Pareciera, entonces, que la mas mínima instancia donde convergen autoridades y ciudadanía es sinónimo de que el Ejecutivo utiliza sus máximas autoridades y funcionarios para intervenir en el proceso eleccionario y modificar la preferencia de los electores…
Por Neftalí Carabantes*
La presencia de autoridades de Gobierno en actividades en terreno, constituye un hecho inherente a la función ejecutiva, entregando más y mejores herramientas a la sociedad civil, a través de la comunicación directa entre ciudadanía y gobernantes. En cualquier contexto, acciones de este tipo fortalecen el proceso de rendición de cuentas, la transparencia, y el ingreso de nuevas demandas a la agenda política. En suma, la democracia representativa se fortalece cuando la distancia entre gobernantes y gobernados es cada vez menor.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet ha revitalizado las formas de interacción entre el Estado y la ciudadanía. Es por eso que desde el primer día hemos estado en terreno, no desde un helicóptero, sino con full conexión con la gente, permitiendo a cada chileno y chilena ejercer su derecho a ser escuchado, a obtener explicaciones de sus autoridades, a ejercer su derecho a saber, en fin, de asumir el control social como corresponde en toda democracia que se precie de tal. Como corolario hemos promulgado una revolucionaria ley de acceso a la información pública o ley de Transparencia, por la cual todo habitante del país se transformó en un auditor social.
Nos asiste la convicción que gobernar de cara a la gente implica en definitiva “igualdad política”, en tanto, todos somos partícipes de los procesos de interpretación de los problemas y de la búsqueda de soluciones.
Sin embargo, en un año electoral, esta forma de gobernar tiende a transformarse en la estrategia perfecta para atacar al Ejecutivo. Pareciera, entonces, que la mas mínima instancia donde convergen autoridades y ciudadanía es sinónimo de que el Ejecutivo utiliza sus máximas autoridades y funcionarios para intervenir en el proceso eleccionario y modificar la preferencia de los electores. Ante estas aseveraciones, es primordial aclarar y delimitar algunos conceptos.
Para que quede claro, el intervencionismo electoral tiene como objetivo modificar la intención de voto, a través de la utilización ilegal de recursos públicos y propaganda desde las autoridades en ejercicio, cuestión que no tiene relación alguna con el contacto directo de las autoridades con la ciudadanía informando sobre sus derechos y captando sus inquietudes, lo que constituye una verdadera obligación. Así por ejemplo, los desplazamientos de la Presidenta, Ministros y Subsecretarios han permitido a los ciudadanos conocer los derechos que les asisten en materias, tales como, la Red Protege y el amplio sistema de protección social, cuyo pilar lo constituye la Reforma Previsional; o han permitido fiscalizar el estado de avance de los planes regionales de empleo e inversión, la ejecución presupuestaria regional, o los programas sectoriales en materia de salud, trabajo, seguridad o vivienda.
Tampoco es intervencionismo electoral levantar instrumentos cuantitativos de medición como el barómetro regional, que permiten indagar en las percepciones, actitudes y disposiciones de la ciudadanía hacia la acción pública regional, de modo de obtener señales oportunas sobre los requerimientos de la población en materia de descentralización. Estos datos van a permitir un feedback potente y representativo en la formulación de políticas públicas de mayor calidad y podrán ser usados tanto en este como en un próximo gobierno.
Menos aún puede considerarse intervención electoral el hecho que funcionarios públicos, expresen a título personal, su inalienable opinión o realicen actividades partidarias fuera de su jornada de trabajo. A este respecto, resulta del todo ilustrativo el público llamado efectuado hace días por el Sr. Contralor General de La Republica, “a que en este año electoral las denuncias efectuadas sean serias, fundadas y oportunas.”.
La ciudadanía hace rato que dejó de oír al que más grita o al que vocifera las denuncias más incendiarias. Nuestra democracia ha madurado lo suficiente para efectuar tal distinción.
A la oposición se le acaba el tiempo. En el olvido quedaron sus estrategias electorales levantadas durante los años 2007 y 2008, basadas en el “Cambio” y el “Desalojo”. Igual suerte corrió el pato cojo y las críticas respecto de nuestra marca inclusiva, ciudadana e integradora, frente al tratamiento de materias de Estado, siendo el tiempo y la eficacia de las políticas públicas implementadas las que demostraron la poca densidad de tales críticas. Valga señalar que si nuestra nave tiene un rumbo claro y el timón está en manos firmes –en medio de la peor crisis económica mundial de los últimos años- lo que menos quiere la gente son cambios o desalojar la protección social.
El Gobierno tiene clara su misión, las prioridades están ordenadas y el liderazgo de la Presidenta es reconocido por todos. El Ejecutivo, en año electoral o no, debe continuar ejerciendo sus funciones, cumpliendo metas y asumiendo, con responsabilidad y sin autocomplacencia, nuevos desafíos. Los resultados demuestran que la gestión del ejecutivo está por sobre cualquier retórica trasnochada. Nuestra fortaleza estratégica ha radicado en sortear exitosamente los obstáculos que se nos han presentado, y el país puede estar tranquilo que en las medida que aumenten las dificultades nuestra capacidad para resolverlas también crecerá.
El mundo vive un paréntesis duro y difícil, pero un paréntesis. Las crisis alimentan las turbulencias o abren el camino hacia una nueva era. Al final de este período comprobaremos que la mejor forma de enfrentar la tormenta habrá sido con un Estado activo y presente, al servicio del desarrollo humano y la protección social de las personas.
*Neftalí Carabantes es subsecretario general de Gobierno.
