El mercado, la propiedad, el capital o las finanzas están hoy al parecer en un escalón axiológico más alto que todo lo demás; más arriba aún si se trata de la etnia mapuche.
Por Pablo Salvat*
Como se ha dicho: muchos hoy nos sentimos en algo mapuche. La de Jaime Mendoza Collío es la cuarta muerte en el conflicto de la zona de la Araucanía. Las dos últimas han sido por disparos en la espalda. Se repiten pseudos-argumentos que ya creíamos no volveríamos a escuchar: se repelió un ataque peligroso; fuimos atacados con implementos que ponían en riesgo vidas de policías. Que son «violentistas» (todos los opositores a la alianza cívico-militar liderada por Pinochet lo eran también, por supuesto).
Pero el examen médico parece decir otra cosa: la bala habría entrado por la espalda del joven comunero. Este nuevo hecho de violencia desde el Estado ameritaría una reflexión sobre la forma represiva en que se han venido tratando las manifestaciones sociales, políticas o culturales de protesta o desacuerdo con el modelo vigente. No deja de ser doloroso constatar una deriva represiva, cuya última perla es la aprobación parlamentaria de la idea de legislar para castigar las manifestaciones en las cuales se puedan generar daños hacia la propiedad pública o privada. ¿Por qué el gobierno y la elite política se arroga pretensiones tales que le permitirían, incluso, limitar y condicionar la libertad de expresión y manifestación de los ciudadanos?
El soberano principal en una democracia es el propio pueblo autoorganizado; el único que en principio podría ponerle limites a su propio accionar y al de sus representantes. En fin. Ello pasa por ir más allá de la impunidad y el encubrimiento cuando se ha actuado injustamente. Eso implica asumir que también desde el Estado pueden desatarse acciones represivas que no tienen otra justificación que el ejercicio indebido de una fuerza que es pública. Como tantos repiten: no será la represión de Carabineros u otras fuerzas el medio que enderezará un histórico conflicto. Es una vergüenza que la democracia en que vivimos sea incapaz de encontrar vías apropiadas para avanzar hacia nuevas posiciones y acuerdos mutuos en este tema, que vayan más allá de la supeditación al poder económico y su expresión legal: por eso es tan importante abrir paso al diseño mancomunado de una nueva Constitución.
Una doble discriminación ha sufrido este pueblo: primero, fueron despojados de sus tierras -claro, no por acuerdos racionales precisamente-, después, han sido permanentemente excluidos y mal tratados desde las elites, sea económicas, políticas o culturales. Siempre vistos como habitantes de segundo nivel; sometidos a diversos estigmas propalados aquí y allá. Con los peores trabajos. Las más bajas remuneraciones. No solo el pueblo mapuche. También las otras etnias, las que habitan en el norte, en el centro o sur del país. La reivindicación que mueve a los pueblos originarios en la actualidad, se ha visto realzada por la nueva conciencia de pertenencia étnico-cultural, que se manifiesta a nivel global y que ha desafiado el monolitismo del Estado-Nación.
Estas reivindicaciones han encontrado muchas veces solución con un adecuado reconocimiento a su existencia y particularidades, en un marco general de principios políticos comunes. Pero acá ello no ha sido posible hasta ahora. Un ethos permanente de trato injusto y de desconsideración lo impide. Quizá por eso mismo los líderes de esas comunidades están cansados de promesas y largas esperas. Ad portas del Bicentenario nuestra democracia duramente recuperada sigue mostrando sus encuadres limitantes y su tendencialidad autoritaria pro-mercado y propiedad privada. Su estructuración unilateral, meramente delegativa o electoralista.
Sin embargo, en democracia, la razón política y el ideal de justicia e igualdad, tiene que partir por proteger a los más desconsiderados y desfavorecidos y no a la inversa. El mercado, la propiedad, el capital o las finanzas están hoy al parecer en un escalón axiológico más alto que todo lo demás; más arriba aún si se trata de la etnia mapuche. Con ello se muestra la escala de valores que prima en el derecho y la política actual. No hemos visto decir algo importante a los candidatos Piñera, Frei o Enríquez-Ominami sobre este asunto. Pero no solo eso. También son discriminados en los medios de opinión pública. En ellos la información de los hechos es sesgada y parcialista, y con tendencia a estigmatizar el accionar de esas comunidades con rótulos que ya vimos en escenas hace varios años atrás.
Al mismo tiempo, parece que a la sociedad tampoco le importa mucho. Mientras los que mueran sean del pueblo mapuche no parece tener mucha importancia. Ayer se decía: mientras el que muera o sea exiliado sea comunista, marxista o algo parecido, estará bien pues oiga. Las palabras de Violeta Parra siguen de plena actualidad: «Arauco tiene una pena/ Que no la puedo callar/ Son injusticias de siglos/ Que todos ven aplicar. Levántate Huenchullán/ Nadie le ha puesto remedio/Pudiéndolo remediar «. Y agregaba «(…) Ya no son los españoles /Los que los hacen llorar/ Hoy son los propios chilenos /Los que les quitan su pan (…)». Pero no se inquiete demasiado estimado lector, acá si que vivimos en un Estado de derecho democrático e igualitario, no como en otras partes.
*Pablo Salvat es académico, departamento Ciencia Política y RRII/ Universidad Alberto Hurtado.
