Es necesario salir del caso a caso y abrir un debate de fondo sobre la estrategia de desarrollo económico sustentable a la cual corresponda una matriz energética que debe incorporar, como componentes esenciales, la eficiencia energética y el estímulo al desarrollo de las energías renovables no convencionales que por cierto deben superar el 8% de participación previsto hacia el 2014, por la opinión generalizada de los expertos.
Sin duda que lo ocurrido con la calificación ambiental de la Central Termoeléctrica de Barrancones sorprende en muchos sentidos y nos deja varias interrogantes planteadas.
En primer lugar la ubicación de este proyecto amenazaba la estabilidad de un área marítima costera protegida: Punta de Choros, es decir, para generar la necesaria energía eléctrica debíamos escoger entre mantener la biodiversidad o eliminarla. Las autoridades locales que participan en la COREMA de la región de Coquimbo eligieron autorizar el proyecto del grupo transnacional GDF Suez, pero la ciudadanía tenía otras consideraciones y prioridades.
No fue necesario un partido político o una autoridad eclesiástica, sino que espontáneamente, a través de las redes sociales y con la activa participación de los grupos ecologistas, la gente se organizó y protestó, dio a conocer su opinión, no aceptó eliminar la biodiversidad, entendiendo además que nuestro país tenía otras opciones, tanto para generar energía de maneras menos contaminante, como para ubicar otros territorios que no amenacen la flora y fauna de lugares protegidos, donde puedan crearse y ejecutarse proyectos energéticos.
[cita]¿Haremos las modificaciones legales pertinentes para zonificar el país y eliminar definitivamente del mapa a territorios prioritarios para la biodiversidad para proyectos contaminantes, sean de generación energética o no, como ocurre con algunos proyectos mineros?[/cita]
En segundo lugar, podríamos decir que otra cosa bastante inusual es que el Presidente Piñera, presionado por sus propias promesas electorales, “escuchó la voz del pueblo” e hizo personalmente gestiones para reubicar el proyecto de GDF Suez, pasando incluso sobre la institucionalidad existente, lo cual valoro, pero que deja en claro la urgencia de modificar las actuales normas mediombientales sea en materia de territorio que en las exigencias de emisiones más rigurosas, como lo había propuesto la ex Ministra Ana Lya Uriarte, y de utilizar nuevas tecnologías de punta que existen y que estos proyectos termoeléctricos a carbón o fósiles deben utilizar obligatoriamente para ser viables. Lo ocurrido, que ciertamente crea incertidumbre institucional hacia el futuro, demuestra que surgen otros canales, más allá de los tradicionales, para relacionarse con las autoridades y para tomar decisiones de Estado.
Además, el Presidente Piñera mandató a la Ministra de Bienes Nacionales a ubicar un terreno fiscal donde desarrollar el mencionado proyecto de termoeléctrica, para lo cual la Ministra Parot construyó un mapa con territorios en los cuales no debieran instalarse centrales termoeléctricas a carbón.
Con el basto conocimiento sobre el territorio que dicha cartera tiene, escogieron cuatro variables:
1.- Áreas Protegidas, de las diversas categorías reconocidas en el SEIA.
2.- Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad.
3.-Instrumentos de Planificación existentes y
4. Áreas de Desarrollo Indígenas.
El resultado nos habla de la protección de sitios paradisíacos, como Pan de Azúcar en la región de Atacama; Fray Jorge, en la región de Coquimbo; Rapa Nui o El Yali, en la región de Valparaíso; las Torres del Paine, en la región de Magallanes y Antártica Chilena, entre muchos otros, en las que figuran Parques Nacionales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Humedales, Áreas Marítimas Costeras.
Pero llevémoslo a cifras y entonces el mismo mapa no sólo nos arroja territorios, sino que nos dice que dentro de esta zonificación existen 11 proyectos de centrales termoeléctricas a carbón, con una inversión de US$ 15.351 millones, todos los cuales pudieran seguir la misma suerte de Barrancones.
Así las cosas, felicito la iniciativa del Ministerio de Bienes Nacionales, pues fue más allá de la norma y señaló que hay que ponerle límites y excluir de este tipo de proyectos a territorios prioritarios para responder a los compromisos internacionales sobre biodiversidad asumidos por nuestro país, a pesar que nuestra legislación, a través del SEIA, sí los permite. Pero esto nos deja a la vista varias interrogantes, tales como, ¿se aplicará de ahora en adelante el aforismo jurídico que indica “donde existe la misma razón debe existir la misma disposición”?; ¿seguirá el Presidente Piñera “escuchando la voz del pueblo” y pasando por sobre los procedimientos legalmente instaurados?; ¿haremos las modificaciones legales pertinentes para zonificar el país y eliminar definitivamente del mapa a territorios prioritarios para la biodiversidad para proyectos contaminantes, sean de generación energética o no, como ocurre con algunos proyectos mineros?; ¿serán los partidos políticos capaces de aunar su sensibilidad con la de la ciudadanía y defender una óptica sustentable que equilibre las necesidades energéticas con el crecimiento económico del país?; ¿qué pasará la próxima vez que la ciudadanía se manifieste y no sea oída?
En mi opinión, es necesario salir del caso a caso y abrir un debate de fondo sobre la estrategia de desarrollo económico sustentable a la cual corresponda una matriz energética que debe incorporar, como componentes esenciales, la eficiencia energética y el estímulo al desarrollo de las energías renovables no convencionales que por cierto deben superar el 8% de participación previsto hacia el 2014, por la opinión generalizada de los expertos. En fin, éstos son parte de los desafíos que el país tiene por delante y que marcarán la construcción de la historia de los próximos 100 años de la República.
