La Alianza por Chile finalmente está conociendo el “país real”, ese al que le negaron derechos, programas y recursos en el Parlamento, y debe hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones. Ya no es posible esconder la mano detrás de los gobiernos de la Concertación con la complicidad de la prensa.
En 1981 un grupo de presos del IRA (Ejército Republicano de Irlanda) inició una huelga de hambre reclamando status de prisioneros políticos y su derecho a vestir sus propias ropas, puesto que en las cárceles se les obligaba a vestir uniforme a rayas. Margaret Thatcher les negó el derecho a hacer ejercicio, a leer o a usar las instalaciones carcelarias si no usaban el uniforme, a lo que estos respondieron con la negativa a afeitarse, lavarse y mantener aseo en sus celdas. La escalada represiva condujo al inicio de una huelga de hambre.
El 1 de marzo de ese año, Bobby Sands, comandante responsable del IRA, inició una huelga de hambre que duró siete meses y en la que murieron diez presos entre el 5 de mayo y el 20 de agosto. El primero en morir fue Bobby Sands, tras 66 días. Lo que comenzó como un intento de Londres de criminalizar a los presos del IRA terminó criminalizando al gobierno de Margaret Thatcher ante los ojos del mundo.
¿Piensa el Presidente Piñera seguir el mismo camino con los 35 comuneros mapuche, algunos de los cuales ya han enterado 70 días de ayuno? ¿Ha pensado en las consecuencias que tendría la muerte de alguno de esos comuneros, no sólo para las familias de los comuneros en huelga y el pueblo mapuche, sino para su gobierno ante los ojos de los y las chilenas y del mundo entero?
[cita]La Alianza por Chile finalmente está conociendo el “país real”, ese al que le negaron derechos, programas y recursos en el Parlamento, y debe hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones. Ya no es posible esconder la mano detrás de los gobiernos de la Concertación con la complicidad de la prensa.[/cita]
No vienen al caso los golpes de autoridad –como doblar la mano a la oposición con un artículo en la modificación en la Ley antiterrorista que dificulta aún más poner fin a la huelga- ni el recurso a culpar a los gobiernos de la Concertación. Cualquier ciudadano o ciudadana bien informado/a sabe que el conflicto con el pueblo mapuche tiene sus
orígenes en la forma en que el gobierno chileno llevó adelante la llamada “pacificación” de la Araucanía, en como gobiernos como el de Ibáñez y la dictadura de Pinochet fueron arrebatando las tierras de sus comunidades y arrinconándolos en los cerros o en los bordes costeros. El senador Espina falta a la verdad cuando acusa a la Concertación de haber humillado al pueblo mapuche. No hay peores humillaciones que las que
infringió Pinochet a ese pueblo. En Chihuío, el monumento en homenaje a los detenidos desaparecidos de esa zona recuerda esos horrores.
Desde 1990, los gobiernos de la Concertación desarrollaron políticas y programas y promovieron leyes para terminar con la discriminación que ha sido objeto el pueblo mapuche y hacer justicia con ellos: con la entrega de tierras, la educación intercultural, los consultorios de salud interculturales, la prioridad en becas y trabajos, entre otros, aunque insuficientes para el pleno reconocimiento de sus derechos. Si no fue posible avanzar más se debió, en una medida importante, a la oposición sistemática de los parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional. Sólo el año pasado aportaron votos para la aprobación del Convenio 169 de la OIT, tras más de 18 años en el Parlamento.
Ahora en el gobierno, la Alianza por Chile tiene una oportunidad única: llegar a un acuerdo con los comuneros en huelga –que iniciaron su ayuno pidiendo juicios justos, igual trato con los “chilenos”-, convocar a un Acuerdo nacional en los hechos, no en las frases para la publicidad, y dar comienzo a un proceso que permita hacer justicia al
pueblo mapuche y reparar el daño acumulado por décadas, reconociendo sus derechos a la tierra, a la cultura, a participar de las decisiones que los afectan, por decir lo menos.
La Alianza por Chile finalmente está conociendo el “país real”, ese al que le negaron derechos, programas y recursos en el Parlamento, y debe hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones. Ya no es posible esconder la mano detrás de los gobiernos de la Concertación con la complicidad de la prensa. Piñera puede decidir: seguir o no el camino de Thatcher en 1981, pasar a la historia como verdugo o como constructor de paz.
