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Resolución de conflictos, educación y democracia

por 7 septiembre, 2011

La reciente aprobación en primera instancia en la Comisión de Educación del Senado de una iniciativa de ley que pone fin al lucro en la educación es, pues, parte del proceso y no debería llamar a escándalo que dentro de las normas y modos establecidos se produzca una situación como ésta, pues es la forma en que las democracias resuelven los conflictos.
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La democracia, más que un “sistema”, es un modo de organización social cuya más valorable característica es haber definido estructuras institucionales de reparto y equilibrios de poder para posibilitar la resolución de conflictos de manera pacífica. La instalación de la idea democrática de que los seres humanos somos iguales y con idénticos derechos –que es referencial por definición-, implica, asimismo, una noción correlativa de libertad en la que ésta sólo se realiza si se aceptan normas de convivencia según las cuales nuestras libertades y derechos tienen el límite de las libertades y derechos del otro.

Dado que tal principio sólo resuelve cualidad, pero no cantidad, es decir, las infinitas posibilidades de colisión de intereses a la que los hombres están expuestos en sus quehaceres cotidianos, las leyes que rigen este tipo de convivencia social deben ser mayoritarias, amplias, flexibles y progresivas, para lo cual requieren siempre de cláusulas de reforma que permitan su adecuación periódica y evitar que tales normas se transformen en refugio de privilegios e inequidades que afecten los derechos de otros, resguardando las libertades de las minorías circunstanciales.

Parece demás señalar que la libertad es un concepto sólo aplicable cuando hay un otro. Sin tal condición, el uso del término es innecesario. No obstante su dimensión social, ella sólo puede ser ejercida por el ser humano concreto. No es la sociedad la libre; son las personas reales las que pueden o no cultivarla. Esta condición, si se valora la libertad, implica siempre responsabilidad con el otro, es decir, “un modo de ser sujeto de deuda u obligación”, o lo que es igual a entender su práctica como negociación o “do ut des” (doy para que des).

La reciente aprobación en primera instancia en la Comisión de Educación del Senado de una iniciativa de ley que pone fin al lucro en la educación es, pues, parte del proceso y no debería llamar a escándalo que dentro de las normas y modos establecidos se produzca una situación como ésta, pues es la forma en que las democracias resuelven los conflictos.

Libertad, en consecuencia, no es “hacer todo lo que se quiere o puede”. Eso es ley de la selva, libertinaje e imposición, conceptos que rebasan el ámbito de una sana y democrática correlación igualdad-libertad entre las personas y se ubica en uno del puro poder con el que cada cual cuenta para conseguir lo que desea.

En sociedades plurales como las que se han ido conformando en el mundo como consecuencia de la globalización, la negociación de ámbitos de libertad requiere de una indispensable tolerancia de la diversidad. La tolerancia es hoy un bien social  deseable, si es que, como es de suponer, la mayoría prefiere solucionar sus diferencias negociando, más que imponiendo sus ideas mediante la violencia.

Las manifestaciones estudiantiles, sin considerar sus consecuencias en el ámbito del orden público y atribuible a otros actores, no han rebasado, hasta ahora, los límites de la libertad y derechos de otros. La negociación se ha realizado en un ámbito que, por lo general, se inscribe en una lógica de legítima defensa de sus intereses. Los pequeños grupos que han rebasado las reglas del juego democrático son minoritarios y no deberían empañar el esfuerzo responsable de los estudiantes movilizados. El derecho a petición es constitucional y lo que corresponde es que las instituciones creadas para ello diriman y regulen con flexibilidad, sentido común y responsabilidad la colisión de libertades que se presenta, buscando un punto en que las partes consigan satisfacción mínima de sus derechos y se logre mantener la paz social.

La reciente aprobación en primera instancia en la Comisión de Educación del Senado de una iniciativa de ley que pone fin al lucro en la educación es, pues, parte del proceso y no debería llamar a escándalo que dentro de las normas y modos establecidos se produzca una situación como ésta, pues es la forma en que las democracias resuelven los conflictos.

Siguiendo esta misma lógica, es evidente, empero, que en caso que los estudiantes consigan convencer a parlamentarios y autoridades sobre las bondades de la eliminación de las utilidades en la educación, quienes realizaron inversiones en capital y vida en esos emprendimientos al amparo de leyes que aseguraron la protección de su esfuerzo, deberán ser escuchados y si esas normas cambian, ser debidamente compensados como una forma de proteger sus derechos y libertades conculcados, hecho que, aunque no consentido, al menos permite tolerar la trasgresión.

En similar situación están padres y apoderados que tienen a sus hijos en colegios particulares subvencionados, CFT o IP con fines de ganancia, pero que las nuevas normas pudieran imposibilitar su funcionamiento por un financiamiento deficitario. Es decir, en sus propias negociaciones, estos sectores ciudadanos cuyos derechos y libertades han sido vulnerados podrán exigir del Estado y autoridades indemnizaciones que compensen las limitaciones a su libertad, el derecho de elección del establecimiento en el que educaban a sus hijos y los problemas de trasladarlos a otros, si los actuales debieran cerrar por falta de financiamiento.

Las acciones de los Estados tienen tal impacto en las libertades y derechos de las personas que fueron aquellas, las que, más que ninguna otra, dieron lugar a la creación de las ideas de democracia, división de poderes, libertades, igualdad y derechos de las que hoy gozamos. La democracia es una búsqueda casuística permanente de la justa proporción entre equidad y libertad, entre derechos y deberes, que permiten evitar su resolución mediante de la violencia, en la que cada cual consigue su bienestar, desplegando el modo de vida afín a su cultura, visión de mundo, ideología o religión, con la sola condición que aquel también permita a otros iguales derechos, evitando la tentación de “forzarnos a ser libres”, como dijera Robespierre, siguiendo una única idea de la felicidad.

La tolerancia, es decir, aquel mínimo de ánimo necesario para la convivencia, y el respeto a los mecanismos de la democracia para resolver pacíficamente los conflictos son, pues, herramientas indispensables en un mundo en que los intereses, modos de vida, religiones, posiciones políticas, económicas y culturales son tan diversas y su coexistencia tan inevitable, que sin esos mínimos, la paz es imposible.

La responsabilidad y decisiones de los agentes del Estado que afectan a los ciudadanos no son, pues, sólo políticas, sino también morales y pecuniarias. Y así como hoy se responde a los legítimos intereses del movimiento estudiantil -sea en la proporción que sea-, los parlamentarios deben estar alertas a las consecuencias que sus determinaciones tendrán sobre los derechos y libertades de otros actores de este diferendo. Solo así se protegen los mínimos de convivencia, haciendo los cambios tolerables y manteniendo la paz social.

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