Exacerbar el control como única alternativa válida mediante el discurso de mano dura es empática con una ciudadanía ávida por respuestas de corto plazo.
Desde las diversas disciplinas que abordan la violencia y la criminalidad se ha sostenido insistentemente sobre su carácter complejo y multidimensional. A nivel global, los gobiernos intentan responder al problema a través de diferentes enfoques, mecanismos y políticas que buscan articular la prevención, el control y la rehabilitación como los principales ejes de trabajo. En este proceso han existido matices y énfasis que le dan un cariz particular al abordaje del fenómeno. Pero, históricamente ―y sin hacer un juicio de valor―, ha existido una primacía del control por sobre los otros aspectos mencionados.
Ello se explica, en parte, por la dimensión política que alcanzado la seguridad pública. Es ingenuo desconocer este aspecto de la problemática delictual, tanto por las consecuencias y demandas de la ciudadanía por mayor seguridad como por ser un tema en disputa por los actores políticos, situación que se refleja de mejor manera durante las campañas electorales, especialmente en la última Presidencial 2009. Por su parte, el delito y los delincuentes han sido una de las banderas de lucha de la Alianza ―principalmente a través de la crítica constante y el discurso del fracaso de los gobiernos de la Concertación. De este modo, la última elección estuvo marcada por la radicalización en el discurso y en los contenidos, que se ha expresado a través de un mayor énfasis hacia el control y la respuesta penal como las principales medidas. El surgimiento de un “hombre fuerte” a cargo del tema, el discurso utilizado por las autoridades, el nombramiento del nuevo jefe de la División de Seguridad Pública como también de ex fiscales del Ministerio Público en cargos relevantes son consecuentes con esta línea.
[cita]Exacerbar el control como única alternativa válida mediante el discurso de mano dura es empática con una ciudadanía ávida por respuestas de corto plazo.[/cita]
Además, la Concertación dejó tareas inconclusas. Por una parte el déficit institucional del sector no permitió avanzar en una adecuada organización de las entidades responsables en búsqueda de respuestas más integrales. Sumado a la futura promulgación de la ley que creará el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se requiere urgentemente de una arquitectura institucional que permita la articulación efectiva entre las diversas instituciones públicas a nivel central y también la necesidad de descentralizar hacia los gobiernos locales para que puedan proponer alternativas considerando sus contextos territoriales y sociales, principalmente en la prevención social y comunitaria.
Los anteriores gobiernos no pudieron dar cuenta efectiva de los avances y logros alcanzados en materia de evaluación de los programas y políticas implementadas, centrándose solamente en el nivel de victimización como único indicador válido para evaluar el éxito o fracaso de sus programas. La tarea de la reducción de la criminalidad requiere de una mirada de largo plazo y, en ese sentido, la panorámica que entregan las cifras de victimización y denuncia no permite conocer cabalmente el funcionamiento de los programas ni mucho menos la dinámica del fenómeno.
En el actual contexto, la gran perdedora es la prevención. En el gobierno de Piñera se vislumbra el viraje hacia el fortalecimiento del control y la punición, principalmente por el descrédito que dan las nuevas autoridades a las medidas de largo plazo y que ―a su juicio― no están destinadas objetivamente a la reducción de las cifras de delito. Por su parte, la participación de la ciudadanía ―en el caso de ser considerada― no será un componente para propiciar el capital y cohesión social en las comunidades, sino más bien para articular la defensa ciudadana frente a la amenaza y el riesgo de la delincuencia.
El anuncio de la implementación de diversas tácticas como el marketing disuasivo, dispositivos GPS o el índice de vergüenza social corresponden a técnicas utilizadas en otros espacios más propias del ámbito privado permiten sostener el surgimiento de la “retailización” de la seguridad pública. Esto es un reduccionismo, porque la criminalidad tiene aristas que no pueden ser abordadas solamente con la respuesta penal y la creciente tecnificación del control. La experiencia internacional ha mostrado que la implementación de dispositivos y tácticas de esta índole no necesariamente implican la existencia de políticas públicas coherentes, sistemáticas e integrales como tampoco permiten asegurar resultados.
Exacerbar el control como única alternativa válida mediante el discurso de mano dura es empática con una ciudadanía ávida por respuestas de corto plazo frente a un problema que les urge, pero a su vez plantea dudas sobre el abordaje que realizará el gobierno en otros aspectos relevantes en el ámbito de la violencia y criminalidad.
