Un triunfo en materia laboral es un hito en sí mismo. Porque no es un triunfo fácil ni mucho menos un triunfo esperado. Este no es un gobierno con un ministerio del Trabajo fuerte –a diferencia de sus predecesores- y a juzgar por sus nombramientos sectoriales se trata de un tema que no formaba parte del diseño o agenda del Presidente. Sin ir más lejos, las complejidades mayores en estos temas han terminado siempre en manos de uno de los ministros fuertes de La Moneda.
Hace algunas semanas este medio destapaba la sorpresa y molestia de los grandes laboratorios por la agresiva y hostil negociación que padecían a manos del flamante director de Fonasa. En dicha nota y sin demasiado reparo, los laboratorios informaban -en off- que el trato característico de los grandes compradores (supermercados, cadenas de retail, mega-industrias, entre otros), es decir, la presión a proveedores para la obtención de las mejores condiciones de plazos, pago, precio y promociones, se había trasladado a otro voraz consumidor: el Estado.
Así, grandes laboratorios internacionales probaban algo de la agria medicina que cada día beben los pequeños proveedores que sucumben ante el poder omnímodo de las grandes superficies de venta y cuyo escaso margen se termina dividiendo entre éstas y el sistema financiero –algunas veces propiedad de los mismos dueños- que ofrece por una ventanilla la liquidez que las formas de pago a 120, 190 o más días quitan por la otra… Previo pago de algunos intereses, por cierto.
Recordé este caso a propósito de la incipiente discusión que se ha abierto sobre las condiciones laborales en Chile la que, aunque detonada por las escandalosas formas de trabajo develadas por la tragedia de la mina San José, forma parte de una deuda de arrastre de la clase política que es repactada año a año bajo la amenaza empresarial del desempleo y la pérdida de competitividad. Y curiosamente, en este gobierno plagado de empresarios y gerentes –o más bien, precisamente por ello- se presenta la oportunidad de poner la veracidad de dicha amenaza en duda.
[cita]La anterior administración congregó a técnicos y políticos a un esfuerzo (que devino en diagnóstico) bajo el rótulo de “comisión trabajo y equidad” en cuyas conclusiones está buena parte de lo que hoy vuelve a congregar a un nuevo grupo de expertos.[/cita]
Porque una forma de mirarlo es decir que, tanto por su condición de empresario como por el sector al que representa, el Gobierno de Sebastián Piñera carga con el peso de la prueba en materia de derechos laborales, lo que aunque cierto es sólo una parte del fenómeno. La otra arista es, si de verdad la actual administración responde cabalmente a su rol o función y enfrenta este debate regulatorio sin renunciar a sus creencias pero con la vista puesta en el mejoramiento sistémico de las condiciones de las grandes mayorías, podríamos estar frente al gran legado político de la “nueva forma de gobernar”.
El Piñerismo ha dejado entrever que tiene al menos las ganas de cruzar algunas fronteras simbólicas y apropiarse de banderas que históricamente han estado en manos de sus adversarios, sin embargo, en el Gobierno y su base de apoyo conviven –como en cualquier coalición de espectro amplio- visiones y liderazgos que difieren diametralmente en estas materias. En la Alianza hay sectores “duros” y éstos han saltado a apagar cualquier intento de desvío del Ejecutivo indistintamente de si se trata de pirotecnia o cambios de fondo.
Pero precisamente por eso es que un triunfo en materia laboral es un hito en sí mismo. Porque no es un triunfo fácil ni mucho menos un triunfo esperado. Este no es un gobierno con un ministerio del Trabajo fuerte –a diferencia de sus predecesores- y a juzgar por sus nombramientos sectoriales se trata de un tema que no formaba parte del diseño o agenda del Presidente y su equipo. Sin ir más lejos, las complejidades mayores en estos temas han terminado siempre en manos de uno de los ministros fuertes de La Moneda (Larroulet o Hinzpeter) y no sería extraño que en este caso puntual sucediera lo mismo.
Adicionalmente, los actores “duros” de lado y lado que habitan en los partidos y en el Congreso, no se sentarán a negociar con la ministra del ramo ni tampoco esperarán las conclusiones de una comisión para fijar posiciones. Por lo mismo tras el cascarón técnico de este tema se esconde una olla de presión política, cuyas tensiones deberán ser encausadas por quiénes no confunden la política con las políticas públicas.
En el campo persisten formas de trabajo que sonrojarían a un señor feudal, campean los “enganchadores”, la informalidad y la precarización. En las faenas industriales persiste el “hombro con hombro” y el retail tiene casi tantos empleadores como trabajadores. Las causas de esto son tan múltiples como dispares, pero están lejos de poder explicarse por la sola asimetría capital-trabajo. Nada de esto es nuevo, la novedad sería que un gobierno de derecha encabece el esfuerzo por hacerle frente.
No es necesario descubrir el agua tibia ni reinventar la rueda en estas materias. Sin ir más lejos, la anterior administración congregó a técnicos y políticos a un esfuerzo (que devino en diagnóstico) bajo el rótulo de “comisión trabajo y equidad” en cuyas conclusiones está buena parte de lo que hoy vuelve a congregar a un nuevo grupo de expertos. Por lo mismo, si la voluntad del Gobierno no es seguir coleccionando diagnósticos, aquí tiene un tema en el que si vale la pena asumir riesgos.
