas que, además de transformar la migración en un delito, endurecen las jornadas laborales y generan restricciones en materia de derechos civiles, lesionando los derechos humanos.
De este giro, con fuertes rasgos racistas, no escapa ninguna fuerza política gobernante en Europa. Luego del voto socialista español para aprobar la directiva que permite detener inmigrantes ilegales hasta por 18 meses antes de expulsarlos sería un error considerar que la tendencia reinante es solo producto del avance de las fuerzas conservadoras.
Lo que hay es un retroceso político y doctrinario en el concepto de bienestar hasta ahora vigente en la Unión, del cual el tema migratorio solo es su arista más vistosa, pues durante el año 2007 se arrestó a más de trescientos mil ilegales.
Si se mira con atención, estamos asistiendo al surgimiento de un nacionalismo europeo de base burocrática, sostenido tanto por la derecha tradicional como por socialistas y laboristas. Que opera asentado en decisiones de baja legitimidad de entes burocráticos como la Comisión Europea, o baja representatividad como el Parlamento Europeo. Que tiene un concepto territorial excluyente y plantea leyes discriminatorias, totalmente a contramarcha de sus declaraciones sobre los flujos financieros globalizados y la liberalización del comercio. Es decir, que está muy lejos del ideal kantiano de la construcción de una democracia cosmopolita y más cerca de la arbitrariedad y el uso ilegítimo de la fuerza.
La discusión en torno a este Estado burocrático no es nueva. Ya estuvo en el centro de los debates con motivo del referéndum para aprobar la Constitución Europea, que muchos ciudadanos consideran un retroceso desde el punto de vista de sus derechos y garantías constitucionales, largamente elaboradas. Porque las nuevas tendencias que se expresan en Europa hacen evidente que el poder político actual desea replantear el tipo de contrato constitucional dentro de la Unión, homogenizando por la vía reglamentaria los derechos.
A la detención de inmigrantes ilegales hasta por 18 meses, se debe agregar el intento de extender la jornada laboral de cuarenta y ocho horas semanales hasta sesenta o incluso más, según las circunstancias, mientras que las políticas antiterroristas ya permiten en algunas partes de la Unión Europea que una persona pueda ser detenida hasta cuarenta y dos días sin que se le imputen cargos.
Es cierto que tales medidas golpean en primer lugar a los más débiles, que es precisamente la masa asalariada, compuesta por trabajadores emigrantes y sus familias. Pero sería un error pensar que tal reducción de los valores cívicos no tendrá efectos sobre la atmósfera global de derechos y libertades al interior de la Unión (y, por la vía del mal ejemplo, del mundo en general). Particularmente en épocas de crisis.
El problema que se plantea es entonces un tema multilateral de paz, democracia y derechos humanos, y no reciprocidad entre países a ser aplicada por las policías en los aeropuertos y fronteras. Así debe ser enfrentada por los países latinoamericanos, independientemente de que deben actuar sobre las causas estructurales para que su gente no migre.
Detrás de las vejaciones y malos tratos que policías -como la española- cometen en los aeropuertos en contra de extranjeros, entre ellos, ciudadanos chilenos, está el rastro de una institucionalidad política estatal orientada hacia la violencia para desalentar la inmigración. Los maltratos no son hechos fortuitos, corresponden a una pedagogía de la intimidación. Como también corresponde a una institucionalización del miedo la extrema "securitización" de la vida civil (y la libertad) de las personas, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Si los abusos se repiten y repiten, es porque sus autores gozan de impunidad.
