A tres décadas de iniciado, se desploma el intento de privatización de la educación chilena. Cien mil universitarios encabezados por sus rectores lo manifiestan en las calles. Descargar el financiamiento principalmente sobre los estudiantes resulta insostenible, ineficiente, injusto y además, perverso porque incentiva la degradación de las pocas universidades que merecen el nombre de tales. En el caso del CAE o crédito con aval del Estado para la educación superior, esta situación adquiere connotaciones de escándalo.
Como su nombre lo indica, el Estado otorga su aval a los CAE y exige un aval adicional a las instituciones que matriculan a sus «beneficiarios.» Por si fuera poco, les embarga por anticipado sus futuros sueldos, devoluciones de impuestos y secreto tributario.
Todo en favor de los bancos, que a pesar de tantas garantías no tienen empacho en cobrar un interés de seis por ciento, muy por encima de lo que pagan a las grandes empresas y el doble de la tasa a la que les presta el Banco Central.
Sin embargo, el Estado recompra a los bancos la mitad de los CAE. En otras palabras, la mitad de los CAE se financian con dineros públicos. Para rematarla, en agradecimiento por su inmenso servicio prestado, el Fisco paga a los bancos un suculento recargo por los créditos que recompra. El 2010 dicho sobreprecio representó ¡más de un 37 por ciento de la cartera recomprada! El gasto fiscal destinado a la recompra de CAE y pago de recargos el 2010 fue equivalente a ¡un 60 por ciento del CAE y poco menos de la mitad de todo el gasto público en educación superior!.
Claramente, los que inventaron este bendito sistema nunca estudiaron a Kant. Al menos, no conocían el principio de universalidad. Para que algo sea válido no basta que se verifique en algunos casos individuales. Se requiere que sea válido para todos y también en el agregado de ellos. Como se puede apreciar en las cifras que siguen, algo que tal vez pudiera ser imaginado útil en un caso particular, resulta una monstruosidad cuando se suman las cifras globales.
Según resultados preliminares de un estudio encargado a CENDA por la Confederación de Estudiantes Universitarios, CONFECH, en base a cifras oficiales, un total de 216.367 estudiantes de educación superior contrataron un CAE el 2010. Poco menos de la mitad corresponden a créditos licitados ese mismo año y el resto a renovaciones de créditos otorgados en los cuatro años precedentes.
Ellos representan un 29 por ciento del total de estudiantes de instituciones de educación superior acreditadas para recibir el CAE y aproximadamente un quinto del total de estudiantes de educación terciaria del país.
El monto total de los CAE otorgados el 2010 alcanzó a 300.000 millones de pesos. Representa poco más de un cuarto del total de aranceles de matrícula de pre grado de todas las instituciones de educación superior, que ese año sumaron 1,15 billones de pesos.
El monto promedio de los créditos contratados ese año fue de 1,46 millones de pesos por alumno. En base a ese promedio, el endeudamiento total de un alumno que cursa una carrera de cinco años será de 7,3 millones de pesos y más de 10 millones si estudia siete años en una carrera de costo promedio. Esta última cifra sube considerablemente y puede duplicarse facilmente en el caso de alumnos de carreras largas y caras, como medicina, por ejemplo.
Las universidades concentran un 57 por ciento de los «beneficiarios» de CAE y dos tercios del monto otorgado, correspondiendo el resto a los institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (IP). Es decir, poco menos de la mitad de los CAE los han contratado estudiantes de carreras técnicas, que tienen menos de un 30 por cieno de la matrícula total. De este modo, mientras en las universidades acreditadas hay poco menos de un cuarto de alumnos con CAE, esta proporción sube a más de 40 por ciento en los IP y CFT.
Algo parecido se aprecia en las universidades del CRUCH, donde los estudiantes con CAE son menos del 10 por ciento, cifra que se reduce a 8 por ciento en las Ues estatales. En cambio, el 42 por ciento de los estudiantes de Ues privadas acreditadas tiene CAE, cifra que sube a 53 por ciento en las «universidades docentes no selectivas de tamaño mayor,» que están al fondo de la tabla de calidad según la clasificación del Consejo de Educación Superior.
Es decir, quiénes más se están encalillando con el CAE son los estudiantes de familias de menores ingresos, que estudian carreras técnicas y en universidades privadas de menor calidad.
Los CAE fueron creados en junio del 2005 por la Ley N° 20.027, que establece entre otras cosas la garantía de dichos créditos, que se comparte entre el Fisco y las instituciones de educación superior en que se matriculan los estudiantes. Estas últimas garantizan un 90 por ciento de los créditos de los alumnos de primer año, un 70 por ciento los de segundo, un 60 por ciento los de tercero y así sucesivamente hasta llegar a cero cuando los alumnos egresan. El Fisco pone el resto de la garantía, es decir, el 10 por ciento en los alumnos de primer año y el 100 por ciento en el caso de los egresados.
Esta situación puede resultar desastrosa para universidades privadas con elevada deserción que matriculen una elevada proporción de estudiantes con CAE. Por ejemplo, que las «universidades docentes no selectivas de tamaño mayor,» han adquirido un pasivo equivalente al 53 por ciento de sus matrículas. No sería de extrañar que hicieran egresar a estos alumnos a como de lugar, para sacarse tal fardo de encima y trasladarlo al Estado. De este modo, el CAE está prohijando «profesores barco,» como les dicen en México: Siempre lo llevan a buen puerto.
La mencionada ley establece «condiciones que permitan la devolución de los recursos prestados en concordancia con los ingresos futuros del estudiante, vía mandato especial e irrevocable, facultando la deducción de sus remuneraciones y la retención de la devolución de impuestos a la renta en caso de cuotas impagas, renunciando el estudiante al secreto tributario,» según reza el Informe de pasivos contingentes de DIPRES. En otras palabras, el CAE embarga a los futuros profesionales el sueldo, las devoluciones de impuestos y hasta la privacidad de sus datos.
El descuento obligatorio resultará insoportable. Según un estudio que el Ministerio de Educación y la Dirección de Presupuestos (DIPRES) encargaron al Banco Mundial y del cual informa el diario La Tercera del 15 de mayo del 2011, la cuota que deberán pagar los alumnos cuando ya estén trabajando equivaldría, en promedio, al 15% de sus ingresos. Además, el informe señala que ciertos profesionales podrían tener más problemas para estar al día con el crédito: los veterinarios, agrónomos, sicólogos, arquitectos, periodistas y profesores. Los primeros son los que podrían pagar una mayor cuota: como máximo, el 31% de su sueldo, considerando el nivel de salarios al segundo año después de egresados y un crédito a 20 años plazo. El resto pagaría el 20% de su sueldo como máximo. Otras profesiones, como Enfermería y algunas técnicas, destinarían el 10% de su sueldo en promedio.
En otras palabras, el pago del CAE representará un gigantesco impuesto a las remuneraciones. Sus «beneficiarios» de hoy tendrán un descuento obligatorio de 7 por ciento para salud, un 13 por ciento para las AFP, alrededor de un 10 por ciento por impuesto a la renta y ¡un 15 por ciento para pagar el CAE!. En el caso de los pobres veterinarios, el último descuento alcanzará a ¡un 31 por ciento de sus sueldos!.
Tal como ocurre con todos los impuestos a la planilla de remuneraciones, los mismos encarecen la mano de obra, en este caso la mano de obra calificada.
Ello es insostenible, como lo es el que el aporte total de las familias al financiamiento de la educación superior haya alcanzado niveles anuales equivalentes a ¡la mitad de todos los impuestos a la renta pagados por todas las empresas y personas pudientes del país!, como muestra el mismo estudio CENDA antes citado.
Financiar la educación superior mediante este mecanismo resulta ineficiente desde el punto de vista de la competitividad de las empresas chilenas. Es además injusto, puesto que la inevitable alza de salarios por erste motivo no será suficiente para pagar esta obligación, puesto que no todos los profesionales estarán sirviendo el CAE. Los afectados serán principalmente los estudiantes de clase media y populares, cuyas familias no pudieron pagar los aranceles y se vieron forzados a contraer el CAE.
Los grandes beneficiados con el CAE resultan ser, para variar ¡los bancos!. En efecto, cobran tasas de seis por ciento por créditos avalado doblemente por el Estado y las instituciones de educación superior y cuyos deudores pueden ser fusilados mediante descuentos obligatorios por planilla y a sus devoluciones de impuestos. Dichas tasas resultan más del doble de las que el Banco Central les cobra a los bancos, como se ha mencionado.
Sin embargo, lo que adquiere caracteres de escándalo, como denuncia El Mercurio del 29 de mayo del 2001, es que encima de todo lo anterior, el Fisco les recompra de inmediato ¡la mitad de la cartera CAE!.
El año 2010, por ejemplo, los bancos otorgaron a los estudiantes CAE por un total de 300.011 millones de pesos, según DIPRES. Sin embargo, el Fisco les recompró inmediatamente 132.480 millones de pesos.
En otras palabras, casi la mitad de los CAE otorgados ese año correspondieron a platas frescas aportadas por el Fisco. En el total de CAE otorgados desde 2006 al 2010 se verifica una proporción parecida, puesto que el Fisco ha recomprado 250.100 millones de pesos de una cartera total de 658.423 millones de pesos.
Sin embargo, el Fisco recompra la cartera a los bancos ¡con un enorme sobreprecio! El 2010, por ejemplo, pagó un recargo de 49.372 millones de pesos, que representaron un 37,3 por ciento de recargo sobre el valor de la cartera recomprada. Entre 2006 y 2010, el Fisco ha pagado a los bancos un recargo de 95.338 millones de pesos, que equivale a un recargo de un 38,1 por ciento por encima del valor de la cartera recomprada.
De este modo, el fisco ha venido recomprando anualmente alrededor de la mitad de los CAE otorgados por la banca, con un recargo de 38 por ciento, lo que para el 2010 sumó 181.833 millones de pesos ¡un 44 por ciento del gasto público total en educación superior, que DIPRES estimó para el 2009 en 407.789 millones de pesos. De ese total, como se ha mencionado, un 38 por ciento corresponde a ¡recargos cobrados por los bancos!.
Viene a ser más o menos lo mismo que las AFP, que junto a sus compañías de seguros relacionadas se han quedado con uno de cada tres pesos cotizados por sus afiliados desde 1981 a la fecha, mientras las pensiones que pagan se financian mayormente con fondos públicos.
Este escandoloso mecanismo proporciona al mismo tiempo una propuesta que puede resultar interesante: puesto que el Estado ha financiado ya más de la mitad de los CAE, puede proceder a condonar de inmediato esa parte de la deuda, con lo cual la situación de los actuales «beneficiarios» se aliviaría significativamente. Ello no representaría desembolso fiscal alguno, puesto que éste ya se hizo. Naturalmente, esta condonación debería beneficiar a todos los «beneficiarios» del CAE y en mayor proporción a los de menores ingresos.
Al mismo tiempo, se debe poner término inmediato a este mecanismo ineficiente, injusto, insostenible, perverso desde el punto de vista de la calidad de la educación y más encima escandaloso.
El CAE puede ser reemplazarlo a partir del 2012 por la ampliación significativa del sistema de becas estudiantiles de educación superior. De partida se puede destinar a ese propósito lo que hoy se gasta en recompra de CAE y recargos pagados a los bancos, que de conjunto como se ha mencionado, suman ¡más de un 60 por ciento del total del mismo!.
El total de nuevas becas deberá exceder significativamente el monto total del CAE, de modo de aliviar progresivamente la insoportable carga que el actual sistema representa para los estudiantes y sus familias.
