El Ejecutivo partió diciendo que se requería demostrar 5 meses de estadía en Chile en los últimos 8 años. Ahora nos dicen que basta con que una persona haya venido una vez en cinco años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso hay un vínculo más fuerte en alguno de los dos casos? No nos engañemos.
El Senado acaba de rechazar el proyecto de ley enviado por el Gobierno, referido al voto de los chilenos que residen en el extranjero. La Concertación ha intentado en reiteradas ocasiones dar cumplimiento a esta demanda, una de las más sentidas desde la recuperación democrática. Entonces, ¿por qué nos oponemos a esta reforma constitucional? Por una razón muy sencilla: porque queremos que el derecho a voto de todo ciudadano chileno pueda ser ejercido en plenitud y sin ningún tipo de discriminación.
Nos opusimos a un cambio constitucional porque creemos que el gobierno tomó un camino equivocado. Como ya se ha subrayado, nuestra Constitución Política garantiza el derecho a voto a los ciudadanos chilenos mayores de 18 años, independiente de donde residan. Lo que corresponde ahora es generar las condiciones para que esto sea llevado a la práctica.
[cita]El Ejecutivo partió diciendo que se requería demostrar 5 meses de estadía en Chile en los últimos 8 años. Ahora nos dicen que basta con que una persona haya venido una vez en cinco años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso hay un vínculo más fuerte en alguno de los dos casos? No nos engañemos.[/cita]
Sorprendentemente, la propuesta del Gobierno va en sentido inverso: persigue una modificación de la Carta Fundamental con el fin de establecer diferencias entre los ciudadanos. La derecha, en definitiva, está solicitando una reforma constitucional para poder discriminar a los chilenos que viven en el extranjero.
Más allá de los juegos retóricos que ha exhibido en el Parlamento, el oficialismo quiere hacernos creer que es posible probar el tipo de vínculo que siente cada ciudadano con Chile. No sólo se basa en la pretensión de que pueden probar quiénes se interesan en el devenir del país y quiénes no. Peor aún, esta demostración está estrechamente ligada a la capacidad financiera de cada individuo.
El Ejecutivo partió diciendo que se requería demostrar 5 meses de estadía en Chile en los últimos 8 años. Ahora nos dicen que basta con que una persona haya venido una vez en 5 años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso hay un vínculo más fuerte en alguno de los dos casos? No nos engañemos. Lo que verdaderamente se esconde tras esta exigencia, es un mezquino cálculo político o, en el mejor de los casos, una profunda inconsistencia.
Por eso le pedimos al gobierno que honre a cabalidad el compromiso contraído durante la campaña presidencial, enviando esta vez un proyecto de ley que permita dar cumplimiento a una garantía resguardada en la mismísima Constitución. Así de claro, así de sencillo.
