Por Sergio Romero*
El artículo periodístico publicado hoy por «El Mostrador», firmado por el periodista Miguel Paz, acerca de la Ley de Concesiones, es infundado y no responde a la realidad, en lo que respecta a mi participación en el delineamiento de una nueva normativa para el sector.
En efecto, han sido de público conocimiento las diferencias que hemos tenido con el titular de Copsa, en diversas áreas de la actual tramitación de la iniciativa.
Al revés de lo que se sostiene, mi posición ha sido divergente en varios aspectos esenciales. Basta con comparar los contenidos de las cartas publicadas por «El Mercurio», los días martes y miércoles de esta semana, para advertir las diferencias. Pero eso no es suficiente. Lo invito a revisar las actas e informes de la Comisión de OOPP del Senado, para interiorizarse de la real posición de «cada quien».
Hace justamente un año se inicio un acontecimiento trascendente en la existencia del sistema de concesiones que -si bien ha tenido éxitos reconocidos- no es menos cierto que requería de una clara y significativa modificación. Y no, precisamente, para detener las inversiones, que se han venido realizando, dentro de este modelo, sino justamente, para que haya un mayor equilibrio, tanto para los intereses del Estado, como de las concesionarias.
De esta situación, hemos sido actores, en cuanto a las modificaciones que se han concluido, en la Comisión de Obras Públicas del Senado, y que la Sala de la Corporación, conocerá dentro de los próximos días.
En esta virtud, debo precisar que detrás de este gran acuerdo político, que hubo -con el entonces Ministro de OOPP, Eduardo Bitrán y quien suscribe- hay una política de Estado, para justamente conciliar los distintos intereses, ir a una modernización y evitar situaciones que, si bien nadie podría catalogar como intencionales, si crearon una seria de situaciones que no fueron afortunadas, para el desarrollo ni el patrimonio del Estado.
Ha habido situaciones relacionadas con los procesos de obras extraordinarias y complementarias, que debieran haber sido previstas con anterioridad. Además se abordan las expropiaciones y, sin duda, hay atrasos y hechos que lamentar, en un proceso que naturalmente no podría ser perfecto.
A propósito de este desarrollo, quiero mencionar algunas ideas centrales de la iniciativa, donde han participado amplios sectores de la sociedad interesados en el mismo logro, y se ha escuchado a diferentes expertos, tanto universitarios como de la industria, y desde luego a la Cámara Chilena de la Construcción y a los concesionarios agrupados en Copsa.
Fue de este trabajo conjunto que surgió un acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado que, a nuestro juicio, permitiría modernizar y perfeccionar la legislación vigente.
Largo sería enumerar los mejoramientos impulsados desde el Senado a dicha iniciativa, los que se encuentran registrados en las actas e informes de la Comisión de Obras Públicas de nuestra Corporación y que se vinculan, entre otros, a introducir conceptos de indemnización similares al «Hecho del Príncipe», mejorar los mecanismos de solución de controversias, limitar porcentualmente las obras extraordinarias y dar un adecuado seguimiento técnico a las obras.
A propósito de algunas indicaciones aprobadas por la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, la Sala del Senado acordó que ellas fuesen conocidas antes del debate final por la comisión especializada. Los puntos a debatir en esta segunda revisión por parte de la Comisión de Obras Públicas dicen relación con temas muy puntuales referidos al Consejo Consultivo -que tenga efectivamente dicho carácter y que su integración sea tal vez menor a la consultada-, así como a la precisión en algunos aspectos relacionados con recursos legales que eviten la indebida judicialización de un proceso tan complejo como es la construcción de obras públicas.
Estamos ciertos de que, como ha sido la constante en el trabajo legislativo, primará la transparencia y se logrará la consecución de los logros que todos buscamos, para incentivar, en el futuro, el desarrollo de un sistema de concesiones que resguarde equilibradamente los intereses comprometidos y se desarrolle dentro de un marco de reglas de juego estables, eficientes y modernas, que incentiven de verdad la inversión privada en obras de interés público, dando a cada cual lo que le corresponde.
Este planteamiento no coincide con el pensamiento y la posición de las concesionarias que expresaron, a través de su presidente Herman Chadwick, una posición divergente en muchos aspectos. Desde esa perspectiva, nos ha parecido de la mayor importancia aclarar esta situación.
* Sergio Romero es senador de Renovación Nacional
