Como quien busca casar moscas con miel, el gobierno ha sorprendido con un presupuesto de educación superior aumentado. Contradiciendo anuncios iniciales de austeridad, la propuesta incluye un aumento superior al 12% en los recursos respecto del año pasado.
El truco está en que los ítems que registran un mayor aumento son aquellos a los que pueden optar también universidades privadas, con lo que se restringe el criterio de exclusión en torno al Consejo de Rectores a un cada vez más limitado monto de recursos, consolidando la igualdad de trato entre privadas y públicas, que ha sido uno de los puntos centrales para calificar la agenda ministerial como “privatizadora”.
Es natural concluir que universidades estatales, que se relacionan con el Estado de la misma manera que las privadas, concursando por los fondos, cobrando cada vez más a los estudiantes y generando ingresos propios, pierden en los hechos su carácter público.
Uno de los ítems que mas aumentan son las Becas (24,12%), lo que se debe casi en su totalidad a las propuestas de incentivo a las pedagogías. Sin embargo, la glosa nº3 que define cómo y dónde gastar estos recursos, establece que estos fondos pueden ser destinados a cualquier universidad privada autónoma acreditada.
A este paso, los montos correspondientes a ayudas estudiantiles, superan los entregados directamente a las instituciones, profundizando una lógica de financiamiento destinado a la demanda. Otro aumento considerable (53,92%) son los Fondos de Desarrollo Institucional, que según la glosa también dejan de estar restringidos al Consejo de Rectores. Esto, sumado a la apertura de las becas, le permitiría al gobierno poner un “piso” para implementar la misma apertura para resto de los recursos.
La diferencia entre los aumentos de los créditos con aval del Estado (18,58%) y el Crédito Fondo Solidario (3,84%) es otra señal política preocupante, que confirma las intenciones de sustituir un mecanismo por otro. El resultado es un mayor endeudamiento a través de la banca privada, con intereses tan altos que es más barato vender tu casa para pagar la universidad y contraer un crédito hipotecario para comparte otra, que pagarla a través del Crédito con Aval del Estado.
La glosa de aportes entregado a la Universidad de Chile por actividades de interés nacional, ahora incluye la exigencia de resultados (a diferencia de la glosa del 2010), lo que abre la posibilidad de que estos recursos puedan transformarse en los anunciados convenios de desempeño, con los que se ha planteado sustituir los recursos directos que hoy día reciben las universidades tradicionales.
Son graves noticias, porque el fomento del criterio de acreditación institucional para la adjudicación de recursos no asegura la calidad de la formación y en esa dirección está apuntando el MINEDUC. Muchas universidades no tienen las carreras debidamente acreditadas, por tanto no se asegura que los recursos estén bien invertidos y no terminen financiando el lucro o el desarrollo de proyectos educativos ajenos a los valores que debe promover el Estado. Hay instituciones que han sido acreditadas por un número de años mucho menor que otras y en función de una misión institucional menos exigente – la acreditación solo corrobora que su funcionamiento sea acorde a la misión, sin establecer criterios mínimos -. Esta diferencia entre calidad y rol de la universidad, no tendría expresión en la posibilidad de que le sean entregados los recursos ni el monto de éstos.
Por otro lado el financiamiento a la demanda en lugar de la oferta fomenta el alza de aranceles, perjudica a las instituciones regionales, que concentran estudiantes de menores recursos, y disminuye la posibilidad de que pueda fiscalizarse el uso de éstos, ya que ingresan por concepto de aranceles que tienen escasa o nula correspondencia con las necesidades de las universidades. Los estudiantes pagan un valor que, en algunos casos, no se condice con la calidad de la formación que reciben y que, paradójicamente, es menor en universidades tradicionales, que en su mayoría tienen mejor acreditación.
La competencia entre fondos que sean entregados en función de criterios de desempeño afecta la autonomía de las instituciones para definir la manera de utilizar los recursos en concordancia a su proyecto de desarrollo. Impide proyectar el crecimiento de las instituciones a largo plazo por la incertidumbre de que los recursos sean adjudicados. Va en perjuicio de las universidades estatales, que tienen una serie de trabas administrativas que dificultan la ejecución de los proyectos y por tanto podrían comprometer los resultados.
Por último, la posibilidad de que todo tipo de instituciones reciba recursos fiscales sin distinción, no permite el desarrollo de una educación pública financiada principalmente por el Estado, que lleve a cabo un proyecto de desarrollo nacional generado de manera participativa y en el que colaboren un grupo de universidades de excelencia académica, comprometidas explícitamente con el bien común, que puedan entregar la educación como un derecho promoviendo valores democráticos, y que no tengan como prioridad el lucro o el desarrollo de un proyecto educativo sesgado ideológicamente.
El presupuesto, efectivamente, incluye un aumento general de los recursos destinados a Educación Superior, que aún no expresa las necesidades reales del sistema para superar el autofinanciamiento, y tampoco permite proyectar un crecimiento que sea sostenido, en vías de alcanzar 1% del PIB para Educación Superior en cuatro años, como fue sugerido por la OCDE. Pero este aumento va acompañado de una aplicación de facto de la agenda del MINEDUC, saltándose los espacios de discusión solicitados por las comunidades universitarias y necesarios para hacer transformaciones a la institucionalidad o el financiamiento de la Educación Superior.
Esta agenda expresada en el Presupuesto 2011 en lugar de aumentar las regulaciones para el buen uso de los recursos, abre un flanco desmedido al mercado. Detrás de muchas partidas hay un intento de privatización con consecuencias desastrosas para la educación pública, y auspiciosos resultados para la educación privada, planteados de manera sigilosa y adornados con abultados números. No nos perdamos con los voladores de luces, las reformas que permitan el fortalecimiento de la Educación Pública y le devuelvan a estas instituciones su rol social, siguen ausentes de la agenda ministerial.
(Publicado en El Quinto Poder.cl)
